¿Los partidos se salen con la suya? Estas son las fallas de la justicia electoral en México
Sentencias contradictorias, procesos que se alargan por años, expedientes de resolución sin argumentos, multas que se quitan o ponen arbitrariamente, sobreprotección al financiamiento de los partidos políticos y leyes que se reforman en cada proceso, son el común denominador de la justicia electoral en México.
[contextly_sidebar id=”FNUw6m32Y8qYLeMGv8HCWouzYtofqfNi”]Especialistas en derecho y justicia electoral llegaron a estas conclusiones tras analizar una decena de resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos resultados fueron presentados en el seminario denominado “La (in)justicia electoral en México”.
Para los expertos, casos como el del Partido Verde y sus sanciones revocadas, la sustitución hasta en dos ocasiones del logo de Morena en una boleta, o la reinstalación de David Monreal como candidato a gobernador por Zacatecas, evidencian un sistema de justicia que adolece de rigor, celeridad y equidad.
“Hay fuerte inconsistencia en decisiones del Tribunal que un día toma una decisión en una dirección, y al otro día cambia. Tenemos un sistema electoral que hoy genera incertidumbres y no certezas”, dijo Pedro Salazar, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Estas son algunas de las fallas encontradas por los especialistas en el sistema de justicia electoral:
1. Sobreprotección a partidos y su dinero
La justicia electoral sobreprotege a los partidos políticos en México y en especial sus recursos económicos.
“Hay un manto protector al financiamiento de los partidos políticos. Es un tema que se ha vuelo intocable. De por si la ley ya es bastante benéfica con las multas que se imponen pues se pagan a plazos, de poquito en poquito… pero además tenemos casos en que el tribunal aplaza resoluciones para no afectar a un partido político en sus recursos” dijo Arturo Espinosa Silis, Maestro en Derecho y experto en justicia electoral.
Un ejemplo de ello, dijo, son las impugnaciones que hizo el Partido Verde a una sanción de más de 190 millones de pesos, que la Unidad de Fiscalización del entonces IFE le impuso por promocionar su imagen en 2009. Tres años después, con el voto de cinco magistrados (dos estaban de vacaciones) la Sala Superior revocó todas las multas impuestas. El Verde no pagó un solo peso.
A esto se suman reducciones y cancelaciones que ha hecho el Tribunal a sanciones en prerrogativas impuestas al Partido Verde, como por ejemplo sus tiempos en radios y televisión.
Otro caso es la impugnación que realizó Morena por el cobro inmediato de multas que le impuso el INE en 2015. Luego de cuatro meses de análisis en los que incluso corrió deficiencias en la queja del partido, el Tribunal les dio la razón y anuló el cobro.
“Igual existió otro caso donde al PRD un juez federal le ordenó embargarle el financiamiento por multas impuestas del INE pero lo impugnaron ante el tribunal y el resultado es que el financiamiento es inembargable, intocable, casi como si fuera el Derecho a la Vida. No se puede tocar el financiamiento de un partido, y aunque no pagues las multas, un juez no puede ordenártelo. Así la justicia” dijo Espinosa Silis.
2. Tribunal todopoderoso
En el papel, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un órgano encargado de resolver los casos más conflictivos o de excepción. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido en la “ventanilla” donde llegan casi todos los casos, con los magistrados decidiendo la mayoría de las sanciones.
“La función del tribunal es hacer valor la constitución y leyes. Hay casos donde hay un margen de interpretación porque las normas están así diseñadas y es necesaria la intervención del tribunal que debería ser excepcional y subsidiaria, sin embargo, ahora por estrategia de los partidos políticos se llevan muchos casos al tribunal electoral” dijo Salas.
El problema, explica el investigador en derecho Constitucional y Electoral Hugo Concha Cantú, es que los magistrados de la Sala Superior se han asumido como “superiores jerárquicos” incluso del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con las capacidades de modificar a discreción casi cualquier sanción previamente impuesta.
Lo anterior ha quedado demostrado no solo con la anulación de sanciones económicas, sino revirtiendo determinaciones de la autoridad electoral como por ejemplo, al reinstalar la candidatura de David Monreal a la gubernatura de Zacatecas, pese a que no reportó gastos de precampaña.
Para Concha Cantú, la actuación de los magistrados del Tribunal debería ceñirse a revisión de procedimientos y si concluye que estos no fueron adecuados, instruir al INE o al órgano electoral del estado que corresponda que los corrija, pero no autoerigirse ellos como sancionadores también.
“Las resoluciones del Tribunal deberían ser siempre para efectos puesto que la autoridad administrativa (INE y órganos electorales) es la que cuenta con los especialistas, con el conocimiento, con los espacios de negociación. No es así con las ponencias del tribunal electoral que no solo revocan sino establecen la última forma de la sanción” dijo el experto.
3. Resoluciones lentas e incongruentes
Las determinaciones del Tribunal electoral en muchas ocasiones adolecen de congruencia o debida fundamentación, advirtieron los especialistas, situación que no solo entorpece al aparato de justicia sino que además tiene costos políticos y económicos.
Espinosa Silis recordó el caso ocurrido con Morena en el proceso electoral federal pasado, en el que se tuvieron que cambiar hasta en dos ocasiones las boletas por una interpretación ambigua de la ley que hizo el tribunal. Todo inició con la queja de otros partidos porque el logo de Morena era más grande de boleta.
“El INE lo desestimó pero los magistrados del Tribunal dijeron que todos los logos tenían que ser iguales cuando la ley dice que deben ser proporcionales, entonces cuentan los milímetros, hacen una nueva boleta pero Morena queda chiquito porque lo metieron en un cuadrado. Entonces Morena se enoja, impugna al Tribunal y los magistrados dice: no pues si está muy chiquito y entonces volvieron a corregir pero quedo casi igual. O sea el absurdo” dijo Celis.
El caso del Partido Verde es otro ejemplo de incongruencia. Las 570 hojas de la sentencia que revocó las sanciones por más de 190 millones de pesos tras la propaganda indebida de 2009, no fundamentan dicha determinación en ninguno de los cinco agravios que expuso el partido sino en un sexto que los magistrados determinaron ellos mismos, relacionado un tema de supuesta “inconsistencia”.
A esto se suma un “formalismo excesivo” que hay en todos los procedimientos, incluyendo una “cadena de impugnación” que cada vez se ha ido haciendo más grande bajo la falsa premisa de que ante más instancias para presentar una impugnación, se tiene na mejor justicia-
Pedro Salazar del Instituto de Investigaciones jurídicas dijo que hay sentencias que ha tomado el tribunal que incluso resultan contrarias a lo que la ley marca, como el caso de David Monreal en el que se le reinstaló la candidatura pese a que era claro que no presentó gastos de precampaña.
“Este es un ejemplo de cómo hay consecuencias muy claras de una mala decisión. Hoy varios de los candidatos no han presentado sus informes financieros y parece ser que el que viola ley se sale con la suya
4. Dudosa autonomía
Otro tema alertado por los especialistas es el de la autonomía del Tribunal Electoral, quien en teoría debería ser independiente de cualquier interés político, pero que en los hechos podría no ser real.
“Se advierten valoraciones no solo jurídicas sino también políticas que terminan llevando al tribunal electoral ha tomar decisiones que sorprenden a propios y extraños” dijo Salazar.
Por ello consideró necesario que se hagan ajustes para eliminar “incentivos perversos” que operan actualmente. Por ejemplo, dijo que “debe establecerse un impedimento para que los magistrados en funciones aspiren a ser ministros de la Suprema corte de Justicia, los cuales requieren de apoyo político. Hay que recuperar certeza”.
El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas consideró que lo más prudente de cara a la renovación de magistrados el próximo noviembre, es buscar juristas plenamente comprometidos con las leyes y la constitución y que tengan una “trayectoria intachable” en el área profesional en la que se hayan desempeñado.
Concha Cantú dijo que es claro que hay una partidización de los nombramientos en los órganos electorales, por lo que podría ser necesario un rediseño institucional
5. Reformas y más reformas
Otro elemento expuesto por los especialistas que juega en contra de una justicia electoral efectiva, son los constantes cambios a las leyes en la materia que acontecen año con año, y que no solo confunden a los ciudadanos sino a las propias autoridades.
Javier Angulo, especialista en Derecho Electoral, dijo que las modificaciones constantes del marco jurídico impiden que se siente jurisprudencia, y por ende, que haya criterios homologados en la resolución de uno u otro caso.
“Cada elección se encuentra algo que cambiar, se hacen más delitos, más regulaciones, y entonces reforman la ley electoral. Todas las elecciones para elegir al ejecutivo federal se han llevado sin una misma legislación electoral y esto no permite que haya una jurisprudencia estable que guie los precedentes” dijo Angulo.
En este contexto el Tribunal Electoral carece de facultades para establecer una jurisprudencia debido al cambio del marco jurídico, lo que en concusión, genera fallos que no son medidos con la misma vara.
