Grupo de Carlos Slim explota minas en polígono de área natural protegida
(SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA).- Este es un lugar donde el mar y el desierto se unen. La diferencia cromática del cielo y el océano apenas se distingue. Mamíferos marinos llegan al Golfo de California para reproducirse y en invierno la nieve cubre las montañas que se alzan en medio de dunas de arena junto a la costa. Especies endémicas proliferan en tierra y agua.
[contextly_sidebar id=”jppUCjcCoixcq8eCQaea93emBoNMx5Og”]En el camino de la ciudad fronteriza de Mexicali al puerto de San Felipe, el paisaje pasa de urbano a agrícola; se muestran exuberantes los campos de cultivo alimentados por las aguas del río Colorado. Más adelante, rocas volcánicas y dunas desérticas auguran un espectáculo cuasi extraterrestre. Luego, aparecen amplias planicies delimitadas por el horizonte celeste y la huella del agua salada que va y viene se percibe en fronteras blancas sobre la tierra seca.
Al llegar al kilómetro 123, desde la carretera federal número 5, se alcanza a ver lo que parece una pirámide, que se levanta entre las montañas a la orilla del camino y que se distingue del resto por su forma simétrica y caras planas. Entrometidos en el paisaje, aparecen camiones, oficinas móviles, cintas transportadoras de materiales, una brecha y, al fondo, una nubarrón de polvo que emana de la montaña desecha.
Es la plataforma de lexiviación del complejo minero San Felipe. Un espectáculo que cualquier turista puede observar; un paisaje al que los habitantes se han acostumbrado: a un lado de la carretera, un área protegida por su rica biodiversidad y especies endémicas en peligro de extinción; al otro lado, uno de los más importantes proyectos megamineros en México, cuyo propietario es el hombre más rico del país.
Comprar “de a poquitos”
En 1994, Compañía San Felipe S.A. de C.V., subsidiaria de Minera Frisco (cuya presidencia es ostentada por el empresario Carlos Slim), inició operaciones en Baja California. El proyecto a su cargo, una mina de oro y plata en la región Sierra Pinta, hoy es considerado por el Servicio Geológico Mexicano uno de los principales desarrollos mineros en el país.
Desde entonces, la mina San Felipe ha ido creciendo como la mayoría de los negocios del magnate Carlos Slim: de manera paulatina, pero contundente. Un hecho que pasaría desapercibido para la mayor parte de la población, si no fuera porque la mina se encuentra peligrosamente cerca del Área Nacional Protegida (ANP) Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado.
Elisa Jeanneht Armendáriz, doctora en ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, indica que en un inicio este proyecto no llamó la atención, a pesar de encontrarse a un lado de una zona natural protegida, porque se presentó por partes. “Lo que hicieron fue una trampa para bajar el perfil”, afirma.
Las primeras autorizaciones se las dio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 1993 y 1995. Entonces la Compañía San Felipe utilizaba el minado subterráneo, pero ya comenzaban a considerar la técnica de minería a cielo abierto para mejorar su esquema de explotación lo que requeriría ampliar la superficie de trabajo y una enorme inversión.
En 2001 la empresa suspendió temporalmente actividades. Compañía San Felipe no hizo públicas las razones, sin embargo, en su reporte anual de 2000, Frisco consideró que las condiciones del mercado minero eran poco favorables, por el estancamiento del precio de los metales.
Ocho años después, en 2009, otra empresa subsidiaria de Frisco, Minera Real de Ángeles, realizó un contrato de arrendamiento y ocupación de las instalaciones de la mina. Este nuevo proyecto cambió radicalmente las operaciones: pasó de ser una mina subterránea a una mina a cielo abierto.
El método de minería a cielo abierto y separación de metales por medio de cianuro es un sistema prohibido en Montana, Estados Unidos, y otros países como Turquía, Grecia, República Checa, Australia, Alemania y Costa Rica por sus efectos tóxicos y devastadores para las sociedades y el medio ambiente.
El nuevo desarrollo fue presentado ante Semarnat por partes. Primero, en marzo de 2010, como un proyecto de alrededor de 60 hectáreas que incluyó la incorporación de un tajo (explotación de la montaña mediante minado); un circuito de trituración de minerales; patios de lixiviación (depósitos para separar el oro y la plata); tanques de almacenamiento de reactivos (cianuro); tepetatera (pila de material estéril); áreas de servicio (talleres y almacenes de diesel y explosivos); tres subestaciones, un canal de desvío de agua pluviales y dos caminos.
Seis meses después, en septiembre de 2010, Semarnat autorizó una segunda parte. Esta nueva autorización de 360 hectáreas incluyó la planta de Merril-Crowe y fundición (en donde se precipitan los metales y funden en lingotes). Y en agosto de 2011, se autorizó una planta desalinizadora que ocupó otras 60 hectáreas.
Al final, Minera Real de Ángeles absorbió a Compañía San Felipe y se convirtió en la empresa encargada del proyecto minero. La mina San Felipe procesó en 2013 -de acuerdo con el reporte anual de Frisco- 37 mil toneladas diarias de material. Cinco veces más que el año anterior.
Un proyecto del tamaño de la Ciudad de México
La prueba de que el proyecto minero San Felipe nunca se detuvo, incluso durante la suspensión de trabajos de 2001 a 2009, está en la adquisición de las concesiones. También es un ejemplo de cómo una compañía madre utiliza a sus subsidiarias para expandirse.
Frisco ha adquirido concesiones mineras en el área de Sierra Las Pintas, Mexicali -donde se encuentra la mina San Felipe-, desde 1994. Lo ha hecho a través de tres diferentes subsidiarias: Compañía San Felipe, Minera María y Minera Real de Ángeles.
La historia es así:
Entre 1994 y 2003, la primera empresa de Frisco en recibir la titularidad de concesiones fue Compañía San Felipe. Le otorgaron 29.
En 2003, 2005 y 2009 -durante el periodo de suspensión de operaciones-, Minera María continúo adquiriendo concesiones para Frisco en la zona. Obtuvo 40.
En 2009, Minera María cedió a Minera Real de Ángeles los derechos de las 40 concesiones.
Y finalmente, en 2011, Minera Real de Ángeles recibió tres concesiones más por su cuenta.
Entre las tres empresas obtuvieron 72 concesiones mineras para Frisco en Mexicali, en una superficie acumulada de 127 mil 600 hectáreas (unos mil 276 kilómetros cuadrados). Es decir, casi la superficie de la ciudad de México.
¿Quién gana y quién pierde con la mina?
Unos 70 kilómetros al sur de la mina está el puerto pesquero y turístico de San Felipe. Es el lugar de vacaciones de miles de familias de la capital del estado, que está a un par de horas de viaje en carretera. También es la primera playa turística que suelen visitar los estadounidenses que cruzan a México por Mexicali. Varias colonias residenciales son ocupadas por extranjeros que huyen de sus fríos inviernos a climas más cálidos.
Sin embargo, la mayor parte de la población local y la población flotante parece indiferente a la mina. Sólo un grupo reducido de ejidatarios del Plan Nacional Agrario -del que forman parte los terrenos en donde se encuentra el complejo minero- y algunos pescadores cuestionan el proyecto.
Con 520 mil hectáreas, el ejido Plan Nacional Agrario (PNA) es uno de los más grandes del país.
En 1991 los ejidatarios rentaron a Minera Frisco las primeras 63 hectáreas y en menos de 10 años la mina San Felipe ya tenía arrendadas mil 840 hectáreas del ejido.
En 2010, cuando la mina reinició trabajos, la empresa intentó comprar los terrenos, pero un grupo de los ejidatarios reclamó un pago más justo, considerando las ganancias que la mina obtiene de sus tierras. Ricardo Rivera de la Torre, ex abogado del ejido, calculó que ese pago en un millón de dólares por ejidatario (dado que después de terminados los contratos, el lugar permanecerá contaminado durante décadas y ninguna actividad económica podrá realizarse). Para entonces, los ejidatarios estimaban que Frisco había extraído del lugar 36 millones de dólares en oro.
En 2011, rompieron las negociaciones. Algunos ejidatarios iniciaron juicios en contra de la empresa -en el Tribunal Agrario, en la Secretaría de Desarrollo, Territorial y Urbano (Sedatu) y en la Comisión Nacional del Agua (Conagua)- por ocupar sus terrenos de forma irregular, adueñarse del agua y contaminar los mantos acuíferos.
Manuel Martín del Campo, actual representante legal del ejido, señala que, de acuerdo con la ley agraria, un contrato de explotación, así como un contrato de ocupación temporal de los terrenos, es ilegal, porque están dentro de los terrenos de uso común del ejido. Por su parte, los integrantes del comisariado ejidal se quejan del trato inequitativo de las autoridades, pues cuando firmaron los contratos de ocupación temporal, la Procuraduría Agraria lo aceptó en un día; en cambio, cuando ellos acudieron a presentar su denuncia, solo los desinformaron.
En todo caso, las demandas no han logrado que la mina detenga su expansión. Y los ejidatarios ahora se ven los efectos sociales: uno de ellos es el agua.
De acuerdo con los datos del Registro Público de Derechos de Agua, Frisco es la empresa minera que más agua tiene concesionada en Baja California, un estado con escasos recursos hídricos.
La empresa tiene dos concesiones de agua, una por 900 mil y otra por 203 mil metros cúbicos anuales.
En 2015, los ejidatarios demandaron a la Comisión Nacional de Agua (Conagua) que se clausuren los pozos que la empresa instaló en terrenos de los que no tienen contrato. Calculan que extraen de manera ilegal 120 litros por segundo. Pero las autoridades no sólo no han dado seguimiento a la denuncia, sino que en enero de 2016, argumentaron que no la encuentran.
La doble cara de la filantropía ambiental
En la minería a cielo abierto extraen los minerales explotando (literalmente) la montaña. Luego, los materiales son molidos, colocados en la plataforma de lexiviación y regados con agua con cianuro para iniciar la separación de los metales. Durante el proceso se libera mercurio, metal que acompaña al oro y la plata y que aún en pequeñas cantidades es tóxico (la Organización Mundial de la Salud lo considera uno de los 10 productos químicos que plantean “especiales problemas de salud pública”).
A pesar de que ello, la construcción piramidal de la minera San Felipe se alza a escasos metros de la carretera que delimita la Reserva del Alto Golfo California-Delta del Río Colorado, y a menos de 30 kilómetros del mar de Cortés o Golfo de California, un lugar en donde viven una de tres especies de mamíferos marinos.
Desde hace varias décadas, organizaciones ecologistas han realizado campañas para proteger a la vaquita marina, una especie de mamífero marino endémica de Golfo californiano, en peligro de extinción. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) dice que las muertes de la vaquita son causadas principalmente por la redes de pesca, por lo que en 2015 se decretó una veda pesquera en el golfo.
Los pescadores de la Cooperativa de Producción Pesquera Ribereña del Puerto de San Felipe hicieron público un estudio de la calidad del agua del Golfo de Baja California en el cual, dos análisis distintos (uno del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo y la empresa Asesoría Integral Ambiental), detectaron una alta concentración de mercurio en el agua.
Profepa respondió que los niveles de mercurio en el agua son normales y tienen mucho tiempo, pero que le darían seguimiento a la denuncia.
Más de un año después, Sunshine Rodríguez, presidente de la cooperativa de pescadores, se queja de que la vaquita sigue apareciendo muerta, a pesar de la veda, y ni las autoridades responsables ni las organizaciones ambientales indagan la relación con la mina.
Otros opositores de la mina hablan también sobre la afectación al borrego cimarrón, una especie protegida en la sierra Las Pintas, e incluso a los pobladores de la zona que sufren de malformaciones, asma y alergias.
¿Por qué no hay una gran oposición de ambientalistas al complejo minero? La investigadora Jeanneht Armendáriz considera que la política conservacionista y de desarrollo sustentable promovida por Carlos Slim, a través de sus fundaciones, es una inversión para sus otros negocios.
La Fundación Carlos Slim invirtió 2 mil 200 millones de pesos –sólo en 2010- en el convenio con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Secretaría de Medio Ambiente para la conservación de la biodiversidad en seis regiones de México, incluida el Alto Golfo de Baja California.
“El mismo empresario que avala proyectos de conservación y reforestación en 43 Áreas Naturales Protegidas Federales (…) tiene minas dentro de polígonos de protección, como es el caso de la mina de oro y plata San Felipe, con influencia directa hacia el Alto Golfo y Delta del Río Colorado”, sostiene Armendáriz en su tesis para tener el grado de doctora en ciencias, en la que estudia la relación de las Áreas Naturales Protegidas y Minería.
En cambio, el Programa de Conservación y Manejo de la Reserva, publicado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conamp), dedica cinco renglones a la actividad minera y de la salinera.
Para las autoridades ambientales la conclusión es simple: el complejo minero que diariamente extrae 37 mil toneladas de materiales tiene “solo un impacto local” y “no hay evidencias de impacto en la Reserva”.
Este reportaje fue realizado como parte de la Beca Mike O’Connor, del International Center for Journalist (ICFJ) y de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, que ICFJ tiene en alianza con Connectas. El trabajo forma parte del proyecto Pie de Página de la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto en http://www.piedepagina.mx
Investigación y redacción: Celia Guerrero
Fotografía: Iván Castaneira
Gráficos: Arturo Contreras Camero
