La inhumación de cuerpos en Tetelcingo ¿se hizo en una fosa común o una fosa clandestina?

El 28 de marzo de 2014, la Fiscalía General del Estado de Morelos trasladó más de cien cadáveres que permanecían en su servicio forense desde 2011, hacia un panteón, ubicado en el poblado de Tetelcingo.

[contextly_sidebar id=”L7BA0sRDgolNMvbpi9Dh0TmixkVQZe5K”]Las irregularidades relacionadas con esta inhumación no se limitan a la falta de permisos del panteón: las autoridades han dado distintas versiones sobre el número de cadáveres depositados (primero se dijo que 150, luego 118); además, al menos ocho de estos cuerpos no cuentan con un expediente que señale cómo murieron estas personas ni cómo llegaron sus cadáveres a manos de la Fiscalía; y en al menos un caso se ha demostrado que existió falsificación del acta de defunción.

Casi un año después, el 26 de noviembre de 2015, la polémica por este caso obligó al fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, a rendir un informe ante el Congreso de Morelos, en el cual destacó que ya se inició una averiguación previa en contra de los funcionarios implicados en este caso, aunque, inmediantamente después, aseguró que la de Tetelcino no es una “fosa clandestina”, tal como la perciben las víctimas.

A continuación, te presentamos una síntesis de los argumentos esgrimidos tanto por aquellos que consideran la fosa de Tetelcingo como un enterramiento no sólo ilegal, sino “criminal”, así como las explicaciones oficiales que defienden la legalidad de los procedimientos seguidos en marzo de 2014, cuando en este lugar fueron depositados los cuerpos.

Tal como consta en el oficio CJ/302/2015, del 13 de noviembre de 2015, el panteón de Tetelcingo, no contaba hasta esa fecha con “licencia para su funcionamiento como un establecimiento de prestación de servicios públicos”.

De hecho, este panteón obtuvo su permiso de operación apenas en enero de 2016, como parte de las acciones administrativas emprendidas por las autoridades para la recuperación legal de los cuerpos depositados en 2014 por la Fiscalía de Morelos.

Hasta la fecha, la Fiscalía no ha logrado explicar qué razonamiento se siguió para decidir que Tetelcingo era el mejor lugar para crear una “fosa común“, tal como la describió el fiscal Pérez Durón, a pesar de que no contaba con permisos de operación.

Peor aún: la Fiscalía no cuenta con ningún documento que formalice la creación o las operaciones de la fosa de Tetelcingo, o que establezca éste como un punto oficial de disposición de cuerpos no reclamados.

Pero para las familias de víctimas de desaparición, la de Tetelcingo debe ser considerada una “fosa clandestina” no sólo por haber sido excavada en un panteón irregular, sino también por las anomalías presentes durante el proceso de inhumación.

Por ejemplo, al ser depositados los cuerpos, su número no fue registrado de manera eficaz: la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Cuautla –al que pertenece Tetelcingo– reportó el 28 de marzo de 2014 que fueron 150 los cuerpos enterrados; la Fiscalía, por su parte, asegura que en un primera excavación depositó 54 cadáveres, y en una segunda excavación, otros 64, para dar un total de 118.

De la fosa con 54 cadáveres, fueron extraídos dos, para ser devueltos a sus familiares, por lo que, según las cuentas oficiales, en ese primer punto de excavación quedaron 52 cuerpos.

No obstante, durante las labores para la recuperación de estos cadáveres iniciada el pasado 24 de mayo, ahí fueron encontrados 53 cuerpos, es decir, uno más de los reconocidos por la Fiscalía.

Roberto Villanueva, director del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos –institución que participa en la recuperación de los cuerpos iniciada la semana pasada– informó, además, que de esos 53 cuerpos, se han encontrado “muchos” sin autopsia.

Esa es una irregularidad muy grave, destacó Villanueva, ya que son cadáveres de personas cuya muerte no investigó la Fiscalía.

“Debe destacarse –concluyó Villanueva– que el problema de la fosa de Tetelcingo no fue provocado por el pueblo de Tetelcingo. El dueño de este panteón es una persona humilde, campesina, que hace 18 años comenzó a tramitar los permisos para el establecimiento del panteón, pero quedaron inconclusos… este panteón fue creado por decisión del pueblo, ya que el panteón anterior era muy chico y se saturó, y entre todos los comuneros eligieron esta fracción de tierra, que es muy árida e improductiva, para depositar aquí los restos de sus seres queridos… El panteón tiene un dueño, sí, porque fue creado en su parcela, pero la decisión fue comunal.

El problema de la fosa, en realidad, fue creado por la Fiscalía, porque fue este órgano de gobierno el que solicitó en donación ese espacio, y la Fiscalía le aseguró a los pobladores que todo estaba en regla, que su fosa era legal y que actuaban conforme a derecho.”

La averiguación previa iniciada contra los funcionarios involucrados, sin embargo, deja ver que, al menos para el Ministerio Público, dicho procedimiento no fue legal. Ahora será un juez penal quien tenga la última palabra.

Por qué no…

Según el informe presentado por el fiscal Pérez Durón en noviembre de 2015, la Fiscalía General del Estado excavó su “fosa común“, luego de constatar que desde 1998 sus propietarios habían iniciado los trámites para su entrada en funcionamiento.

Como prueba, de que esa consulta fue realizada, el fiscal presentó documentos tanto de la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal, como de la Comisión Nacional del Agua, en los que se le informa que, efectivamente, en los años 98 y 99 se realizaron gestiones ante estas dependencias oficiales, para obtener el permiso de operación del panteón.

“De lo anterior –señaló el fiscal– es que la Fiscalía General del Estado solicita al propietario del panteón la donación de una fosa.”

Sin embargo, los documentos tanto de la Secretaría de Desarrollo Sustentable estatal, como de la Conagua, tienen fecha del 18 de noviembre de 2015, lo que evidencia que la Fiscalía consultó a estas dependencias sobre las autorizaciones del panteón, más de un año después de haber excavado la fosa de Tetelcingo.

Para defender la legalidad de la fosa, el fiscal Pérez Durón informó también que la ésta no fue excavada de forma arbitraria, sino que antes se solicitó su donación a su propietario, el cual consultó la decisión con los comuneros.
Como prueba, nuevamente, el fiscal presentó tanto la carta con la que solicitaron la donación de la fosa, como la respuesta por escrito del dueño del panteón.

Brinca, sin embargo, una anomalía inexplicable: la carta con la que la Fiscalía solicitó la donación está fechada el 25 de marzo de 2014.

En contraste, la carta en la que el dueño del panteón otorga su consentimiento lleva fecha del 8 de enero de 2014. Es decir que, según estos documentos exhibidos por el fiscal Pérez Durón, la donación fue anunciada tres meses antes de que fuera solicitada.

Según el fiscal, la operación cotidiana de este panteón desde hace al menos 16 años, aún sin contar con permisos, y la autorización escrita del dueño para que ahí excavaran, hacen de ésta una “fosa común“, y no un lugar de enterramientos clandestinos.

Epílogo 

Este lunes, 30 de mayo, reiniciarán las labores iniciadas la semana pasada para la recuperación de los cuerpos inhumados en Tetelcingo.

Luego de que se tomen muestras genéticas para su identificación, los cuerpos se depositarán en un espacio especialmente creado con ese fin en el panteón legal de Jardines del Recuerdo, en Morelos.