Al comparar la equidad de género en todo el país, las mujeres que viven en Aguascalientes, Durango y Guerrero tienen más desventajas que los hombres para acceder al mercado laboral, la salud reproductiva y el empoderamiento, establece el Sistema de indicadores para el seguimiento de políticas de desarrollo, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República.
[contextly_sidebar id=”1rHU0SdUcvZPJz7fX5egKzZY8VP3ivOy”]En contraste, las mujeres con mejores condiciones en los tres aspectos evaluados, viven en Baja California Sur, Tamaulipas y Ciudad de México.
El estudio, tomó en cuenta la mortalidad materna y tasa de fecundidad de las adolescentes; el empoderamiento (población con al menos educación secundaria completa y porcentaje de mujeres que ocupan escaños en el parlamento) y la tasa de participación en el mercado laboral.
Aunque hay diferencias a nivel nacional, en el país, la equidad de género es una agenda pendiente, pues no hay avance, pese a las estrategias gubernamentales, revela el estudio.
En la comparación de las mediciones de años anteriores a nivel nacional, los componentes de salud reproductiva y mercado laboral “presentan estancamiento”, lo que “sugiere la existencia de condiciones estructurales en el sistema de salud y en el mercado de trabajo que mantienen niveles bajos de accesibilidad para las mujeres en cada uno de estos ámbitos”.
México alcanzó un promedio nacional de 0.393 puntos en el índice que lo coloca en una posición relativamente mejor que el promedio de países de Latinoamérica y el Caribe. Sólo Chihuahua, el Estado de México, Coahuila, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Durango y Aguascalientes presentan peores niveles de desigualdad que el promedio latinoamericano.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 –que contiene las líneas de acción de cada gobierno– se expone que la “perspectiva de género” es una política transversal, es decir, forma parte de diferentes programas del gobierno.
Las líneas de acción del Plan Nacional establecen: prevenir y atender la violencia contra las mujeres, reducir las brechas de género en los esquemas de atención de los programas sociales y mejorar las condiciones de acceso de las mujeres a la seguridad.
A pesar de esas recomendaciones, en el índice del Senado no se incluyen indicadores para evaluar los avances de las políticas públicas en esos ámbitos.
Además también se omite un aspecto central de la desigualdad de género que es la igualdad de acceso a la justicia entre hombres y mujeres.