La reforma antiaborto de Duarte va por su votación definitiva en el Congreso local

En la realidad, sin embargo, esto no se cumple a cabalidad cuando se habla de aborto, “ya que, al impedirse a las mujeres acceder a servicios legales y seguros para interrumpir un embarazo, esas mujeres ven también cancelado su derecho a la salud, su derecho a la libertad reproductiva, y su derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida”, explica Rebeca Ramos.

Es por ello que, subraya, aunque la reforma del gobernador Duarte y grupos religiosos afirma proteger la vida, “en realidad no protege nada: pone a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, en un contexto en el que, de por sí, vemos cómo en Veracruz hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres”.

La especialista del GIRE pone dos ejemplos del contexto de violencia contra las mujeres en el que se da la reforma antiaborto de Veracruz: “según la Encuesta Nacional de Dinámica de las Relaciones en los Hogares, Veracruz es el cuarto estado en el que las mujeres sufren más violencia física y sexual por parte de sus parejas; por otro lado, en 2013, el promedio de muertes maternas en Veracruz era superior al del resto del país. En este contexto se da la reforma al artículo 4, que lejos de ser una medida que proteja adecuadamente a las mujeres, generará un clima de criminalización penal, con efectos negativos en el acceso a servicios de salud”.

Castigo a la pobreza

Según Daniela Tejas, también integrante del Fondo María, “el aborto seguro para la salud de las mujeres es una realidad en México, desde hace muchísimos años, pero sólo para aquellas mujeres que cuentan con recursos económicos, aquellas que pueden pagar un médico particular o un viaje a Estados Unidos… por ello, el efecto criminalizador de estas reformas es sufrido en los hechos por las mujeres más vulnerables: las que tienen menos recursos económicos, menos información, menor nivel educativo, muchas de las cuales viven en zonas rurales o son indígenas. Entonces, este tipo de acciones del gobierno vulneran a personas que ya, de por sí, enfrentan una situación bastante vulnerable”.

El Fondo María, de hecho, fue creado como una iniciativa civil que busca tender un puente hacia esas mujeres. “No puede ser que todas seamos mexicanas –remata Oriana López–, y que las mujeres que vivimos en la Ciudad de México tengamos más derechos que el resto. Este fondo ayuda a mujeres de otras entidades de la República con transporte, hospedaje y alimentación, para que puedan acudir a la capital del país”, donde la interrupción del embarazo es legal dentro de los primeros tres meses.

Entre el año 2009 y el 2014, el Fondo María ayudó a 117 mujeres de Veracurz, para practicarse un aborto en la Ciudad de México.