Investigadores coinciden en que el nuevo modelo educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentado el pasado jueves 21 de julio, tiene un diseño correcto, con propuestas innovadoras como la libre elección de materias y metas ambiciosas, pero es “incumplible” en un contexto tan desigual como el mexicano.
[contextly_sidebar id=”wLga7QsVTvVjsJoX19AWsabS1O8U8Rec”]La SEP propone, por ejemplo, dar “autonomía curricular” a las escuelas para que decidan qué clases impartir entre opciones como: “natación, clavados, huerto escolar, laboratorio científico, matemáticas lúdicas, conversación en inglés o investigación de documentos históricos originales”.
Para el investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, Ángel Díaz Barriga, la propuesta está “bien diseñada”, pero las metas educativas “están pensadas para el primer mundo, y México no es Finlandia”.
Quien diseñó el proyecto, dice, desconoce la complejidad de este país, mientras que las opciones de materias de las escuelas pueden parecer “superficiales” y no pensadas para las necesidades de las comunidades escolares.
Aunque la propuesta presentada por el secretario de Educación, Aurelio Nuño, atiende la corriente pedagógica que propone más autonomía en las escuelas y menos estandarización, para concretarla se necesitan maestros que dominen las opciones de los distintas materiales educativos e infraestructura que no tiene la mayoría de las escuelas en el país.
Una de las principales omisiones es la “desconexión” entre el nuevo modelo educativo y los procesos de evaluación establecidos como parte de la Reforma educativa.
Aunque se habla de “autonomía” para un nuevo modelo de aprendizaje, la evaluación para alumnos y maestros seguiría igual: estandarizada y ligada a recompensas económicas y sanciones administrativas, explica Díaz Barriga.
La autonomía propuesta “se contrapone” con el plan de evaluación actual que supone que el estudiante tiene conocimientos de temas estandarizados.
Por eso, dice Díaz Barriga, integrante de la Academia Mexicana de las Ciencias, debería haber “un giro” a las mediciones, para sustituir la evaluación de individuos por una “visión social”, que evaluaría a las escuelas y las metas alcanzadas a mediano y largo plazo y no cuestiones cuantitativas, como ocurre ahora con el sistema de puntajes en las pruebas estandarizadas.
Alma Maldonado, investigadora en educación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), considera que con la autonomía curricular “la inequidad puede ser más obvia”.
Es decir, no está claro cómo serán estos espacios de autonomía, ni cómo las escuelas van a resolver las deficiencias ni las condiciones de los maestros para distribuir sus tiempos de clase e incluso si les pagarán horas extras.
Se debe considerar que una primaria urbana es diferente a una multigrado. En esta última, el profesor atiende a alumnos de grados distintos en un mismo espacio. Entonces, ¿estos estudiantes podrían recibir clases de educación financiera, pensamiento algorítmico o programación? O las condiciones sólo les permitirá tener lecciones de artesanías locales o tradiciones regionales, explica Maldonado.
Pero para concretar la propuesta curricular no sólo intervienen elementos escolares, sino también políticos, considera Carlos Ornelas, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien señala que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la disidencia, encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pueden aplicar u obstruir la propuesta de la SEP.
Aunque se trata de una propuesta con la “lógica correcta”, los efectos no se verán en el corto plazo, pero sobre todo Aurelio Nuño debe hacer “un trabajo político fino para lograr los consensos”, dice Ornelas, autor y compilador de 13 libros sobre educación.
Por ejemplo, “la burocracia de las secretarías no las controla la SEP, sino el SNTE”, y lo mismo ocurre en los bastiones de la CNTE como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, dice Ornelas.
Los gobernadores de los estados son otro factor para poder aplicar el proyecto. Aunque en el discurso aseguren su apoyo, en la práctica “no están dispuestos a entrarle porque no tienen incentivos”.
La SEP los deja fuera, como ocurrió con el Pacto por México, donde el presidente hizo alianzas con los principales partidos políticos para aprobar las reformas estructurales.
Para Ornelas, aplicar el nuevo modelo educativo es difícil, pero “no imposible”.
Si los factores contribuyen, podrían lograrse avances en al menos ocho años. Sin embargo, dice, un país como Finlandia logró uno de los mejores sistemas educativos en el mundo después de 30 años, con el mismo partido en el poder.