Que los militares declaren por el caso Ayotzinapa, pide la CIDH a Peña Nieto
[contextly_sidebar id=”mx6ZBNCDjohvIGtpltt30NqBps69pm21″]La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al presidente Enrique Peña Nieto –en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas– que permita que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entreviste a los militares del 27 Batallón de Iguala, que presenciaron el ataque contra los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.
En el informe “Situación de Derechos Humanos en México”, publicado este miércoles 2 de marzo, la CIDH advierte que la desaparición de los jóvenes en Iguala, Guerrero es una muestra de “las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en la que suelen quedar estos crímenes” y un un ejemplo “emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado”.
Los comisionados constataron en su visita a México, realizada el año pasado, que existen “niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares” y que el país atraviesa “una grave crisis de violencia y de seguridad”.
La falta de acceso a la justicia, insiste, “ha creado una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos”.
En el informe, la CIDH respalda la actuación de los miembros del GIEI sobre el caso Ayotzinapa y señala que el Estado mexicano no ha permitido las entrevistas a los miembros del Batallón 27 que presenciaron el ataque contra los estudiantes.
En la una audiencia pública, previa a la realización del informe, el Estado mexicano recalcó que “la decisión de permitir acceso o no a que los integrantes del GIEI entrevisten a los soldados recae en el Presidente de la República, quien es el comandante supremo de las fuerzas armadas por mandato constitucional, y no en los líderes castrenses”.
Por tanto, en el informe a CIDH reitera su llamado “al Estado mexicano a brindar acceso a los expertos del GIEI a entrevistar a los integrantes de Infantería tal y como ha sido solicitado”.
El informe refiere que hubo una actuación “tardía” por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), pues intervino ocho días después de la desaparición de los estudiantes. Por ejemplo, horas después del ataque a estudiantes, fueron los propios padres y organizaciones sociales quienes consolidaron la lista completa de los desaparecidos, ante la inacción de la autoridad.
Después de estos hechos, el hallazgo de fosas con decenas de cadáveres resaltan que los familiares, “ante la inoperancia del Estado, han asumido la búsqueda de sus seres queridos, mientras que las autoridades no cumplen con su deber de investigar, encontrar, identificar y entregar a las víctimas con debida diligencia como corresponde”.
El pasado 28 de febrero la PGR anunció, junto con el GIEI el inicio del nuevo estudio de fuego en el basurero de Cocula, donde, según la versión oficial los estudiantes fueron incinerados.
Será hasta el 31 de marzo cuando los expertos encargados de hacer el estudio entreguen a ambas partes un “informe conclusivo”.
