En las últimas semanas, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha enviado al Congreso del estado iniciativas para realizar una serie de reformas, en materia de presupuesto, creación de nuevos organismos y modificaciones a las contrataciones de los trabajadores.
[contextly_sidebar id=”eJSFNbXqO0no72Uyh9UMVdWYoQbM91iA”]A decir de los diputados locales de oposición y del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, las iniciativas de Duarte son para “blindar” su salida y evitar que la administración entrante pueda fiscalizar las cuentas del estado y fincar responsabilidades por malos manejos de los recursos públicos.
Estas son algunas de las polémicas reformas enviadas por Duarte de Ochoa que el Congreso ha aprobado o está por analizar.
La designación de un fiscal anticorrupción y de tres magistrados en la materia provocaron protestas de diputados locales y del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes.
Los partidos Acción Nacional, del Trabajo, y Movimiento Ciudadano formaron un bloque para presionar a la bancada del PRI y evitar que la actual legislatura nombrara al fiscal anticorrupción.
Yunes Linares acudió al congreso el miércoles 29 de junio para pedir a los legisladores no votar la propuesta y dejar para la siguiente legislatura y en la que el PRI ya no tiene mayoría.
Este jueves se bajó del orden del día de la sesión el punto para discutir el nombramiento de Francisco Portilla Bonilla como candidato, quien de acuerdo con legisladores del PAN, es cercano al gobernador Duarte, por lo que su nombramiento seria a modo para proteger la salida del gobernador.
Lo que los legisladores no pudieron evitar fue la aprobación de la creación de la Sala Anticorrupción, la cual estará conformada por tres magistrados que durarán en el cargo hasta 10 años y serán propuestos por el gobernador.
Aunque durante la sesión del jueves los diputados de oposición argumentaron que la propuesta era una intromisión a las atribuciones del poder judicial, la iniciativa fue aprobada con 29 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones.
El pasado 23 de junio, el Congreso estatal aprobó la autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana (UV), la cual recibirá 4% del presupuesto anual de la entidad.
La rectora de la UV, Sara Ladron de Guevara, y la comunidad estudiantil realizaron movilizaciones para exigir al gobernador que salde la deuda que tiene con la institución, lea cual asciende a más de 2,000 millones de pesos.
A esto se suma la aprobación de la autonomía financiera de la Fiscalía del estado, que recibirá 1.5% del total de los recursos anuales del estado, mientras que el Poder Judicial recibirá recursos equivalentes a 2% del total del presupuesto.
“Lo grave es el duplicar, con reforma constitucional, los recursos que se destinarían a la Universidad Veracruzana, al Poder Judicial o a la Fiscalía, sin tener el soporte financiero para hacerlo. Duarte le debe a la Universidad más de 2 mil millones de pesos que pretende no pagarle pero dejarles en la Constitución señalado que 4% del total del Presupuesto será para la Universidad”, dijo Miguel Ángel Yunes, en entrevista con Radio Fórmula este 1 de julio.
El gobernador Javier Duarte propuso al Congreso basíficar a todos los trabajadores del estado, con lo que tendrían carácter de definitivos. El priista envió al Congreso del estado iniciativas para reformar la ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz y la Ley del Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada.
La iniciativa propone la basificación de personal de confianza contratado durante el gobierno de Duarte. Entre ellos estarán los trabajadores que realizan tareas de “inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos de valores, auditoría, planeación, supervisión”, entre otros, según la propuesta.
También se basificaría a los elementos de la Fiscalía del estado; la Policía Ministerial y los elementos estatales.
De acuerdo con el diputado local del PRD Jesús Velásquez se basificaría a unos 5 mil burócratas, cuyos sueldos van de los 20 mil a los 80 mil pesos, indica un reporte del diario Imagen del Golfo.
El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, dijo a través de un desplegado la semana pasada que esto afectaría las finanzas del estado, pues significaría un “incremento imposible de cubrir en términos de sueldos y prestaciones”.
Yunes Linares ha dicho que lo que busca el gobernador es dejar “bombas de tiempo para que a partir de diciembre estalle la situación económica en Veracruz y venga un conflicto social gravísimo”.
Duarte envió al Congreso este jueves 30 de junio una propuesta para crear dos fideicomisos para pagar las deudas que tiene con sus contratistas y proveedores.
El gobernador propone crear un fideicomiso que concentre en una cuenta bancaria los recursos derivados del Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal; el segundo fideicomiso administraría estos recursos y pagaría las deudas a los proveedores.
La iniciativa fue turnada a comisiones este viernes 1 de julio. El diputado panista Jesús Velázquez dijo que con estos cambios se busca “atarle las manos económicamente” al gobierno entrante.
“Este fideicomiso lo quieren amarrar para pagar deudas en los próximos 15 años, a empresarios amigos de Duarte, porque lo que no se ha dicho, es que en el anexo 1 de la iniciativa de este fideicomiso, viene la relación de empresas a las cuáles habría que pagarle, entonces, lo que está haciendo Duarte, es dinamitar”, dijo el Yunes Linares, en entrevista con Radio Fórmula.
El Congreso del estado aprobó reformas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) entregue la Cuenta Pública del estado a más tardar el 15 de octubre.
Con esta reforma, el gobierno de Duarte podrá entregar la cuenta a la actual legislatura – de mayoría priista – para que ésta la revise y apruebe.
Los cambios fueron avalados con 34 votos a favor del PRI, PVEM y Nueva Alianza, 13 en contra del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano y ninguna abstención.
El diputado Edgar Hugo Fernández Bernal del PAN votó en contra y dijo que la reforma para que el ORFIS entregue hasta el 15 de octubre las cuentas públicas limita a la actual Legislatura a revisar el Informe de Resultados a sólo dos semanas de esta fecha.
El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes, dijo que Javier Duarte tiene múltiples denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de más de 15,000 millones de pesos provenientes de recursos federales.
“La PGR no actúa por consideraciones políticas, esa es la realidad, y yo digo que omisión reiterada es complicidad”, dijo Yunes Linares entrevistado por Denise Maerker en Radio Fórmula.
Animal Político publicó en mayo pasado que funcionarios cercanos al gobernador Javier Duarte entregaron contratos a una red de empresas fantasma por un monto de 645 millones de pesos entre 2012 y 2013, para la compra de productos que debían destinarse a población vulnerable, pero que nunca llegaron a su destino.
Yunes Linares dijo que presentó un amparo y se les concedió una suspensión para que la Fiscalía del estado actúe y acelere la integración de la averiguación.
Con información de Radio Fórmula e Imagen del Golfo.