Las violaciones a derechos asta en umanos en las cárceles mexicanas continúan siendo una constante año tras año.
[contextly_sidebar id=”cQu8eIy99CfflWsvekORmzFn2yPsrvob”]Esta es una de las principales conclusiones que expone la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, en el que subraya graves deficiencias en el sistema penitenciario mexicano, como que hasta 73 cárceles están autogobernadas por los reos, la persistente falta de atención médica y las malas condiciones de higiene, o que en algunas cárceles las celdas alberguen a 30 ocupantes cuando están diseñadas para cuatro personas.
“En la mayoría de las prisiones mexicanas no hay condiciones de vida dignas para los presos”, concluyó el ombudsman nacional, Luis Raúl González, durante la presentación del Diagnóstico de la CNDH.
En Animal Político te exponemos una radiografía de la situación de las cárceles, a partir del informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
Para realizar el diagnóstico la CNDH midió cinco rubros: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno; y grupos de internos con requerimiento específico.
Tras evaluar esos cinco rubros, la Comisión señaló que, del 1 al 10, el promedio nacional de calificación de los centros penitenciarios estatales fue de 6.21 en el año 2015. Cifra que si bien supone un ligero aumento respecto de 2014 (6.02), “no implica un avance o cambio radical” en el panorama de las prisiones.
Los tres estados con peores prisiones son Nayarit, Quintana Roo y Guerrero. Por el contrario, los tres con mejores calificaciones fueron Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua.
No obstante, el informe hace hincapié en que hasta 13 estados tienen prisiones en situación grave por violaciones a los derechos humanos de los internos: Campeche, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Oaxaca, Baja California Sur, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.
La prisión que enfrenta peores condiciones en cuanto al respeto a los derechos humanos es la Cárcel Pública Municipal de Bahía de Banderas, en Nayarit, con una calificación de 3.9 puntos sobre 10.
El Centro de Reinserción Social Benito Juárez de Cancún, en Quintana Roo, es la segunda peor cárcel, con 4.38 puntos.
Del total de los 130 centros penitenciarios estatales visitados, la CNDH refiere que en 104 detectaron que personas procesadas –aún sin condena- y presos ya condenados conviven en las mismas habitaciones y espacios comunes.
Asimismo, en 92 casos se observó falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo; en 95 hay falta de personal de seguridad y custodia; y en 86 falta de prevención y atención de incidentes violentos como riñas, lesiones, fugas, homicidios y motines.
En 84 centros visitados no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, mientras que en 81 prevalecen malas condiciones de higiene en dormitorios, cocina y comedor.
Además, hasta en 75 centros es una constante la falta de manuales de procedimiento para ingreso, traslado de internos en caso de motín, uso de la fuerza, visita íntima, así como una deficiente difusión de la normatividad.
La CNDH subraya que otro problema reiterado en 65 prisiones estatales es la sobrepoblación de reos y la falta de oportunidades para la mayoría de los internos de servicios y de actividades educativas, laborales y deportivas.
Además, en 71 centros existe hacinamiento. En este sentido, la tercera visitadora general, Ruth Villanueva, explicó que detectaron centros donde 30 reos comparten una celda diseñada para cuatro personas.
Otro problema: en 73 centros se detectaron áreas de privilegios, así como presencia de objetos, sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.
En su diagnóstico, la CNDH documenta otra deficiencia grave: en al menos 71 cárceles los presos asumen las labores propias de la autoridad. Es decir, son los mismos presos quienes brindan ‘seguridad’ a otros reos y ‘gobiernan’ la prisión.
En este apartado destacan los casos de la Ciudad de México y el Estado de México, con cinco y seis centros penitenciaros, respectivamente, autogobernados por los prisioneros.
En la Ciudad de México, la CNDH documentó que esta situación de autogobierno se da en los Reclusorios Prevenivos Varonil Oriente, Norte y Sur; en Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla; y en la Penitenciaría del Distrito Federal Santa Martha Acatitla.
En el Edomex, en los Centros Preventivos y de Readaptación Social de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Santiaguito, Tlalnepantla, y Cuatitlán.
Otra situación grave que expone la CNDH hace referencia a las riñas en los penales.
De los 2 mil 110 incidentes registrados en 2015 (mil 142 en cárceles estatales y 968 en cárceles federales), el acontecimiento violento con mayor número de incidencia corresponde a las riñas con un total de mil 382 (808 en cárceles estatales y 574 en centros federales).
Le siguen los desórdenes con 280 (205 en prisiones estatales); los homicidios con 54 (52 en centros estatales); los abusos con 55 (48 en cárceles estatales); los suicidios con 23 (todos en prisiones estatales), y los motines con 6 (también todos en cárceles estatales).
Por estados, Sonora destaca como el estado donde se producen más riñas al interior de sus penales, con un total de 220 casos. Le siguen el Edomex (87), Chihuahua (75), Nuevo León (74) y Michoacán (51).
Asimismo, Sonora también es el estado con mayor número de incidentes violentos en sus cárceles, con 359 casos. Una cifra muy superior a la del segundo clasificado, el Edomex, con 99 casos.
La Ciudad de México ocupa el primer lugar de prisiones con mayor número de homicidios dolosos registrados: 14. Le sigue Tamaulipas con 6.
En cuanto a las cárceles federales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que en 16 casos hay insuficiente personal de seguridad y custodia; en 15, deficiencias en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; en 14, insuficientes actividades laborales, en 11 se mezclan procesados y sentenciados; y en 8 hay hacinamiento.
La cárcel federal peor clasificada en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos de los presos es el Centro Federal de Readaptación Social número 9 de ciudad Juárez, en Chihuahua.
La segunda es el Centro Federal de Readaptación Social número 11 de Sonora.
Aquí puedes leer el informe completo: