Estadounidense acusa que policías de Guerrero lo torturaron; un juez ordena una investigación 

Ronald James Wooden flexiona sus grandes manos de herrero con las que en su día forjó desde lámparas de araña a intrincada joyería. Dice que aún está recuperando sensibilidad tres años después de una golpiza que duró cuatro horas y durante la que policías municipales del sur de México le propinaron puñetazos y le pegaron con culatas de rifles.

[contextly_sidebar id=”ogtEksuLzzbMUHV1F4hv6SznjbIlqvE6″]Los agentes le apretaron los grilletes y luego se pusieron sobre sus manos para infligir el mayor daño posible, apunta Wooden, de 46 años, que había abierto un taller en las colinas de las afueras de la ciudad de Taxco, una localidad con minas de plata, junto a su esposa, mexicana de nacimiento.

“Me pegaron durante casi cuatro horas. Algunos se cansaban y entonces entraban otros. Iban a matarme y hacerme desaparecer”, recuerda Wooden, que dice que sufrió daños en el sistema nervioso, además de costillas rotas y lesiones en los genitales.

Lo que lo salvó, sostiene, fue una “intervención divina y el amor que mi familia tiene por mí”. Su esposa, Carmen, esperó afuera del ministerio público durante horas hasta que pudo pagar su fianza de 200 pesos (12 dólares) y llevarlo a un hospital tras quedar en libertad.

Una pesquisa realizada en 2014 por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, formada por el gobierno, halló que la policía de Taxco detuvo ilegalmente a Wooden, se contradijo sobre cómo se habían producido sus lesiones y esencialmente mintió sobre su alcance.

Se determinó que el estadounidense había quedado cubierto de magulladuras, rasguños y cortes.

Tras dos años sin avances, un juez federal ordenó el pasado 30 de junio que el gobierno de México abra una investigación penal formal por tortura y secuestro en el caso de Wooden.

“Esto abre una brecha nueva, poco explorada, poco utilizada” para obligar a las autoridades a investigar las miles de quejas por torturas en México, dijo Mario Santiago, un abogado del grupo de derechos humanos Idheas, que representa a Wooden.

Wooden, que había estado viviendo en Texas, se mudó a Taxco atraído por su afamada industria de la joyería en plata, que había sido reactivada por el aventurero estadounidense William Spratling en la década de 1930.

Pero en los últimos años, la localidad de la época colonial ubicada al sur de la Ciudad de México está controlada por los cárteles de la droga. En 2010, las autoridades descubrieron 55 cadáveres en estado de descomposición que habían sido arrojados a una mina abandonada cerca de la localidad.

Tan pronto como abrió su tienda, recuerda Wooden, comenzó a recibir amenazas de un vecino que decía ser miembro del cártel Guerreros Unidos y le pedía un pago de 10,000 pesos mensuales para su protección.

Cuando el vecino sacó un machete y lo amenazó con enviarlo de vuelta a Estados Unidos en pedazos, ambos hombres llamaron a la policía, explicó Wooden.

Cuando los agentes aparecieron, recuerda, se fueron directamente hacia él pateándolo y propinándole puñetazos en el suelo. Lo detuvieron por estar ebrio y alterar el orden, acusaciones que Wooden niega.

Wooden no se engaña sobre lo que pudo haberle sucedido: las prácticas de la policía de Taxco son tan conocidas que el gobierno federal desarmó a todo el cuerpo durante un año y medio tras la detención de Wooden y pasó la vigilancia a agentes federales.

El exdirector de la policía de la ciudad, Eruviel Salado Chávez, fue detenido el mes pasado por cargos de crimen organizado y secuestro.

Está acusado de mantener estrechos vínculos con Guerreros Unidos, el grupo considerado responsables de muchos de los 100 cuerpos encontrados en fosas comunes en los alrededores de Taxco y la cercana ciudad de Iguala.

El gobierno federal dice que los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Iguala fueron secuestrados por policías locales corruptos y entregados a Guerreros Unidos, que supuestamente los habrían matado.

“Parte de lo que me protegió es que soy extranjero y no tengo miedo”, explicó Wooden.

“Lo que me ocurrió a mi le ha ocurrido a otras personas (…) Familias enteras han desaparecido en estas situaciones”.

Cuando recuperó la consciencia en el interior de una celda tras la golpiza, “me di cuenta de que había sangre seca en el suelo, y no toda era mía”.

México aprobó una ley que establece sanciones para los abusos policiales en 1986, en medio de la consternación por el descubrimiento de cuerpos torturados en una comisaría de policía dañada por un terremoto. La norma, en teoría, se endureció en 1991, prohibiendo el uso de testimonios obtenidos bajo tortura.

Pero los escándalos que implican a policías, soldados y marines mexicanos siguen creciendo. Y el caso de Wooden es un ejemplo de lo difícil que es castigar estos abusos.

En un primer momento, el artesano presentó una demanda penal tras la paliza. Pero dijo que la retiró cuando un hombre en la oficina del juez lo llevó a un lado y le dijo: “Están planeando hacerte desaparecer si sigues haciendo ruido y pidiendo cargos”.

Además de los daños físicos, Wooden dijo que parte de su equipo fue sustraído. Él y su esposa se marcharon de Taxco por miedo y se trasladaron a otras partes del país. Apunta que no ha podido embarcarse en nuevos proyectos por sus lesiones y falta de dinero para comprar materiales.

Nadie ha entrado en prisión por torturar a Wooden. Dos de los agentes de policía recibieron advertencias y se les pidió que tomasen clases sobre derechos humanos, aunque Santiago apunta que no está claro si llegaron a hacerlo.

“Hay impunidad, hay una falta de investigación. Y como le sucedió a él, le sucede a mucha gente”, dijo Santiago.

“Lo que buscamos es la modificación estructural, hacer modificaciones a las estructuras que permiten que estas violaciones existan”.