Jimena acomodaba los documentos de un archivo, como parte de sus tareas de becaria, cuando un ayudante de profesor se acercó y le jaló el gorro de la sudadera. Ella se asustó. “Si así te pones por esto, como te vas a poner si te agarro una nalga”, le dijo él.
[contextly_sidebar id=”uIse1gOtO8VrJL2GCfpwrCpReVg1RJXD”]Durante tres meses la estudiante universitaria había sufrido acoso que iba en aumento. Al principio habían sido insinuaciones disfrazadas de bromas: “Coquetéame para que firme tu servicio”. Después, mensajes telefónicos: “¿Me darías un beso?”.
Jimena cuenta el acecho con voz entrecortada pero contiene las lágrimas. Ya lloró demasiado el año pasado, mientras pasaba por un periodo de depresión al mismo tiempo que era víctima de acoso.
Después del acoso, la joven abandonó el servicio social, pero no le dijo a nadie por qué. Ocho meses después se atrevió a contarle a una profesora de lo sucedido y se enteró que había sido víctima del delito de acoso sexual, y que podía denunciarlo.
Dice que, al principio, hizo la denuncia en el departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana, la institución privada donde estudia.
Avanzó a la siguiente instancia: la Procuraduría de Derechos Universitarios, que investigó el caso y organizó un careo con el agresor. Tres semanas después, emitió una resolución en la que reconocía un “acercamiento no consensuado”, pero no más. La estudiante sólo debía recibir una disculpa que firmó el director de la facultad de Ciencias Políticas y Administración Publica, Enrique Gutiérrez.
“Yo tenía que seguir yendo a mi clase y él también”, dice Jimena. Agrega que tuvo varias crisis nerviosas y un desmayo en el salón después de una de las tantas sonrisas burlonas que él le dirigía. El ayudante de profesor finalmente dejó de asistir a la clase durante los últimos dos meses del semestre, pero sigue trabajando en la universidad.
En febrero pasado ella lo denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal e hizo público su caso en redes sociales porque, dice, ha comprobado que el acoso sexual dentro de las escuelas es más común de lo que parece y las víctimas no deben callarlo.
Animal Político solicitó a la Universidad Iberoamericana su posición al respecto, pero la respuesta fue que prefería no emitir ninguna comunicación por tratarse de una denuncia en proceso.
Acción contra el acoso
En el proceso de denuncia Jimena conoció a otra estudiante de Psicología de la misma Universidad Iberoamericana -que prefirió guardar el anonimato – que también fue acosada por un profesor: le dijo que podía subir su 9.6 de promedio a 10 “a cambio de hacer algo más”.
Aunque denunció, las autoridades universitarias desecharon su queja porque no había pruebas: había borrado los mensajes de texto. Ante lo que acusa como inacción institucional, la estudiante de Psicología formó la organización estudiantil Escucha, que imparte pláticas en preparatorias para informar sobre el acoso sexual.
Jimena, propuso a la universidad emprender la campaña No es no, dirigida a estudiantes para identificar el acoso, pero nunca prosperó. Por eso ella, con otras alumnas hicieron la campaña en Facebook y Twitter, para que otras víctimas se atrevan a denunciar y, sobre todo, para que identifiquen el acoso sexual.
Señalan que debe quedar muy claro que recibir mensajes, “bromas” o insinuaciones por parte de alguna autoridad o compañero que hagan a una mujer sentir incómoda no es normal. Se trata de un delito que debe ser denunciado e investigado.
“Queremos que la universidad rectifique, que tome los valores y la visión humanista que la compone y ponga atención a las víctimas”, afirma Jimena.
Cuando la denuncia es insuficiente
El pasado 7 de abril Mariana realizaba un trámite de titulación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM. Minutos antes había sentido la mirada de un hombre que no parecía estudiante. Ya en la ventanilla, mientras firmaba papeles, se dio cuenta que el tipo estaba grabando con su celular por debajo de su falda.
Su primera reacción fue patearlo. El hombre sólo se preocupó por recuperar su celular y algunos vendedores de la explanada acudieron a auxiliarlo. Otros estudiantes se dieron cuenta de lo que había ocurrido e impidieron que se escapara. Lo llevaron al departamento jurídico de la universidad.
En su celular había fotografías y videos de más jóvenes grabados de la misma forma. “Discúlpame, no sé que tengo en la cabeza”, le dijo el hombre a Mariana. Pudo entrar al campus gracias a una credencial vieja del Colegio de Ciencias y Humanidades.
La gente del departamento jurídico le preguntó a Mariana si quería interponer la denuncia ante el Ministerio Público. “Por lo que ha pasado, por el caso de Gabriela (estudiante de la FES que sufrió el mismo tipo de acoso), dije que sí”, recuerda.
Al hombre se lo llevaron en una patrulla, pero durante el trayecto al Ministerio Público de Naucalpan, Estado de México, los policías no le quitaron el celular. Así que tuvo tiempo de borrar todas las imágenes y videos.
La joven interpuso la denuncia por acoso sexual y los agentes le dijeron que no era necesario que acudiera a otra audiencia prevista para el sábado porque “no saldría”. Sin embargo, el sábado 9 de abril los abogados de la universidad le informaron que el detenido había sido liberado porque no había evidencia para inculparlo.
La primera acción de la joven fue borrar sus redes sociales: “Me da miedo que me busque”. En su Facebook había publicado una foto del agresor y contado su caso.
Tampoco piensa regresar a universidad porque los vendedores ambulantes dentro del campus son amigos de esa persona son. “Mis amigos han preguntado y los vendedores me tienen identificada”, dice. Hasta el momento, no ha recibido ningún tipo de ayuda de ninguna institución.
Para entender el acoso
De acuerdo con el artículo 179 del Código Penal del Distrito Federal, se considera responsable de acoso sexual a quien solicite favores sexuales o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe y podría tener una pena de uno a tres años de prisión.
Además, si existe una relación jerárquica, derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte.