El Senado aprueba las modificaciones que Peña Nieto propuso a la ley 3de3
El Senado aprobó este martes 5 de julio las modificaciones que Enrique Peña Nieto pidió a la denominada ley 3de3, en cuanto al artículo 32 –que obligaba a que empresarios presentaran su declaración fiscal, patrimonial y de intereses al hacer negocios con el gobierno–.
“Con 77 votos en pro y 22 en contra se aprueban los artículos reservados del dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, informó el Senado en Twitter.
Peña veta artículo de ley 3de3 que afecta a empresarios; ignora el que beneficia a funcionarios
Este día el pleno del Senado de la República inició el periodo extraordinario para debatir las observaciones del Ejecutivo federal a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth declaró iniciado el periodo extraordinario que tiene como único punto en la agenda la corrección de la también llamada ley 3de3.
[contextly_sidebar id=”M0nm2VEWsynKQrp1yI1j5JD1buxix1Df”]Dichas observaciones proponen suprimir el contenido de la ley que obliga a las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o contraten con entes públicos federales, estatales o municipales, de la obligación de presentar declaración de situación patrimonial, de intereses y fiscal, ante las secretarías u órganos internos de control.
En el dictamen que se votará se señalan los argumentos del Ejecutivo federal que señala que de no modificar los artículos observados, esta medida podrá ser aplicada inclusive a personas que reciben beneficios de programas sociales, estudiantes becados o personas físicas que presten servicios a empresas con cualquier tipo de contrato.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, expuso ante el pleno los alcances de las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
Dijo que quedan intactas sanciones económicas, suspensión de actividades y disolución de empresas que incurran en actos de corrupción en su relación con el gobierno federal.
