3 periodistas asesinados y 69 agresiones a la prensa en el primer trimestre de 2016
En los primeros tres meses de 2016 la mitad de las 69 agresiones que se han cometido contra periodistas provinieron de funcionarios públicos, sobre todo integrantes del Ejército y fuerzas federales, de acuerdo con el primer informe trimestral de Sin prensa no hay democracia que realizó la organización Artículo 19.
[contextly_sidebar id=”YJvdlNLbYUvlpa06uKRzr7TCTVgrzVoN”]El año pasado fue letal para la prensa en México: se registraron 397 agresiones, incluyendo siete asesinatos, pero el panorama de 2016 no parece mejorar. Sólo de enero a marzo tres periodistas fueron asesinados y 69 sufrieron agresiones.
En 33 de los casos -47% del total- los funcionarios fueron señalados como los agresores; sin embargo, las autoridades niegan su responsabilidad y no abren investigaciones en contra de los servidores públicos. “Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las víctimas”, advierte la organización en su informe.
Las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz, gobernada por Javier Duarte, con 17; Guerrero, cuyo gobernador es Héctor Astudillo, con 11; y la Ciudad de México, gobernada por Miguel Ángel Mancera, con nueve. Estas entidades también registraron la mayoría de ataques a la prensa el año pasado.
En los primeros tres meses de 2016 hubo 15 amenazas contra periodistas, un ataque contra un medio de comunicación, 19 ataques físicos o materiales, 12 casos de hostigamiento y acoso, ocho actos de intimidación, seis privaciones ilegales de la libertad y cinco casos de violencia institucional.
Los medios digitales sufrieron 27 ataques, lo que los coloca con el mayor número de agresiones. Le siguen los medios impresos, con 14; las agencias de información, con nueve; la televisión, con siete; y la radio, con seis. Además, seis periodistas independientes o freelance fueron agredidos.
De acuerdo con Artículo 19, al atacar a un periodista o medio de comunicación “se vulneran los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la información”. Y en México, las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su labor, agrega el documento, “no ha mejorado, al contrario cada vez son más precarias”.
Además, el Estado ha sido omiso en su obligación por brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra la prensa. “La impunidad que prevalece en el país es un aliciente para la repetición constante de estos actos”, advierte.
Cada año, el número de agresiones contra la prensa aumenta. Artículo 19 documentó 397 agresiones en 2015, mientras que en 2014 se registraron 326. Sólo en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto -del 1 de diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2016- se han registrado 1,142 agresiones. “El incremento en las incidencias actúa en contra del ejercicio de la libertad de expresión y expone el nivel democrático de nuestro país”, advierte la organización.
Los periodistas asesinados
Marco Hernández Bautista, corresponsal de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca, fue asesinado con un arma de fuego en el municipio de San Andrés Huaxpaltepec, Oaxaca, el 21 de enero pasado.
El periodista había expresado temor por posibles represalias debido a su trabajo, que incluía la cobertura local electoral y su impacto en los grupos de poder. Además cubrió la gira de Andrés Manuel López Obrador en la región y la situación de las radios comunitarias en la zona.
La reportera de El Sol de Orizaba, Anabel Flores Salazar, fue privada de la libertad, torturada y asesinada por sujetos que vestían prendas de tipo militar la madrugada del 8 de febrero de 2016.
Su cuerpo fue encontrado el martes 9 en el municipio de Tehuacán, Puebla. Desde el momento en que las autoridades se enteraron de los hechos, criminalizaron a la periodista y declararon que se investigaba su vínculo con integrantes del crimen organizado.
Esto descartó una debida investigación basada en la labor periodística, toda vez que la reportera cubría la fuente policíaca e investigó casos de desapariciones forzadas en el estado.
Moisés Dagdug Lutzow, conductor de la estación XEVX “La grande de Tabasco” y del canal local de televisión TVX, fue asesinado con un arma punzo cortante en su casa el 20 de febrero de 2016 en Villahermosa, Tabasco. El periodista había recibido amenazas e incluso cambió el sistema de seguridad de su hogar a partir de esos hechos. Dagdug Lutzow difundía temas críticos de la administración estatal del gobernador Arturo Núñez Jiménez.
Aunque la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Procuraduría General de la República es la encargada de investigar los delitos que atentan contra la libertad de expresión, argumenta que las fiscalías locales deben comprobar el nexo de la labor periodística para determinar la atracción de los casos. Pero esto “desdibuja la especialidad de la FEADLE y debilita su función en las investigaciones”.
Ataque contra mujeres
En lo que va del año, 19 mujeres periodistas fueron agredidas. De ellas, al menos siete se dieron con componente de género y los efectos afectan su vida personal, psicosocial y profesional.
En las redes sociales han ocurrido amenazas debido a que para los agresores resulta “efectivo” acosar y hostigar a mujeres periodistas por ese medio, tomando en cuenta que este tipo de actos en la red quedan impunes.
Por ejemplo, en las agresiones contra la periodista Gloria Ruiz García, de Ciudad Acuña, Coahuila, acosada sexualmente y amenazada de muerte, las autoridades federales y estatales intentaron desechar el caso al decir que no se consumó el delito, además buscaron una conciliación con el agresor, el líder de una organización política de la entidad.
Estas son las exigencias de Artículo 19:
1) A las autoridades encargadas de la procuración de justicia: que cada uno de los ataques contra la prensa sean investigados tomando en cuenta la labor del periodista o comunicador, su línea informativa.
2) A los organismos nacionales de protección y defensa de derechos humanos: que analicen cada uno de los casos, a la luz de la afectación que genera la muerte de un periodista o comunicador a la libertad de expresión y recomienden a las autoridades involucradas acciones efectivas que garanticen la verdad, la justicia y la reparación.
3) Al poder legislativo federal y local: que se abstenga de promover la aprobación de normas que inhiben o limitan la libertad de expresión de forma directa o indirecta.
