La directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Edda Arrez Rebolledo, se rehusó en 2015 a iniciar el trámite para que se emitiera una alerta de género en el estado al señalar que no era de su competencia, pese a que la ley local señala que ella es la responsable de hacerlo y que una jueza federal dictó un amparo en el que calificó de incongruente su postura.
[contextly_sidebar id=”hrSQ80EqjuTpeeDVYhutaPWhEBVpfvAL”]Documentos de este caso –cuya disputa legal en los tribunales continua hasta hoy– , de los que Animal Político tiene copia, muestran que la funcionaria argumentó que era la Secretaría de Gobernación federal la que tenía que declarar la alerta, luego de que se documentaron en el estado homicidios violentos de más de 30 mujeres en un lapso de tres meses.
Incluso, la directora de este Instituto, cuya misión es fomentar los derechos humanos de las mujeres según su página web, rechazó que su postura representara una violación a las garantías individuales de la ciudadana que solicitó el inicio del trámite de alerta de género.
“La contestación realizada por la autoridad responsable incumple con la congruencia que toda respuesta de autoridad debe observar al atender una petición de los gobernados”, concluyó la sentencia de la juez que analizó el caso, y en contra de la cual Arrez Rebolledo también se inconformó.
El 21 de mayo de 2015 María Josefina Gamboa Torales, presidenta del Instituto de la Mujer de Boca del Río, solicitó formalmente al Instituto Veracruzano de la Mujer que se emitiera una alerta de género, con el objetivo de que se implementaran medidas de emergencia en apoyo a las mujeres, ante múltiples episodios de violencia registrados en el estado.
Gamboa presentó una relación en la que se detallaban 33 casos de mujeres que fueron asesinadas con “extrema violencia” en varios municipios de Veracruz tan solo en el lapso de enero a abril de ese año. A estos casos, se sumaban además 20 denuncias por la desaparición de mujeres en la entidad.
En la solicitud, se argumentó que la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia para el estado de Veracruz establece en su artículo 39 que el Instituto Veracruzano de la Mujer puede solicitar formalmente al gobierno del estado el inicio del procedimiento para que se emita la alerta de género.
De acuerdo con el artículo 4 de la misma ley, la alerta comprende un “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia derivadas de la declaratoria emitida” que permiten enfrentar y erradicar la emergencia de violencia en uno o varios territorios de la entidad.
El 12 de junio del 2015 la Directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres Edda Arrez Rebolledo, se negó oficialmente a iniciar el procedimiento de emitir la alerta de género en la entidad, argumentando que no era de su competencia.
En el oficio IVD/DG/033172015 la funcionaria contestó a Gamboa que la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 25 que la emisión de las alertas de género es facultad de la Secretaría de Gobernación federal.
En su misma respuesta la funcionaria estatal recordó que el artículo 1 de la referida ley señalaba que debe existir coordinación entre el gobierno federal y el de las entidades para el combate a la violencia de género.
En ese contexto, Arrez Rebolledo sostuvo que era necesario “desahogar los elementos de naturaleza procedimental” para luego estar en condiciones de que los niveles de gobierno pudieran implementar acciones en el tema.
Ante la negativa de presentar la solicitud de alerta de género, Gamboa interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito del estado de Veracruz, en donde argumentó que la respuesta de la funcionaria estatal carecía de sustento legal y, al mismo tiempo, era una violación a los derechos humanos.
“Agravia que no obstante los datos oficiales que obran en poder de las autoridades aquí señaladas como responsables, no se haya iniciado de OFICIO por así permitirlo la ley, el proceso para emitir una alerta de género”, indica la demanda.
Entre otras cosas, el Instituto de la Mujer de Boca del Río detalló que Arrez Rebolledo había ignorado por completo que existe una ley estatal vigente que indica que ella es la facultada para iniciar el procedimiento de alerta de género.
También se ignoró, según la demanda, que la ley general contempla que las entidades tienen facultades para emitir sus propios reglamentos y la norma federal no ha invalidado ni dejado sin efecto en ningún momento la Ley contra la Violencia de las mujeres de Veracruz, ni la de ningún estado.
El 9 de noviembre de 2015 la jueza Nelda Gabriela González García emitió una sentencia en la que concedió el amparo a favor de Gamboa y dejó sin efecto la negativa que había dado el Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Hasta el día de hoy no se ha dictado ninguna alerta de género en el estado de Veracruz. Son varias las solicitudes que se han hecho pero, en todos casos, el argumento el gobierno del estado, de la fiscalía y de otras autoridades, es que el tema se encuentra en análisis.
En el caso del Instituto Veracruzano de la Mujer, su directora decidió interponer un recurso de revisión en contra de amparo ordenado por el juzgado 15 de Distrito. El expediente fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del estado.
De acuerdo con la página web del sitio oficial de la Judicatura, el pasado 15 de abril se notificó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que el juicio de amparo se encuentra bajo análisis del referido tribunal. Hasta ahora no hay una sentencia definitiva.
María Josefina Gamboa Torales dijo a Animal Político que la emisión de alerta de género, que comprende desde acciones preventivas hasta un presupuesto oficial para combatir este tema, es indispensable pues la violencia contra las mujeres en Veracruz ha rebasado las capacidades institucionales ordinarias
“Tan solo en el Instituto de la Mujer de Boca del Río atendimos en promedio a ocho mil mujeres cada año por violencia. Los casos de violencia solo los puedes investigar en las agencias especializadas. Hay 17 agencias especializadas para 212 municipios. Solo la de Veracruz le da atención a diez municipios. Si yo llego con una mujer golpeada, la sicóloga me da cita para atenderla en cuatro meses. No puede ser”, concluyó.