Un médico publicó en redes sociales un video donde se muestran las deficiencias en el Hospital General de Playa del Carmen, en Quintana Roo, entre ellas un apagón durante una cirugía -sin que funcionaran las plantas alternas de energía-, y días después perdió su empleo en ese centro de salud.
[contextly_sidebar id=”Z1tLq6tkNthSH7s78486lgvH8muVL3EY”]En entrevista con Radio Fórmula, el médico Óscar Hernández relató que al menos en tres ocasiones, al estar operando, se quedó sin luz en la sala, y tuvo que continuar utilizando la iluminación de teléfonos celulares.
“En una de ellas sí tuve un problema con el intestino de una señora, le di un pequeño tijeretazo, no lo rompí del todo, afortunadamente, se pudo reparar… gracias a Dios no pasó nada, pero obviamente, si hubiera pasado algo, ¿contra quién van? Pues contra mí, no van contra el secretario de Salud, ni contra el director que tiene mal el hospital”, mencionó Hernández.
El video de “uno de los muchos apagones en el hospital”, dijo, lo subió el 20 de mayo pasado.
Días después, lo mandaron citar, le levantaron un acta administrativa, y a fin de cuentas confirmaron su despido el día de su cumpleaños, acusándolo por una supuesta toma de instalaciones, ya que en días previos había convocado a una reunión con sus compañeros, para platicar sobre las deficiencias e irregularidades en el hospital.
“Hay corrupción y mala planeación” de los sindicatos y de las autoridades de salud, dijo respecto a lo que ocasiona las fallas en el hospital, como la falta de personal, de mantenimiento del equipo médico, la venta de plazas, y la carencia de medicamentos.
Según Hernández, muchos médicos están inconformes en Quintana Roo, pero temen manifestarse porque “sigue la represión” y pueden ser despedidos.
Animal Político trató de contactar a la Secretaría de Salud de Quintana Roo y al Gobierno de Quintana Roo para conocer su postura sobre el caso; sin embargo, no se ha recibido respuesta hasta el momento.
El pasado 22 de junio, miles de médicos marcharon en diferentes puntos del país, para denunciar falta de insumos y malas condiciones de trabajo, la criminalización del gremio en casos de supuesta negligencia, agresiones del crimen organizado y de pacientes inconformes con la calidad del servicio.