Programas sociales: el dinero se va, la pobreza permanece
*Esta investigación se realizó gracias al apoyo de Oxfam.
Juana Martínez pensó que su vida sería mejor que la de sus padres. Incluso acarició el sueño de estudiar una carrera, pero su familia ya no tuvo dinero y abandonó la idea.
[contextly_sidebar id=”cEvtFWNBeTfmmpaU33pXP4jenewBMUx8″]Veinte años y dos hijas después, Juana no solo no logró su sueño, sino que vive en peores condiciones que las de su madre, Candelaria, quien tiene un cuarto con paredes de lámina. Ese pequeño sitio le ha servido, desde que sus hijos eran chicos, para elaborar las tortillas y la comida que vende y con las que logró sacarlos adelante.
Juana, en cambio, no tiene una casa propia en su natal Villa de Zaachitla, Oaxaca. Destina la totalidad del dinero que le dan a través del Programa de Apoyo Alimentario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal a pagar los 500 pesos mensuales de la renta de una casa de lámina. También limpia casas por 100 pesos diarios, lava ropa ajena y ayuda a su madre a cocinar, con lo cual logra completar el dinero para comprar comida a sus hijas de nueve y 11 años.
Para Juana y Candelaria los programas sociales son viejos conocidos, pero ni con ellos han logrado mejorar su situación. Candelaria comenzó a recibir los apoyos de Sedesol desde hace más de 10 años, cuando el programa que hoy se llama Prospera tenía el nombre de Oportunidades. Hoy Juana espera que sus hijas reciban estos apoyos algún día.
Progresa, el primer nombre que tuvo este programa, se creó en 1997. A partir de entonces éste ha cambiando dependiendo del sexenio y el partido en la presidencia, pero las reglas de operación son similares: este programa es la base que articula la oferta institucional de programas y acciones de política social, y está destinado a la población más pobre del país. Su objetivo es que las familias “superen su condición de pobreza”.
A nivel nacional, el 26.9 por ciento de los hogares mexicanos recibe apoyo de un programa social del gobierno, según la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi. En Oaxaca esta cifra es de casi 50 por ciento.
Juana ya entregó documentos para que sus hijas puedan obtener este apoyo, aunque no sabe si se lo darán: los empleados de las áreas de Padrón de beneficiarios y de Atención Ciudadana de las oficinas del programa en Oaxaca señalan que, por cuestiones presupuestales, éste dejó de incorporar a nuevas familias desde 2014. Pero en la oficina central de Prospera afirman que el año pasado afilió a 8 mil 395 familias en ese estado, aunque en 2016 no ha hecho ninguna incorporación.
Entre 2010 y 2015 el programa Prospera destinó 18 mil 296 millones de pesos a las familias más pobres de Oaxaca, según el Tercer Informe de Gobierno de la Presidencia, pero en ese mismo periodo los niveles de pobreza se mantuvieron prácticamente sin variación: pasaron del 67 al 66.8 por ciento de su población. Incluso, debido al crecimiento poblacional que tuvo el estado en esos años, el número de pobres se incrementó de 2.5 a 2.6 millones de personas.
En el informe “Desigualdad extrema y tendencias de desarrollo. El caso del estado de Oaxaca, México”, las organizaciones Oxfam y Educan concluyen que los de Candelaria y Juana no son casos aislados, sino que la política social implementada en esta entidad no ha cumplido con el objetivo de contribuir a reducir la pobreza ni a generar movilidad social.
La principal explicación de este fenómeno, agrega el estudio, es el deterioro en los niveles de ingreso de los pobladores del estado: “La población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (a saber, que el salario mensual no cubre el costo de una canasta básica) aumentó de 36.2 por ciento en 2010 a 42.1 por ciento en 2014. Esta disminución se combinó con el aumento de carencias en vivienda y servicios”.
El informe, elaborado por el investigador de la UNAM Gerardo Torres Salcido, da como razón de este deterioro social que el gasto gubernamental en este rubro es menor al que se requiere, a que no se ejerce adecuadamente y a que las políticas terminan por generar más desigualdad en las comunidades en donde se aplican.
Necesidades
La colonia Vicente Guerrero de Villa de Zaachila, Oaxaca, es una comunidad semiurbana en donde al lado de las calles sin pavimentar hay casas de lámina divididas por una frágil red que sirve de cerca. En medio del paisaje destacan algunas viviendas hechas “con material” -concreto o ladrillo-, lo cual marca la diferencia entre una clase social y otra en este lugar.
Elena Juárez es vocal del programa Prospera en esa colonia y conoce prácticamente a todos sus habitantes. Asegura que son muchos los que reciben algún apoyo derivado de un programa social, incluso algunos que no lo necesitan, y también hay familias necesitadas que no tienen ninguna cobertura. Eso, agrega, provoca enemistades entre los vecinos.
“Hay muchas familias que hemos visto que en realidad sí necesitan el programa y no cuentan con él, y hay otras personas que tienen el programa y no lo necesitan, están muy bien económicamente”, afirma.
Carmela, una vecina beneficiaria del programa, la interrumpe para dar los nombres de los vecinos que, asegura, aún con camionetas, casa propia y “hasta negocio” reciben cada mes un apoyo para la alimentación y educación de sus hijos.
Explica que cuando los empleados de Prospera visitan a las familias beneficiarias para verificar si siguen necesitando el programa, algunas de ellas esconden enseres domésticos y autos, e incluso dan un domicilio falso con tal de aparentar una situación económica más precaria de la que realmente tienen.
Basado en cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y otras investigaciones, el informe de Oxfam y Educa destaca que solo el 34 por ciento del gasto social es redistributivo -que se focaliza en los estratos más pobres-: “Se estima que el 10 por ciento más pobre de la población recibe solo el 7.8 por ciento de los recursos, mientras que el 10 por ciento más rico recibe el 16.7 por ciento”.
Otro hallazgo fue que las desigualdades en la aplicación de la política social no solo se generan al interior de las comunidades, sino en las propias familias: “Los representantes de colectivos de defensa de los derechos de las mujeres evidenciaron que programas como Prospera conllevan una sobrecarga de trabajo. Las obligaciones establecidas en las reglas de operación del programa duplican o triplican incluso las jornadas de trabajo de las beneficiarias”.
Esto le consta a Juana Ángel, habitante de la localidad de El Trapiche, en el municipio oaxaqueño de Santa Cruz Mixtepec. Por ser beneficiaria de Prospera tiene que ir 16 veces al mes al centro de salud para realizar una caminata de una hora para mantenerse saludable. Ella dice que realmente no lo necesita porque todos los días, para llegar al centro de salud o a la escuela de sus hijos, debe hacer caminatas largas.
A ella y otras mujeres también se les exige participar en talleres bimestrales con temas que, en teoría, les deben ayudan a mejorar su calidad de vida. Pero, afirma, incluso aquellas mujeres cuyos hijos ya son mayores siguen escuchando pláticas sobre la mejor forma de criar a un bebé.
Además de las caminatas y los talleres, los integrantes de las familias que reciben Prospera deben acudir entre una y dos veces al mes al centro de salud para que los revise un médico. Pero esos sitios siempre están saturados y los médicos apenas tienen tiempo de atender a los pacientes o tomarles la presión. Además, las mujeres deben ayudar a limpiar las instalaciones.
A pesar de esta carga de trabajo, se mantienen en el programa porque realmente necesitan el dinero. “Ese dinero sí me ayuda pues, así sean 20 pesos, son muy buenos”, dice Juana Martínez.
Para el encargado de despacho de la oficina de Prospera en Oaxaca, Rubén Pérez Cuevas, el esquema de corresponsabilidades -en el que todas las familias que reciben el programa deben dar algo a cambio como mandar a sus hijos a la escuela o ir al médico- tiene por objetivo dar seguimiento a la salud de los beneficiarios y compartir con ellos material educativo “útil para su vida diaria”.
“Desde 1997 que se creó el programa -en ese entonces llamado Progresa- el núcleo familiar va creciendo en cuanto a escolaridad, y la mortalidad materna e infantil van a la baja. Las cuestiones que antes provocaban una deserción escolar van bajando. Y la igualdad entre hombres y mujeres en acceso a los servicios educativos va en crecimiento”, señaló en entrevista.
En el último reporte de avance de los indicadores de Prospera se establece que efectivamente la relación entre niñas y niños inscritos en la escuela es mayor para las primeras. Sin embargo, el reporte no da información alguna sobre los niveles de mortalidad infantil ni materna que ha permitido el programa.
Otras beneficiarias de Prospera consideran que es gracias al dinero que reciben cada mes que sus hijos tienen la posibilidad de no dejar la escuela. “A mí Prospera sí me ayuda. De las becas de mis dos hijos recibo cada dos meses cerca de 4 mil pesos. Yo solo estudié primaria, mi hija que se casó estudió hasta secundaria y el más muchachito va en bachillerato, pero ya sé que para darles una carrera ahí sí está difícil”, relata Abigail Celaya, beneficiaria del programa y habitante de El Trapiche.
A pesar de que estudió más que su madre y su abuela, la hija de Abigail, Romina, parece repetir la vida de estas: aunque tiene 20 años, tiene ya una hija de cinco y también depende del programa para sacarla adelante. Para ella los años adicionales de escolaridad no se tradujeron en más oportunidades, ni tampoco siente que su vida prospera con los apoyos del gobierno.
