La corrupción en cárceles de México hace de penales en EU un juego de niños, dice exreo

Después de haber sido condenado a seis años de prisión por robo con violencia en el Estado de México, el expandillero de 25 años y también deportado Williams Castro podría presumir el dudoso honor de haber pasado tiempo en prisión en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos.

“Las prisiones en Estados Unidos no son un día de campo, pero en México las cárceles son otro mundo”, dijo a El Daily Post un Castro hoy reformado que trabaja previniendo la formación de pandillas en la ciudad de México con la organización no gubernamental Cauce Ciudadano. “En México, el dinero y las conexiones lo son todo si quieres sobrevivir”.

A medida que México empuja una amplia reforma de su sistema de justicia penal, la podredumbre dentro de las cárceles en el país ha sido pasada por alto. Sin embargo, una serie de tragedias carcelarias violentas, y la fuga del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán de un penal de máxima seguridad en julio de 2015, ilustran la profundidad de la decadencia de su sistema penitenciario.

Los legisladores mexicanos se encuentran actualmente en las etapas finales del debate de una Ley Nacional de Ejecución Penal para regular un sistema jurídico que abogados, grupos de derechos humanos y ex convictos insisten está plagado de abusos.

Estando en la cárcel en el Estado de México, Williams Castro dice que vio un sistema en el que cualquier objeto personal, los privilegios y la protección física tienen un precio. Los internos más viejos actúan como usureros, y los guardias son frecuentemente sobornados para hacerse a un lado cuando algunos prisioneros llevan a cabo venganzas violentas.

La gravedad del problema quedó en evidencia de manera atroz en febrero pasado, cuando un enfrentamiento entre bandas rivales en la prisión de Topo Chico en Monterrey se saldó con la muerte de casi 50 reclusos. Días antes el Papa Francisco había visitado una prisión en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez como parte de su visita oficial de Estado a México.

Poco antes de la medianoche del 10 de febrero, dos grupos de presos, aparentemente facciones rivales del Cártel de Los Zetas comenzaron a pelear entre ellos e incendiaron el almacén de comida y las áreas de descanso. Una carnicería se desató: decenas de reos murieron a golpes o consumidos por las llamas.

“Topo Chico es un caso extremo de lo que puede salir mal cuando el sistema es tan disfuncional”, dijo Layda Negrete, una abogada e investigadora que ha participado en el debate sobre la reforma de las prisiones. “Cada prisión en México está sujeta a una lucha interna por el control, y en Monterrey esta batalla llevó al desastre”.

Terrible hacinamiento

Después de pasar 27 años tras las rejas en Sudáfrica, Nelson Mandela dijo la famosa frase de que nadie conoce realmente a un país hasta que está dentro de una de sus cárceles. Esa máxima aplica completamente a México.

De acuerdo con un estudio publicado a principios de este mes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la actualidad hay 247 mil personas encarceladas en México, a pesar de que el gobierno reporta que el sistema penitenciario tiene capacidad física para apenas 190 mil presos. En uno de los casos más graves, una cárcel de Puebla tenía 266 reclusos hacinados en una instalación construida para albergar a sólo 46 personas.

Según el mismo informe, de 130 prisiones estatales, 95 carecen de guardias y personal adecuados y 104 juntan a convictos sentenciados con personas en espera de juicio. Sanciones alternativas, como la libertad condicional o el servicio a la comunidad son raras en México, donde el 96.4 de todos los sentenciados están encarcelados, muchos de ellos por delitos relativamente menores.

“La cárcel es el último eslabón de la cadena del sistema de justicia”, dijo María Sirvent, presidenta de Documenta, una organización humanitaria con sede en la Ciudad de México. “Cuando la prisión falla, el sistema falla. Ha sido un elemento ausente en la lucha de las autoridades para combatir la delincuencia”.

Por otra parte, la CNDH estima que el 70% de las cárceles del país son “gobernadas” o “cogobernadas” por los presos y el crimen organizado. Según el ex preso Williams Castro, estos gobiernos internos pueden estar constituidos por pandillas formadas dentro de la cárcel, por bandas callejeras que están en el desde el exterior, o incluso, como en el caso de Topo Chico, por miembros de temibles cárteles de la droga.

“Dentro de la mayoría de las cárceles mexicanas, el comercio de mercancías y la venta de favores son controlados por estos grupos, y casi siempre lo hacen con la complicidad de los funcionarios carcelarios”, dijo Castro. “Si tienes contactos en alguna de las bandas, estarás bien y obtendrás lo que necesitas. Si no es así, estás en serios problemas”.

Condenas injustas

La impunidad en México es alta. La Secretaría de Gobernación calcula que hasta 99% de los crímenes quedan sin castigo. Sin embargo, como se ve en el documental de 2008 “Presunto culpable”, muchos ciudadanos terminan siendo condenados erróneamente con pruebas débiles o por falta de asesoría judicial.

Rebeca Álvarez, un ama de casa de la Ciudad de México, insiste en que este es el caso de su hermano Felipe, de 38 años, un exmaletero del aeropuerto que fue condenado a 10 años de prisión acusado de tráfico de drogas después de que manipuló por error una maleta con cocaína.

Álvarez, miembro de la organización Madres y hermanas de la Plaza Luis Pasteur, que apoya la reforma, ha documentado una serie de abusos por parte de las autoridades penitenciarias, incluyendo la negación de atención médica esencial, el confinamiento injustificado y la tortura a los reos por parte de los guardias.

“No estamos abogando por un sistema en el que los criminales violentos sean tratados a la ligera”, dijo Álvarez. “Lejos de eso, se trata de tener un sistema que se rija de acuerdo con la ley. De lo contrario, ¿cómo podemos, como sociedad, decir que se está haciendo justicia?”.

Sin embargo, con México sumido en un largo período de violencia por la guerra contra las drogas y altas tasas de criminalidad, la simpatía del público por los derechos de los internos es comprensiblemente baja.

“Este no es un tema que preocupe al ciudadano común sin experiencia personal en el sistema (carcelario)”, dijo Layda Negrete. “Ha quedado en las familias de los presos y en los activistas que buscan reformar el sistema de justicia la responsabilidad de exigir una mayor rendición de cuentas”.

En este contexto, ¿hay alguna posibilidad para la readaptación real de los presos? ¿Qué pasará con los reos cuando vuelvan a integrarse a la sociedad, si es que eso es posible? ¿Quién mantendrá el poder de las cárceles?

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