A pesar de que el municipio de San Fernando, Tamaulipas, estuvo ocupado por fuerzas federales y era foco de atención internacional por los escándalos suscitados a partir de la masacre de 72 migrantes en agosto de 2010 y siete meses después del hallazgo de 47 fosas clandestinas con 196 cadáveres de viajeros asesinados por Los Zetas, las desapariciones de personas continuaron.

[contextly_sidebar id=”pwlBcjQ6RndXG1ZzuXiqdly55iem1JCF”]Las carreteras no dejaron de ser peligrosas: la captura, retención y desaparición de pasajeros no cesaron pese a que la Marina y el Ejército, así como funcionarios de la PGR tenían presencia en la zona debido al levantamiento de los cadáveres.

Los amigos Daniel Galindo Acosta y Karla Cruz García desaparecieron entre el 20 y 21 de abril de 2011, cuando pasaban por ese municipio con rumbo a Poza Rica, Veracruz, a pesar de que en ese momento el Ejército realizaba las exhumaciones de las fosas clandestinas y la Marina hacía patrullajes.

Las autoridades nunca alertaron sobre el peligroso recorrido, a pesar de las denuncias acumuladas por desapariciones. Los autobuses de pasajeros comerciales tampoco dejaron de vender boletos.

El guanajuatense Santiago Vázquez García, proveniente de Los Mezquites, Celaya, es otra de las víctimas. Él salió con un amigo, llamado Juan Carlos, el 14 de septiembre de 2011, con destino a Monterrey, Nuevo León, con el fin de tratar de cruzar a Estados Unidos. Pero un día después fueron secuestrados en General Treviño, Nuevo León: zona Zeta, al igual que San Fernando.

En el año 2011 fueron asesinados sin piedad, o capturados y enviados a campamentos, decenas de viajeros que se trasladaban en autos particulares o autobuses por Tamaulipas o Nuevo León.

Arturo y Axel Román: dos hermanos desaparecidos en San Fernando 

Cuando cerraron la puerta de la cajuela, Axel atinó a mandar un mensaje: “Nos acaban de secuestrar en San Fernando, no hagas nada, si llega a pasar algo solo avísale a mis papás. Gracias, los quiero. A mi me metieron a la cajuela, no me marques ni nada”.

Don Arturo Román, padre de los jóvenes, los esperaba por la mañana del día 26. Como no llegaron, comenzó su búsqueda y el amigo le avisó del mensaje. De inmediato tomó un vuelo para indagar sobre su paradero.

Llegó a Reynosa y condujo hasta San Fernando. No encontró policías en la oficina para pedir auxilio. Tampoco había instalaciones de Servicio Médico Forense en el municipio. Entonces acudió a las cuatro funerarias que había y rogó para que le permitieran ver los cadáveres. En una de ellas encontró los cuerpos apilados en el piso espolvoreados con cal, lo cual daña los restos para identificaciones genéticas. Ninguno de los cuerpos pertenecía a sus hijos.

Después, don Román acudió al restaurante Don Pedro, de donde le llamaron sus hijos por última vez. Ahí supo que llegaron la noche del 25 de agosto a cenar carne asada y, cuando esperaban los platillos, llegó un grupo de  hombres armados a bordo de una camioneta negra y un automóvil gris y se los llevaron. A Arturo lo subieron a la camioneta, a Axel a la cajuela del automóvil. Antes de partir, uno de los delincuentes se llevó la camioneta Gran Caravan donde los hermanos viajaban.

[animalp-quote-highlight position=”left”]Señor, no le mueva. Mire, ¿ve ese helicóptero sobrevolando ahí? Es un campamento Zeta, pero quien se meta ahí, de ahí no sale, entonces no le mueva.[/animalp-quote-highlight]

El restaurante donde secuestraron a sus hijos está ubicado en el libramiento de San Fernando, a menos de 500 metros del cuartel de la Policía Federal, pero nadie los auxilió.

Con esa reconstrucción, don Román se dirigió a la oficina de la Procuraduría estatal en San Fernando, pero no pudo denunciar el secuestro de sus hijos, porque el ministerio público Roberto Jaime Suárez había sido desaparecido por encabezar la investigación de la masacre de 72 migrantes, ocurrida 3 días antes, también en San Fernando. El funcionario apareció muerto en la semana siguiente.

Don Román tuvo que conducir 130 kilómetros hasta Matamoros para poner la denuncia penal, cuyo expediente terminó de vuelta en San Fernando, empolvándose.

Desesperado, sin encontrar apoyo en ninguna parte, acudió ante un retén de marinos, quienes le dijeron: “Señor, no le mueva. Mire, ¿ve ese helicóptero sobrevolando ahí? Es un campamento Zeta, pero quien se meta ahí, de ahí no sale, entonces no le mueva. Aquí no puede hacer nada y está haciendo muchas preguntas, mejor sálgase porque lo van a matar, aquí está la plaza muy caliente ahorita”.

En abril de 2011, cuando se descubrieron las 47 fosas clandestinas con 193 cadáveres en su interior, don Román viajó de nuevo a San Fernando para buscar alguna pista de sus hijos. Con otros cientos de familias reclamó al Servicio Médico Forense de Matamoros ver los cadáveres, pero solo pudo acceder a las fotografías. Durante más de dos horas observó detenidamente cerca de 200 fotos. No reconoció a sus hijos.

Las autoridades le tomaron pruebas de ADN, pero a la fecha, casi cinco años después, no le han dado respuesta alguna.

Daniel y Karla: desaparecidos a pesar de la Marina

Los veracruzanos Daniel Galindo Acosta y su excuñada Karla Cruz García vivían en Reynosa, Tamaulipas. Querían pasar las vacaciones de Semana Santa con sus familias en Poza Rica, Veracruz, así que se organizaron para irse juntos.

Planeaban un viaje tranquilo: a temprana hora del miércoles 20 de abril Karla metió a la agencia el automóvil Avenger, en el que siempre viajaban, para no tener complicaciones mecánicas. Daniel le avisó a su familia que saldrían la mañana del jueves para no tomar la carretera de noche, debido a la inseguridad; sin embargo, ese mismo miércoles les entregaron el auto, terminaron unos pendientes y comenzaron el viaje por la tarde. No llegaron a su destino.

Las familias empezaron con la búsqueda al día siguiente. Preguntaron en casetas, hospitales y cárceles, pero no encontraron pistas.

En la compañía telefónica, alguien les ayudó a revisar los registros de sus celulares: su último movimiento fue en San Fernando.

Luego acudieron a las instalaciones de la Marina, ahí les informaron que el día de los hechos hubo un retén a la altura de San Fernando: pero que los marinos se fueron a las diez de la noche y dejaron sola la carretera, de acuerdo con un familiar que pide el anonimato.

Justo en esos días, en ese municipio seguían los movimientos de militares, marinos y funcionarios de la PGR, así como de periodistas, asignados ahí por el hallazgo de las fosas que se exhumaban.

La denuncia por desaparición fue interpuesta el 23 de abril de 2011 en Reynosa y, al mismo tiempo, en Veracruz, en el municipio de Poza Rica, donde quedó asentada con folio PZR-1/281/2011-III.
A unos días de cumplirse cinco años de la desaparición de Daniel y Karla su caso sigue sin avances.

El horror no se detuvo

[contextly_sidebar id=”vKTneKRAVhx4tXtZNtMdDgbOpYid7Ppc”]A cinco meses del hallazgo de las fosas de San Fernando, el horror para los viajeros continuaba en las carreteras del norte.

El guanajuatense Santiago Vázquez García salió con su amigo Juan Carlos el 14 de septiembre de 2011 de Celaya, con destino a Monterrey, para tratar de llegar a Estados Unidos. Un día después fueron secuestrados en el municipio de General Treviño. 

La última vez que alguien supo de Santiago fue el 19 de septiembre. Un hombre, prisionero como él, lo vio en una bodega amarrado junto a otros 27 hombres que Los Zetas habían  capturado cuatro días antes y que venían a bordo del mismo camión. El hombre pudo escapar e informó lo que vio en un retén militar, donde lo ignoraron.

“Si le hubieran hecho caso sabrá dios qué hubiera pasado”, lamenta María de Jesús García, su madre.

Ella sabe que dos días después, otro hombre logró escapar y regresó malherido a su pueblo para contar lo que había sucedido. Éste aportó la mayor cantidad de datos y dio una posible ubicación de la bodega a la Procuraduría General de la República. Pero María de Jesús dice que no lo escucharon a tiempo.

Cuando la PGR armó el operativo para entrar a la bodega señalada, ésta ya no existía: había sido  derribada. Y no volvió a saberse del resto de prisioneros que habían sido vistos con vida.

Cuatro años después del suceso en General Treviño, la investigación sigue sin avances. María de Jesús cuenta que cuando buscaba a su hijo —al lado de un grupo de familias de jóvenes desaparecidos en el mismo trayecto rumbo al norte— tuvieron una reunión con el subprocurador de Justicia de Celaya, Armando Amaro Vallejo. María lo cuestionó sobre los avances del caso, él se limitó a responder: “Parece que se los hubiese tragado la tierra”.

El 30 de enero de 2012, Enrique Aurelio Elizondo Flores, de apodo “El Árabe” y quien controlaba la zona de Nuevo León para Los Zetas, fue presentado por la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) y confesó por lo menos 75 asesinatos. La mayoría de sus víctimas eran pasajeros de autobuses interceptados entre marzo de 2010 (cinco meses antes de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando) hasta octubre de 2011.

El modus operandi que explicó —según las autoridades— consistía en bajarlos de los camiones, torturarlos, asesinarlos y calcinar los cuerpos.

En la conferencia de prensa que se llevo a cabo el día del anuncio de su captura, el procurador estatal, Adrián de la Garza, sostuvo que esta persona “privó de la libertad y asesinó a decenas de pasajeros de mínimo tres distintos autobuses procedentes de Reynosa, porque supuestamente al menos los 50 ocupantes de uno de los camiones pertenecían a una banda rival”.

Esta fue la misma versión que las autoridades dieron a María de Jesús y a los familiares del grupo con el que viajaba Santiago. En total, la Procuraduría recibió 28 denuncias por desaparición de pasajeros de ese mismo camión. Aunque pueden haber sido más los secuestrados.

La Procuraduría informó a esas familias que el 21 de enero de 2013 encontraron restos calcinados que correspondían a los viajeros desaparecidos.

“Pero son rumores, sólo son rumores”, dice la hermana de María de Jesús, Concha Vázquez, quien hasta ese momento escuchaba en silencio la entrevista.

[animalp-quote-highlight position=”left”]No voy a dar cristiana sepultura a unas  cenizas que no vayan a corresponder con mi hijo[/animalp-quote-highlight]

La familia de María de Jesús insiste en la búsqueda de su hijo. Las demás familias perdieron la  esperanza el día que la Comisión Estatal de Derechos Humanos los mandó llamar a Monterrey para mostrarles un video de la supuesta ejecución de las víctimas. A ella no le permitieron verlo

“Ese día me quedé esperando a los compañeros pero nunca pasaron por mí, acordaron ir puros hombres y nadie tuvo el valor de ver los videos”. En la Comisión les advirtieron que las imágenes eran sumamente violentas. Les comentaron que los habían mutilado y después asesinado y que en realidad sería difícil reconocerlos porque todos tenían el rostro cubierto.

A pesar de ello, María insiste en que ella reconocería la silueta o las manos de su hijo si le hubieran permitido ver las imágenes. “Yo a lo mejor me hubiera desmayado, me hubiera vuelto loca, lo que dios hubiera querido, pero sí me hubiese gustado ver esos videos para ver si estaba”.

El 6 de diciembre de 2013 entregaron a dos familias las cenizas de dos cuerpos que, resignadas, los recibieron.

“Soy la persona que menos tiene dinero del grupo, pero yo no voy a dar cristiana sepultura a unas  cenizas que no vayan a corresponder con mi hijo”, asegura ella, valiente, a pesar de haber recibido en su hogar visitas “sospechosas” de hombres armados que mintieron diciendo que eran de la PGR.

Fue una vez en marzo, otra en septiembre de 2015. Los primeros dijeron ser de Durango, los segundos de Michoacán. La procuraduría negó que fueran enviados suyos.

La mujer vive una tortura todos los días cuando entra a trabajar en la maquiladora donde laboraba junto a Santiago, a quien ahora ve en sueños: a veces entrando a casa, otras pintando la ropa. A ratos alucina y cree que está cerca. Cuando dice esto sus lágrimas escurren por sus mejillas y mojan su puño cerrado.

“Yo no entiendo porqué las personas de acá ya no hicieron caso —dice—, pero yo seguiré”.

*Masde72.org es un proyecto de investigación realizado por un equipo de periodistas dedicados a investigar las masacres recientes de migrantes. En el sitio se puede consultar información forense de 120 de los cadáveres exhumados de las fosas de San Fernando, leer las historias de algunas víctimas y lo que enfrentan para obtener justicia. Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS y con colaboración de Periodistas de a Pie.