El gobernador Roberto Borge se apropia de terrenos ejidales y desaparece el contrato que lo prueba
El 23 de abril de 2015, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, obtuvo “a título gratuito” el derecho de “usufructo” sobre 50 hectáreas de tierra, en el municipio de Villa Cozumel, terrenos que el mandatario priista podrá explotar por un periodo “de 30 años, prorrogables”.
[contextly_sidebar id=”oHim620nw1GDuMY9mvszjvjRdc1dKrQ3″]El otorgamiento gratuito de estas tierras fue establecido mediante el “Contrato de usufructo – Ejido Cozumel” con folio “23001001109111945R”, inscrito el año pasado ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
El expediente de este otorgamiento gratuito, sin embargo, no puede ser consultado pues, como reconoció el mismo Registro Agrario Nacional, toda la documentación al respecto desapareció de sus archivos.
La desaparición de este expediente no es casual, tal como explica el abogado Gabriel Yam Chan, comisario ejidal de Villa Cozumel: “Todo este asunto es un fraude (del gobernador), es un despojo a los ejidatarios, y aunque ya intentamos iniciar el trámite para anular ese contrato de usufructo, no lo hemos logrado hasta el momento debido, precisamente, a que el expediente está desaparecido”.
Despojo al descubierto
El 28 de mayo de 2016 –una semana antes de las recientes elecciones estatales en Quintana Roo– en la redacción de Animal Político se recibió un correo electrónico, enviado por un ciudadano que pidió resguardar su identidad, que contenía una copia de la carátula del contrato de usufructo con el cual el gobernador Borge obtuvo, “a título gratuito”, el derecho para explotar las tierras del ejido Villa Cozumel.
Para verificar la autenticidad de este documento, y para conocerlo íntegramente, Animal Político solicitó de manera oficial una copia al RAN.
Luego de dos meses de búsqueda en sus archivos, el pasado 5 de agosto, este organismo federal notificó que no fue posible encontrar “registro físico del contrato (…) no teniendo referencia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión”.
El RAN aclaró que, aunque el documento haya desaparecido de sus archivos, “la inscripción registral que atañe a dicho documento” sí existe; es decir, el trámite mediante el cual Borge tomó control legal de las 50 hectáreas sí se realizó y está vigente.
Lo único que desapareció de los archivos del gobierno federal fueron los papeles que acompañan la “inscripción registral”, y que permitirían impugnar dicho procedimiento.
Las autoridades del ejido Villa Cozumel aclararon en entrevista que en sus archivos tampoco obra el contrato que beneficia al gobernador Borge pero en su caso no es porque el documento haya sido robado, sino que el ejido nunca tuvo conocimiento de él.
“Ante la asamblea ejidal, que es el máximo órgano de toma de decisión del ejido Villa Cozumel, nunca fueron presentados esos documentos –afirma el comisario ejidal, el abogado Gabriel Yam–, por lo tanto, los ejidatarios nunca votamos en favor de que ese contrato de usufructo se celebrara. Se trata de un fraude, de un intento de despojo de las tierras que nosotros, por el contrario, queremos preservar para uso forestal y proteger de la depredación. Quiero ser tajante: el ejido Villa Cozumel no reconoce ninguna de estas acciones supuestamente legales, con las cuales pretenden despojarnos de las tierras que nos heredaron nuestros padres.”
Los prestanombres de Roberto Borge
El abogado Gabriel Yam explicó que este despojo comenzó a gestarse en el año 2013, con la complicidad de la persona que en ese momento ocupaba el cargo de comisario ejidal, el doctor Arturo Villanueva (actual director del Hospital General de Cozumel).
“En febrero de 2013 –explicó el abogado–, Arturo Villanueva pidió autorización de la asamblea general de ejidatarios para que se abriera la posibilidad de entablar un contrato de usufructo con dos particulares (Jefferson Efraín Marín Flores y Reyes Rodríguez). Y sí, se autorizó la posibilidad de entablar los contratos, pero no los contratos en sí mismos… es decir, una vez que el contrato fuera negociado y redactado, debía ser votado por la asamblea ejidal, antes de firmarse. Y eso nunca ocurrió.”
Por esta razón, insistió el abogado, cualquier contrato que hubiese sido inscrito ante el RAN carece de validez legal, ya que no cuenta con el respaldo en votación de los integrantes del ejido, lo cual es un requisito imprescindible para disponer de tierras ejidales.
El acta de esa asamblea de febrero de 2013, en la que el ejido abre la posibilidad de entablar un contrato de usufructo, señala que dicha propuesta era presentada por dos personas a las que se identifica como “Jefferson Efraín Marín Flores, Reyes Rodríguez”, así como por “otros”, a los que nunca se nombra explícitamente.
Y es al amparo del concepto “otros” que el gobernador Borge usó el acta ejidal de febrero de 2013 como supuesto aval para legitimar el contrato que inscribió ante el RAN.
Esta inscripción registral, además, fue realizada por Borge a título personal, y ya no incluyó a las dos personas que presentaron la propuesta a la asamblea ejidal con los nombres de Jefferson Efraín Marín Flores y Reyes Rodríguez.
De hecho, esas personas nunca se presentaron físicamente ante la asamblea ejidal, sino que la propuesta fue leída por el entonces comisario, el doctor Arturo Villanueva.
En una búsqueda en internet, no pudo encontrarse ningún antecedente relacionado con “Jefferson Efraín Marín Flores” o “Reyes Rodríguez”.
A pesar de este entuerto de nombres, el actual comisario ejidal, Gabriel Yam, enfatizó: “los acuerdos ejidales de febrero de 2013 fueron una autorización previa y genérica para explorar la posibilidad de entablar un contrato, que beneficiara a los ejidatarios. Ese contrato nunca se negoció ni se votó, ni en favor de las personas que se mencionan en el acta, ni en favor de Roberto Borge. Y si existe en algún lugar un documento de esas características, es totalmente inconstitucional, porque las tierras ejidales son reconocidas por la ley como medio de sustento económico de los ejidatarios, y no pueden ser entregadas gratuitamente a nadie.”
La punta del iceberg
El actual comisario ejidal de Villa Cozumel denunció, además, que, según investigaciones realizadas por el propio ejido, el contrato con el que Borge reclama los derechos de usufructo de 50 hectáreas no es el único inscrito ante el RAN, y desaparecido.
“Luego de que el doctor Arturo Villanueva dejó la comisaría ejidal, lo sustituyó David Alberto Pinto Silva, y sabemos que fue en su administración, que concluyó en abril de 2015, que se firmaron diversos contratos de usufructo, a espaldas de la asamblea ejidal. Sin embargo, cuando pedimos copia de dichos contratos al RAN, su delegado estatal, Rodolfo Vallín Lugo, nos los negó.”
Para tener acceso al expediente ejidal, señaló, “tuvimos que meter un amparo, y luego, sólo nos presentó información básica, ningún contrato de usufructo, como si no existieran.”
No obstante, al menos el contrato que otorga 50 hectáreas gratis a Roberto Borge sí fue aceptado e inscrito por el RAN (aunque el expediente haya desaparecido del archivo), tal como informó a Animal Político la misma institución.
Según el oficio UT/135/16, emitido por el RAN, la desaparición de este expediente representa una irregularidad por la cual “dará vista, por conducto del Titular de la Unidad de Transparencia, al Órgano Interno de Control en el Registro Agrario Nacional, para que proceda conforme a sus atribuciones”.
Este mismo oficio aclara que, por el momento, ningún funcionario público puede ser investigado por la desaparición de esta documentación, ya que la Delegación Estatal del RAN en Quintana Roo “omitió señalar al servidor público responsable de contar con la misma”.
La funcionaria pública que revisó, aceptó e inscribió el contrato en beneficio de Roberto Borge es la “registrador(a) Reyna Isabel Sosa Castillo”, tal como señala la carátula del mismo documento, de la cual te presentamos la copia hecha llegar a Animal Político.
