Policías y soldados en México usan la tortura sexual en arrestos de mujeres
Todo sucede entre las tres y las tres y media de la madrugada del 7 de febrero de 2014. Tailyn Wang, peruana de 36 años con permiso de residencia en México, se encuentra descansando en su dormitorio junto a su pareja, cuando un estruendo tumba la puerta metálica del departamento ubicado en la colonia Vallejo de la Ciudad de México.
[contextly_sidebar id=”duGvwCTKLvziohf6qY031ZelnWnbbnF9″]Tras el ruido ensordecedor, una estampida de 30 policías federales irrumpe con armas de asalto en el salón de la casa sin una orden judicial y dando gritos. Tailyn sale desorientada al salón y observa a sus hijas de cinco y siete años llorando despavoridas. Sin tiempo para reaccionar, varios agentes la agarran del hombro con violencia y la tiran de espalda contra el suelo. Desde allí, la peruana ve que los policías también golpean a su pareja y a su hijo adolescente de 15 años.
Tailyn trata entonces de quejarse, de armar un grito para pedir ayuda a los vecinos. Pero un golpe con el puño cerrado en su vientre la deja sin aliento.
-Mi hija y su pareja le pedían a los policías que no la golpearan en el abdomen porque estaba embarazada de dos meses –narra los hechos en entrevista María Wang, madre de Tailyn-. Pero aún así, esos salvajes no les hicieron caso y siguieron pegándole.
En la puerta del departamento, una camioneta espera. Bajan a la peruana por la escalera, la introducen en el vehículo y la transportan junto con otras tres personas que detuvieron en Tepito a unas oficinas de la Policía Federal. Allí, según denuncia María Wang, “comienza la tortura psicológica y la tortura sexual”.
-En ese lugar a mi hija le hicieron tocamientos en sus partes íntimas y otras cosas muy delicadas –musita Wang.
Como resultado, a las horas de que comenzara la pesadilla, Tailyn comienza a sangrar por la vagina luego de que la trasladaran a las oficinas de la Procuraduría General de la República. Allí dos médicos oficiales la examinan mientras está bajo custodia, pero a pesar de las lesiones evidentes ninguno hace caso de sus afirmaciones de que ha sido golpeada y abusada sexualmente por la policía.
Incluso, tampoco le dan medicamentos para el dolor, apunta María. Sólo le entregan unos pedazos de toalla de papel para que se la coloque dentro de la ropa interior, y con eso la llevan a toda prisa, esposada, a un avión comercial para trasladarla a una prisión federal en Nayarit.
Dos horas más tarde, cuando el vuelo aterriza en Tepic, el asiento de la peruana está empapado en sangre: Tailyn ha perdido a su bebé.
Así pasan cuatro días. Hasta que finalmente notifican a la peruana que está acusada de formar parte de una banda de secuestradores. Cargo que la defensa rechaza, alegando que la policía construyó el caso a base de torturas y fabricando pruebas.
Por ahora, Tailyn permanece en prisión en espera del resultado de su juicio. Pese a que denunció su tortura hace más de dos años, aún está a la espera de ser examinada por un médico forense para que documente la tortura sexual y los malos tratos que sufrió.
7 de 10 mujeres denuncian agresiones sexuales de policías y soldados
La historia de Tailyn Wang es uno de los 100 casos que la organización Amnistía Internacional (AI) documentó para el informe que presenta este martes 27 de junio titulado: Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México.
En el estudio, Amnistía Internacional concluye que prácticas como aplicar descargas eléctricas en los genitales, la semiasfixia, el manoseo de los pechos, golpes en cabeza y abdomen, y la violación con objetivos, armas de fuego y el pene, son “una práctica habitual” durante el arresto e interrogatorio de mujeres acusadas de delitos federales, como el tráfico de drogas.
Pero vayamos a las cifras.
A lo largo de 11 días en diferentes cárceles federales, la organización defensora de derechos humanos entrevistó a 100 mujeres, de las cuales todas dijeron haber recibido violencia verbal o psicológica por parte de elementos policiacos o soldados; el 97% dijo que fue víctima de violencia física; y el 72% de violencia sexual. Esto es, 7 de cada 10 mujeres dijeron que fueron violentadas sexualmente –tocamientos, abusos, acoso, insultos centrados en el sexo o en la orientación sexual-, mientras que 3 de cada 10 –un 32%- dijeron que fueron violadas con objetos o con el pene del agresor.
En cuanto a quiénes cometieron los abusos durante los arrestos, las mujeres encuestadas señalaron como sus agresores a la Policía Federal, la policía estatal y local, el Ejército y la Marina.
En este sentido, Amnistía destaca que aunque la Policía Federal realizó más detenciones (59 de las 100 encuestadas), fue la que menos arrestos hizo con violación sexual (19%).
Por el contrario, la Marina hizo tan sólo diez detenciones de las 100, pero ocho dijeron haber sido violadas por un elemento de esta corporación.
“La proporción de 10 mujeres detenidas y ocho violadas por la Marina es escalofriante”, recalca en entrevista con Animal Político Madeleine Penman, investigadora de tortura para México de Amnistía Internacional, quien además critica que “los casos de tortura por elementos de la Marina citados en el informe son horrorosos”.
Por ejemplo, Penman cita el caso de María Magdalena Saavedra, quien en mayo de 2013 fue detenida en San Luis Potosí por marinos y torturada durante 20 horas con descargas eléctricas en la vagina y en la boca, para que admitiera ser la encargada de finanzas de una importante banda de narcotraficantes.
O el caso de Korina Utrera, de 25 años, y su novia Denise Blanco, quienes estaban en la casa de Korina en Tabasco, cuando unos marinos armados y vestidos con uniformes de camuflaje irrumpieron en la casa y empezaron a golpearlas, gritando: “No te hagas pendeja, estamos buscando la droga”. Según documenta Amnistía, ambas fueron trasladadas a una base de la mariana, donde las violaron y las sometieron a descargas y a semiasfixia.
La frecuencia de mujeres presas que, como Tailyn Wang, dijeron haber perdido el embarazo por los golpes de policías y soldados también es alta: de 100 encuestadas, 10 estaban embarazadas durante su arresto, y ocho sufrieron un aborto por tortura.
En 11 días, AI documentó 72 agresiones sexuales a mujeres; en 5 años, sólo 4 marinos suspendidos
Por otra parte, el informe de Amnistía Internacional evidencia que el número de cargos formulados por tortura en México “es alarmantemente bajo”. Y apunta que aunque la Procuraduría General de la República (PGR) informó por transparencia pública que en 2014 recibió 2 mil 403 denuncias penales por torturas, no dio a conocer “ni un solo cargo criminal” que se hubiera presentado por estos casos. Asimismo, la PGR aún no ha transparentado cuántos cargos por tortura se presentaron en 2015.
Otro dato clave que recaba el informe de Amnistía es que, según reportó el INEGI en diciembre de 2015, las comisiones estatales de derechos humanos de todo el país recibieron en 2013 un total de 12 mil 561 quejas por tortura a manos de funcionarios públicos, como policías y soldados.
Sin embargo, en respuesta a la petición de información sobre cuántos miembros de las fuerzas federales fueron suspendidos entre 2010 y 2015 por “abuso sexual” o “violación sexual”, la Policía Federal respondió a Amnistía Internacional que desconoce el dato. El Ejército dijo que ninguno. Mientras que la Marina contestó que en 2013 tres elementos fueron suspendidos acusados de abuso sexual de una mujer –ninguno por violación-, y en 2015 otro marino fue inhabilitado temporalmente de sus funciones por cinco años, tras ser declarado culpable de abuso sexual de una mujer.
Esto es, a pesar de las miles de denuncias, tan solo cuatro marinos suspendidos en cinco años por abusos o violaciones.
“Estos datos hablan claramente de una falta total de castigo dentro de las fuerzas armadas”, asegura Penman, que recalca que a pesar de las “miles” de capacitaciones y talleres que recibieron policías y soldados sobre los derechos humanos de la mujer, los abusos continúan dándose.
En este sentido, la Marina dijo que entre 2012 y 2015 impartió 262 cursos sobre “derechos de las mujeres o la perspectiva de género” dirigidos a oficiales. El Ejército, un promedio de entre 200 y 300 cursos al año en este tema. Y la Policía Federal informó de 2 mil 654 cursos impartidos en 70 academias entre 2012 y enero de 2016. En total, más de 3 mil 100 capacitaciones.
“Nos parece muy grave el uso de recursos públicos en estos cursos –plantea Penman-. Quieren hacer ver que están haciendo algo para proteger a la mujer, pero sobre el terreno no se aprecia ningún cambio”.
Ante los señalamientos que plantea el informe de Amnistía, la PGR emitió un comunicado en el que apunta que ayer lunes la procuradora Arely Gómez se reunió con Erika Guevara, directora de Amnistía para las Américas, “con quien abordó la situación de los derechos humanos para las mujeres, poniendo énfasis en la situación de la violencia sexual”.
“(La procuradora) reiteró el compromiso de la Representación Social de la Federación para una procuración de justicia eficaz que investigue y persiga, en el ámbito de sus atribuciones, cualquier situación de violencia contra las mujeres, como la tortura sexual”, reza el texto.
Lee aquí el informe completo:
