El gobierno de Nuevo León informó este sábado 4 de junio sobre el embargo al exgobernador Rodrigo Medina de una finca campestre en el municipio de Terán, con una extensión de 35 hectáreas.
[contextly_sidebar id=”E5DAhm3WCR4tl141DDXxlW7O4NIS08WP”]Como parte de sus acciones legales en una operación anticorrupción, las autoridades detallaron que en total aseguraron 22 bienes inmuebles de 11 exfuncionarios de la administración anterior (incluyendo al priista Medina), como medida precautoria.
“Aldo Fasci, Asesor Jurídico del Gobierno del Estado en la Subprocuraduría de Combate a la Corrupción, detalló que de estas propiedades aseguradas, solo una de ellas pertenece al ex Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, ya que otra que tenía la vendió y dos más las cedió recientemente a familiares”, apuntó el gobierno estatal, en un comunicado.
“En términos generales, hasta hoy se han embargado 22 inmuebles. Es un corte en el Estado de Nuevo León, no se ha concluido la función, esa tarea; estamos solicitando colaboración de otros estados para continuar el tema de los embargos”, agregó.
En los próximos días, explicaron, la Subprocuraduría solicitará al Juez de Control fijar las fechas de las audiencias iniciales para los exfuncionarios involucrados, “quienes obligadamente deberán acudir de manera personal, de acuerdo con las reglas del nuevo sistema de justicia penal”.
El pasado viernes 3 de junio, la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Nuevo León anunció acciones contra el exgobernador priista Rodrigo Medina, y 10 funcionarios que colaboraron con él, derivadas de indagatorias por contratos otorgados durante su administración.
Tras el decreto de un juez, se activó un procedimiento para asegurar y embargar bienes de 11 exfuncionarios de la Administración estatal anterior, incluyendo a Medina.
“Dicho aseguramiento, o embargo precautorio de bienes, tiene su origen en la ‘Operación Tornado’, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición”, detalló el gobierno de Nuevo León, en un comunicado.
Entre los delitos señalados, está el de peculado y el ejercicio indebido de funciones, que habrían provocado un daño patrimonial de al menos 3,600 millones de pesos.
En respuesta, en un comunicado citado por el diario Reforma, Medina acusó que hay una persecución política en su contra, con acusaciones lanzadas justo a unos días de las elecciones, y cuando el actual gobierno de Nuevo León enfrenta problemas de inseguridad.
“Desconozco el sustento legal de las acusaciones, ya que no fui citado por el Ministerio Público, lo que me hubiera permitido responder a las infundadas acusaciones”, expresó el político priista.
“Tengo la conciencia tranquila y el pueblo de Nuevo León puede estar seguro de que durante mi gestión no llevé a cabo alguna conducta indebida”, agregó.