Dos militares violaron a una mujer al interior de un cuartel en Tamaulipas
José Roberto Acosta Vargas y Édgar Díaz Frías, tenientes del Ejército, violaron a una mujer al interior de un cuartel militar en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron en 2013 y para 2014 su culpabilidad había quedado clara, pero hasta diciembre de 2015 ambos seguían en activo.
[contextly_sidebar id=”8M4ZC4dEaswLc6c4HuRkN5oKzhuBq9Iu”]La violación ocurrió el viernes 20 de septiembre de 2013. Un día antes, a las 10:00 de la noche, los tenientes José Roberto Acosta Vargas y Édgar Díaz Frías detuvieron su automóvil en el estacionamiento de una tienda de autoservicio para que Josefina subiera. Acosta, quien conducía, aceleró rumbo a la feria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde escucharían al grupo Calibre 50, el cual toca narcocorridos.
Era el primer concierto del grupo sinaloense en territorio tamaulipeco y Josefina había planeado asistir con su novio, el soldado Ángel de Jesús Castillejos. Por la mañana, Ángel le avisó que no la acompañaría, pero le dijo que otro militar iría con ella. No le dijo nombres, sólo que la llamarían para ponerse de acuerdo. Quienes la llamaron fueron los tenientes.
El palenque estaba lleno. Josefina y sus dos acompañantes compraron cervezas y Calibre 50 comenzó a tocar corridos. Pasadas las 2:00 de la mañana del viernes, salieron del palenque y subieron al coche.
Josefina les pidió que la llevaran a su casa, pero Díaz la sujetó por detrás del asiento del copiloto y Acosta Vargas desvió la ruta hacia el cuartel Macario Zamora. Al llegar a la puerta conocida como “Las Perreras” empujaron a la mujer hacia el piso del coche y la amenazaron de muerte para que no gritara. Entraron a la sede, la llevaron a un cuarto y la violaron entre ambos.
Durante la agresión sexual, los tenientes golpearon varias veces a Josefina y la amenazaron con matar a su familia si denunciaba. Acosta Vargas y Díaz Frías sacaron del cuarto a Josefina y la subieron al automóvil. Sin que los guardias los revisaran salieron de las instalaciones militares y la abandonaron en una calle sin dinero ni batería en el celular. La joven caminó durante la madrugada para llegar a las 7 de la mañana a su casa.
CNDH confirma violación
En abril de 2014, siete meses después de la agresión sexual, Josefina y su familia presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. El caso fue remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por tratarse de un caso cometido por servidores público de índole federal.
“Mi hija regresó a mi casa hasta el día siguiente 20 del mismo mes y año, por la mañana, aproximadamente a las 7:00 horas de la mañana…la note mal, desalineada (sic) y extrañada porque llevaba sus zapatos en la mano y su blusa rota…a partir de esa fecha mi hija cambió su carácter tornándose callada, sin salir a ninguna parte…”, declararía la madre de Josefina a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien posteriormente habría de confirmar la violación.
La CNDH investigó el testimonio de Josefina, identificada como V en el documento, y conjuntó las declaraciones de otras 12 personas involucradas directa e indirectamente en el hecho. En el expediente se incluyen las respuestas de los tenientes José Roberto Acosta Vargas y Édgar Díaz Frías, a quienes llaman AR1 Y AR2. Al corroborar el hecho, emitió la recomendación 29/2016, dirigida al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda.
La primera evidencia aportada fue un par de publicaciones de Facebook donde Josefina aparece junto a los agresores: “Viendo al Calibre 50 con el Monstruo” y “Con mi creación…(en la cual aparecía Díaz)”.
El 3 de julio de 2014, Josefina denunció el hecho ante la Procuraduría General de la República (PGR). Al día siguiente, al confirmarse que Acosta Vargas y Díaz Frías eran militares, el Comandante del Primer Regimiento de Caballería Motorizada envió un oficio con las declaraciones de los hombres sobre lo sucedido. Los tres negaron los dichos de la mujer.
Al pasar 10 días, la Dirección General de Derechos Humanos de la Sedena notificó del inicio de una averiguación en contra de “los militares involucrados (por si) llegare a constituir algún delito estrictamente vinculado con la disciplina militar”, refiere el punto 16 del documento.
Visitadores y psicólogos de la CNDH realizaron las entrevistas y las valoraciones psicológicas de la víctima y testigos familiares, para confirmar los hechos. La PGR turnó la denuncia a la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Ésta se declaró incompetente y la remitió a la Agencia para la Protección de la Familia de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, institución que integró una nueva averiguación previa, con fecha de 24 de noviembre de 2014.
Los delitos investigados eran violación, lesiones, privación ilegal de la libertad y robo. Dicho caso se llevó a cabo bajo el nuevo sistema de juicios orales en la Agencia Primera con una carpeta de investigación.
Los presuntos agresores fueron enviados a otros batallones militares. El 1 de junio de 2014 Acosta Vargas se integró al sexto batallón de la segunda brigada de fuerzas especiales en Nogales, Sonora. El uno de octubre del mismo año, Díaz Frías arribó al quinto batallón de la segunda brigada de fuerzas especiales en Escobedo, Nuevo León.
El 8 de octubre, el Órgano Interno de Control de la Sedena determinó que ambos no desempeñaban funciones militares al momento de la agresión, por lo que no los investigaría. El caso lo dejó en manos de la Procurador estatal, quien lo remitió al Agente Tercero del Ministerio Público. Sin embargo, para el 28 de enero de 2016 la instancia estatal devolvió el caso a la PGR, argumentado incompetencia.
Declaraciones cruzadas
Los militares Acosta Vargas y Díaz Frías dieron diferentes declaraciones a los agentes de los Ministerios Públicos militar, federal y estatal. Ambos negaron los hechos, a pesar de las fotografías mostradas por la víctima. Las contradicciones fueron aclaradas con las entrevistas a los militares que hicieron guardia el 19 de septiembre de 2013. Estos militares, identificados en el documento como SPM3, APM4 Y SPM7, corroboraron a la Policía Ministerial Militar que los dos hombres salieron del cuartel para ir al concierto de Calibre 50.
El regreso a las instalaciones, entrando por la puerta llamada “Las Perreras”, fue confirmado por Díaz Frías y otros soldados. Inclusive, el testimonio de otro militar señalado como SPM10 revela que en ocasiones anteriores Acosta Vargas dio la orden de dejar accesar a mujeres.
En posteriores declaraciones, Acosta Vargas y Díaz Frías dijeron que tuvieron relaciones sexuales consensuadas con Josefina. No obstante, la versión es cuestionada por la Comisión debido a que antes el mismo soldado rechazó conocer a la víctima. A diferencia de los hombres, la versión de V se respalda con la declaración del informe de la PGJ, las declaraciones de dos militares y la inspección ministerial a la habitación, donde fue agredida. Ante la veracidad de la denuncia, la Sedena otorgó una indemnización Y atención psicológica especializada para V.
La captura de Acosta Vargas y Díaz Frías no se ha concretado, porque el Ministerio Público Federal argumento incompetencia para investigar y analizar las pruebas. Por ello, la CNDH pidió al Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, aporte la recomendación a la averiguación previa número 3 de la PGR. Asimismo, el ombudsman Luis Raúl González Pérez pide al órgano de control interno militar continúe con la investigación contra los militares, que hasta diciembre de 2015 seguían en activo.
De 1990 a 2016 la CNDH ha emitido 141 recomendaciones a la Sedena. En los recientes 14 años se verificaron 5 casos de agresiones sexuales perpetradas por soldados en Coahuila, Baja California, Chihuahua y dentro de la escuela Médico Militar.
