Con información se combaten los tratos en lo oscurito de los políticos, dice Kumamoto

Pedro Kumamoto es un joven de 25 años, licenciado en gestión cultural, y desde hace nueve meses diputado local en el Congreso de Jalisco, al que llegó bajo la figura de “candidato independiente”, es decir, que no fue postulado por un partido político, el primero de su estado.

[contextly_sidebar id=”KARQhNs3ZGfIZ7wchUcLGa75aPt9HjfE”]La suya, destaca, es una agenda de temas nuevos en la discusión política estatal, aunque los problemas que aborda no son en realidad nuevos, sino relegados por “la clase política de siempre, pese a su importancia, y por esa razón, esas que eran las grandes fuerzas políticas en Jalisco ya no lo son, y ahora emerge una fuerza política nueva, que es la ciudadana”.

Este joven moreno y delgado ganó la diputación estatal con una serie de promesas a la sociedad que, señala, “en realidad son compromisos muy elementales: en primera instancia prometí que toda mi actividad como representante social sería pública, y es un compromiso cumplido desde el primer día en este puesto. Toda mi agenda puede ser consultada por la ciudadanía: ¿con quién me voy a reunir y para qué? ¿Quién solicita entrevista conmigo y para qué? Nada de reuniones en lo oscurito con ningún actor formal o informal de la política”.

Este punto podría pasar como una simple formalidad pero, subraya Kumamoto, “en realidad quisimos poner el dedo sobre una llaga que los legisladores, estatales y federales, no quieren tocar: el problema del cabildeo.

El legislador independiente pone un ejemplo: “Si las agendas de todos los legisladores fueran públicas, la ciudadanía podría saber quién se reúne todos los días con los cabilderos (representantes) de Monsanto (empresa transnacional que promueve en México el cultivo de maíz transgénico), o de otros representantes de intereses que buscan mantenerse ocultos.”

Si la ciudadanía pudiera saber qué hace cada legislador, evaluaría con mayor eficacia su trabajo, ya que, señala Kumamoto, “la información es uno de los nuevos bienes públicos de mayor relevancia, aunque no es en realidad que sea nuevo, sino que estamos apenas, como sociedad, entendiendo su relevancia”.

Nuevamente, señala, no se trata de una formalidad ante la ciudadanía: “Se trata de establecer un mecanismo para que los diputados ya no se vayan al baño justo en el momento en que se están votando los temas importantes; o que la abstención legislativa no sea un simple acto de omisión y ya, sino que debemos dar la cara por cada una de las decisiones que tomamos en el pleno y en comisiones.

Así la gente podría saber cómo estamos haciendo nuestra chamba. En mi caso, toda acción legislativa que realizo puede ser consultada por la ciudadanía, y conocer el razonamiento de cada una.”

En Jalisco, y en México entero, señala Kumamoto, “habitar los espacios de la política, siendo ciudadano, es algo sumamente engorroso, casi imposible. Las candidaturas independientes, por ejemplo, fueron diseñadas por los partidos políticos para que no se pudieran aplicar. En Jalisco era prácticamente imposible para una persona reunir las miles de firmas ciudadanas que establecía el requisito (2% de la lista nominal de electores), acompañadas todas de la copia de la credencial para votar de cada persona que apoyara la propuesta”.

Hoy, por iniciativa promovida por Kumamoto, “esos requisitos, pensados para que nadie pudiera presentar una candidatura independiente, fueron echados abajo: si una ciudadana o ciudadano busca una candidatura, sólo debe reunir 1% de apoyo de la población en edad de votar, y ya no debe recabarse la copia de la credencial de cada uno”.

Esta misma iniciativa, que dio paso a una reforma a la Constitución del estado, y a sus códigos Electoral y de Participación Ciudadana, estableció también “nuevas figuras para la participación efectiva de la ciudadanía, como el presupuesto participativo, la revocación de mandato, el gobierno abierto, se bajaron los requisitos para promover la realización de plebiscitos, referéndums, así como para presentar iniciativas legislativas ciudadanas.”

Falta mucho, reconoce, “pero apenas van a cumplirse nueve meses de esta legislatura… otras iniciativas ya fueron presentadas, y están en discusión, como una iniciativa de Ley de Hospitalidad, que garantice a todas las personas migrantes que pasen por el estado de Jalisco, que son 60% personas de Centroamérica y 40% de otras partes de México, puedan tener la certidumbre de que no van a ser perseguidos, de que se van a respetar sus derechos humanos, de que van a tener acceso a servicios de salud en caso de que requieran atención, así como el derecho de inscribir a sus hijos e hijas en el sistema educativo público, en caso de que deban permanecer en el estado más tiempo del que tenían planeado”.

Pero de todas las iniciativas que ha presentado, reconoce Kumamoto, la que más difusión ha obtenido es la relativa a la eliminación del fuero en el estado de Jalisco, que si bien tiene como destinataria a la clase política que se beneficiaba de esa figura legal para obtener “impunidad”, en realidad es una reforma que redunda en lo que él denomina “ciudadanización” de la política.

“El estado de derecho no prevalecerá por el sólo hecho de eliminar el fuero, eso no hará que se agote la impunidad. Lo que esta medida permite es generar condiciones para que se ciudadanicen los procesos políticos: para que exista un poder judicial autónomo, para que existan ministerios públicos independientes, designados por examen de oposición y no por relaciones políticas.”

Legalización

En 2012, la incidencia de delitos relacionados con el narcotráfico en Jalisco experimentó su punto más alto de los últimos años, con 134 averiguaciones previas por producción de narcóticos, 41 por transporte y 196 por comercio, según las estadísticas oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seuridad Pública.

En los dos años siguientes –2013 y 2014–, la incidencia disminuyó drásticamente, hasta llegar a 11 casos por producción (90% menos que dos años antes) y 10 por transporte (75% menos que en 2012).

Para 2015, la incidencia de delitos relacionados con narcotráfico muestra un alza, pero aún muy lejana de los niveles alcanzados en 2012.

Así, ciertamente las estadísticas reflejan una disminución en la actividad del narcotráfico, pero la violencia, en realidad, se mantuvo.

Según estas mismas cifras, en 2012 se tomó registro de mil 616 delitos cometidos en Jalisco en los que se usó armamento pesado y explosivos. Para 2015, fueron mil 447 (lo que representa una disminución de sólo 10%).

En la misma línea, en 2015 aumentaron los homicidios dolosos, el robo de vehículos con violencia, el robo a transportistas e, incluso, el robo a bancos.

“En Jalisco –explica Kumamoto–, por supuesto que todos resentimos las consecuencias de la actividad del narcotráfico, pero resentimos más las de la violencia general: la juventud vive permanentemente acosada por la policía, en Guadalajara es de lo más común que te detengan ilegalmente sólo porque eres joven, para revisar tus pertenencias. Y, ¿a quién no han robado en Guadalajara? Roban casas, autos, a la gente, entonces, la percepción de inseguridad es muy mala, pero no tiene que ver sólo con el narcotráfico.

En buena medida, el problema tiene que ver con que los distintos órdenes de gobierno están peleados, por estar en manos de distintos partidos políticos: el gobierno estatal y los municipales no respetan o acatan el ámbito de sus competencias; e incluso entre el Fiscal y el comisionado de seguridad pública hay una competencia política, entonces, la seguridad ciudadana termina siendo sólo un motivo de grillas”.

Por el contrario, concluye, nada se hace en términos de política pública para atender “la enorme problemática de desaparición forzada en el estado, de feminicidios, de revictimización de personas afectadas por la violencia. Y eso me molesta un chingo, porque han politizado un tema que debería ser totalmente técnico: en términos de seguridad pública sólo existe demagogia en Jalisco, todo es ‘más armas, más policías’, pero no se atienden las condiciones de precariedad, no se generan oportunidades sociales.”

Y pone un ejemplo del abordaje técnico que debería ser debatido en materia de narcotráfico: “Hay personas que me dicen que están en contra de la legalización, y a ellos yo les comento que si se preocupan de que sus hijos no tengan acceso a las drogas, lo mejor que se puede hacer es legalizarlas, porque eso vendría acompañado de programas preventivos y programas de rehabilitación.

Un narcotraficante no se va a preocupar por verificar la mayoría de edad de tu hijo, si se acerca a comprarle. Por el contrario, si el consumo fuera legal y regulado, la venta también estaría sujeta a esquemas preventivos, como con el tabaco. Entonces, estoy a favor de la legalización de las drogas para uso médico, pero también a favor de empezar el debate sobre consumo recreativo, porque lo que le hace daño al país es seguir con tabús y discutir las cosas a medias”.

Obviamente, remata, “no creo a rajatabla que con la legalización se va a resolver el problema del narcotráfico y la violencia que genera, pero creo que puede ser una respuesta mucho más estratégica que continuar apostándole a más armas, más violencia, más policías y más muertes”.