Las cifras negras y la corrupción ayudan a los estados a ocultar el 20% de sus homicidios
Uno de cada tres estados no revelan públicamente al menos la quinta parte de los asesinatos que ahí ocurren: 11 de ellos no informaron públicamente entre el 36 y el 20% de los homicidios que se perpetraron en 2014, pese a que el cuerpo de la víctima existe y que hay un certificado de su defunción violenta. Veracruz, Zacatecas y Puebla cuentan con las proporciones más grandes de opacidad en los asesinatos.
[contextly_sidebar id=”WAgVugt1P6GNMSM4uh7uyMEUlMN8uyOL”]Un análisis que se incluye en el informe de resultados del Índice de Paz México 2016, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), reporta que la calidad de los datos relacionados con la violencia en México es deficiente no solo por la cifra negra de los casos que no se denuncian, sino por la falta de veracidad de los registros oficiales.
De acuerdo con los analistas, el problema va desde la falta de capacidad de las autoridades de justicia para dar cobertura a los homicidios, hasta probables actos de corrupción para ocultar los niveles de violencia.
“Estas discrepancias causan inquietud ya que sugieren que no se investigan todos los homicidios y que las estadísticas oficiales no reflejan la realidad en su totalidad sobre la incidencia delictiva” subraya el informe.
Para evidenciar las deficiencias en la calidad de la información y tener una perspectiva real de los niveles de violencia en el país, los expertos del Instituto para la Economía y la Paz incluyeron por primera vez en su análisis el cruce de dos fuentes de información, ambas oficiales.
Una fue el registro de víctimas de homicidio reportadas por los estados ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos son los casos que se encuentran en las averiguaciones previas de las agencias del Ministerio Público y que por ende, se investigan. Dicha cifra es la que se reporta para medir la incidencia delictiva oficial.
La otra fuente de información es la de las víctimas de homicidio reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y que corresponde a los homicidios contabilizados a partir de los certificados de defunción por muerte violenta.
Al comparar dichos registros, se descubrió que en todos los estados hubo diferencias entre los homicidios.
Paz de papel
El Índice de Paz México 2015 colocó a Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala entre las cinco entidades más pacíficas del país, sin embargo, el mismo estudio advierte que los indicadores de dichos estados son dudosos.
En el caso de los homicidios dolosos, las tres entidades se encuentran entre las que tienen el mayor subregistro de los casos.
El estado que gobierno Javier Duarte fue el líder en opacidad de los crímenes. Oficialmente, la entidad reportó ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública 569 personas asesinadas en 2014. Sin embargo, los datos del INEGI dadas a conocer a mediados el año pasado arrojaron 890 personas asesinadas en Veracruz en 2014.
Esto significa que más del 36% de los homicidios, o sea la tercera parte, no fueron reportados por el gobierno de Veracruz.
Hidalgo fue la entidad con el mejor índice de paz a nivel nacional, sin embargo, no reportó el 29% de las víctimas de homicidios ocurridos en su territorio según el INEGI. Tlaxcala, el cuarto estado “más pacífico” según el análisis, también ignoró la cuarta parte de los homicidios ocurridos.
En total son once las entidades que tienen un subregistro de por lo menos el 20% de sus homicidios, subraya el estudio del Instituto para la Economía y la Paz. Destacan que entre ellas se encuentran la Ciudad de México y el estado de México, los cuales no contabilizaron más de 800 casos de personas asesinadas en un solo año.
Por otro lado, hay 12 entidades del país en donde hubo diferencias del 1 al 19% entre los homicidios reportados oficialmente y los que realmente ocurrieron, según el INEGI.
De acuerdo con los analistas, detrás de todas estas diferencias hay tres factores en México, siendo el primero de ellos la “falta de capacidad de policías y del sistema judicial para atender y procesar los altos niveles de delincuencia que el país ha enfrentado en años recientes”.
Como segundo factor, el estudio señala la “corrupción en organismos gubernamentales que provoca que los delitos intencionalmente no se registren”, y como último factor ubican la falta de denuncia o inacción del Ministerio Público.
Los que cuentan demás
Oaxaca y Querétaro son las entidades que tuvieron las menores discrepancias en cuanto a su registro de homicidios. Apenas una diferencia menor al 1% entre las víctimas de homicidio en las averiguaciones previas y las víctimas registradas en los certificados de defunción.
Pero luego está el caso de siete estados que a través de las procuradurías reportaron más víctimas de homicidio de las que realmente hay constancia. Se trata de Coahuila, Morelos, Durango, Tamaulipas, Baja California, Michoacán y Quintana Roo.
La diferencia más grande en proporción es la de Quintana Roo en donde INEGI contabilizó 123 certificados de víctimas de una muerte violenta, pero la fiscalía reportó 180, que equivalen a una diferencia de más de 46%.
Contrario a los casos donde hay un subregistro, los analistas del Instituto para la Economía y la Paz señalaron que en estos casos existe una razón que puede justificar las diferencias entre ambas bases de datos.
“Existe la posibilidad de que algunos casos investigados por las autoridades como homicidios quizá no resulten homicidios de acuerdo con el examen médico forense lo que justifica que existan esas diferencias. Sin embargo un número mayor de víctimas identificadas por los médicos que los reportados por las autoridades despierta inquietud respecto a la veracidad de lso datos aportados por estas últimas” indica el estudio.
Cifra negra y desconfianza
El registro de los homicidios en México no es la única estadística incompleta en México. Las cifras relacionadas con otros delitos también presentan un escenario que no necesariamente refleja la realidad, subraya el estudio.
Por ejemplo, a partir de los datos de INEGI el Índice de Paz México calcula que el 89.6% de las extorsiones no se denuncian: mientras que el 82.6% de las violaciones tampoco. De igual forma se estima que hay una cifra negra en el 79.8% de los robos, de un 69.7% en los asaltos, y de 68.4% en los secuestros.
La desconfianza en las autoridades es el principal motivo que provoca que la gente no denuncie los delitos que padecen. Por lo regular la tercera parte de las personas piensa que será una pérdida de tiempo ; el 16% no cree que puedan realmente hacer algo; y hay un 6% que no lo hacer por temor a ser revictimizada por el propio Ministerio Público.
Desapariciones, diagnóstico imposible
El Instituto para la Economía y la Paz advirtió que en México no hay un balance lo suficientemente serio y sólido que permita conocer realmente la dimensión del fenómeno de las desapariciones, pese a que se trata de un problema real que se ha manifestado públicamente en múltiples casos.
Los analistas recordaron que si bien, existe el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o No localizadas, las autoridades de seguridad y procuración de justicia no reconocen estos casos pues no hay una metodología que permita diferenciar cuales se deben, por ejemplo, a la participación de la delincuencia.
La situación es que, de acuerdo con el análisis, no existe ni un procedimiento homologado ni las herramientas de parte de las autoridades para tener un panorama real.
“La desaparición no está tipificada específicamente como delito en muchos estados de México, lo cual significa que los responsables de perpetrarla, pueden ser acusados de secuestro o de otros delitos menores, sobre todo si no es posible fundamentar un cargo de homicidio” señala el estudio.
Los analistas tampoco descartaron que la cifra de 26 mil personas desaparecidas incluso pueda ser conservadora, pues también existe una cifra negra relacionada con casos de secuestro que no se denuncian.
Los factores anteriores también provocan que no se pueda conocer con total certeza si se trata de un problema que se vaya agravando, más allá de lo que se percibe en la opinión pública.
“La información disponible sobre desapariciones no es concluyente y no indica con claridad si la tasa se ha elevado. Los estimados preliminares del IEP muestran un ligero incremento, entre 1% y 6%. Esto puede deberse a un aumento en las denuncias y no necesariamente un aumento en las desapariciones” advierte el análisis.
