Militares implicados en desapariciones: Sedena tiene 72 casos sin resolver
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene un registro oficial de 72 casos de desaparición forzada entre 2006 y 2014 en los que están involucrados elementos del Ejército Mexicano, de los cuales, la Procuraduría de Justicia Militar no ha resuelto ninguno.
En 2014, entraron en vigor las reformas que acabaron con el fuero militar que protegía a los soldados en casos contra civiles. Por ley, las averiguaciones son atraídas por juzgados civiles, aunque desde esa fecha, solo hay registro público de una sentencia.
La información de la Sedena revelada en respuesta a una solicitud de transparencia en enero de este año señala que las 72 averiguaciones iniciadas por desaparición forzada no necesariamente corresponden a todos los casos en los que se han visto involucrados militares.
Según la lista desglosada proporcionada por la Sedena, la incidencia de desapariciones forzadas prácticamente presentó un incremento año con año. Tan solo en el 2013, primer año del actual gobierno, las 21 averiguaciones iniciadas representan un incremento prácticamente del cien por ciento respecto a los años anteriores.
Y hasta junio de 2014, antes del cambio de jurisdicción de los casos, ya iban ocho casos más, casi la misma cantidad anual de los últimos dos años del sexenio pasado.
En la solicitud de transparencia se cuestionó además a la Defensa Nacional sobre las sentencias emitidas contra los soldados involucrados en los referidos casos de desaparición forzada. La Sedena indicó que no tiene registro de alguna condena dictada en los tribunales militares por este motivo.
Es decir, aunque las averiguaciones previas se iniciaron, estas no fueron consignadas ante los tribunales o en caso de que si se haya hecho, no pasó nada en el proceso. En conclusión, no hubo castigo en contra de los soldados implicados en los casos.
A la Secretaría de la Defensa Nacional también se le pidieron otros datos relacionados con los casos, como los sitios en que ocurrieron las presuntas desapariciones o el número de efectivos involucrados pero la dependencia no proporcionó esos datos.
La Sedena informó que tampoco cuenta con registros disponibles de casos denunciados entre 1960 y 2005.
Es decir que en hechos como el Movimiento Estudiantil de 1968 o la llamada “Guerra Sucia” en Guerrero en la década de 1970, en donde se reportaron múltiples desapariciones, no hay forma de saber públicamente si hubo soldados involucrados y si la Sedena los investigó o sancionó.
Distinta jurisdicción, parecida realidad
El 14 de junio de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Código de Justicia Militar que sacaron de la jurisdicción castrense los delitos graves que cometieran los soldados en perjuicio de personas civiles. Esto, siguiendo los lineamientos que ya había marcado la Corte desde el 2012.
Esto significa que delitos como homicidio, secuestros, violaciones, desapariciones y demás, en donde las víctimas sean civiles, serán juzgados por tribunales civiles aunque los probables responsables sean soldados o marinos.
El decreto de la reforma estableció que los casos que se hubieran iniciado en contra de civiles en las cortes militares, tendrían que ser trasladados a los juzgados federales. La Sedena indica en la respuesta a la solicitud de información, que así lo hizo aunque no detalló cuantas de las 72 casos seguían abiertas.
Luego de más de año y medio en que dicho cambio entró en vigencia, la única novedad que se conoce públicamente en torno a casos resueltos de desaparición forzada con militares involucrados es una sentencia dictada en agosto de 2015, y que se calificó como histórica por ser la primera que un tribunal civil contra personal castrense.
Según las notas difundidas, se trató de una pena de 31 años de prisión dictada en contra de un subteniente de Infantería por la privación ilegal de la libertad de una persona en los municipios de Los Herreras, Nuevo León. El caso ocurrió en 2012 y hasta ahora la víctima no aparece.
Hasta ahora no se ha informado de otra sentencia, pese a que en varias solicitudes de transparencia se ha preguntado a la Procuraduría General de la República (PGR), que ahora es la responsable de investigar los casos, sobre sentencias obtenidas pero dice que no le corresponde dar a conocer esa información, pese a que de forma frecuente si difunde de condenas.
La desaparición forzada de personas a manos del personal del Ejército continúa ocurriendo, y pese al cambio en la ley, la investigación inicial sigue en manos de militares. Apenas el pasado 10 de marzo la Sedena informó que dio parte a la PGR de una averiguación que integró por la desaparición y homicidio de un joven en Tierra Blanca, Guerrero.
De acuerdo con lo que los familiares de la víctima han declarado habría más soldados involucrados pero hasta ahora, las autoridades no han reportado que se haya procedido en contra de otros elementos.
Más delitos, menos sentencias
Por otra parte, datos de la Secretaría de la Defensa Nacional publicados en la sección de transparencia de su sitio oficial, revelan que el año pasado se dictaron 135 sentencias condenatorias en contra de militares pro delitos que siguen bajo la jurisdicción de las cortes castrenses.
La gran mayoría de esas resoluciones corresponde a soldados que cometieron el delito de deserción, es decir aquellos elementos que ya no regresan a los cuarteles sin explicación o justificación alguna. Le siguieron nueve casos de abandono del servicio, que son los elementos que no asisten o incumplen con alguna misión asignada.
Entre las sentencias dictadas también se encuentran cinco por desobediencia, cuatro pro insubordinación, dos pro falsificación, una por abuso de autoridad, otra pro delitos con el honor militar, y finalmente una condena por infracción de deberes.
Cabe señalar que el número de sentencias dictadas en los últimos dos años ha disminuido. La Sedena ya eliminó la información de años pasados pero un registro con el que cuenta Animal Político indica que en 2013 en total 345, luego en 2014 fueron 142 y el año pasado 135.
Entre las sentencias dictadas en los últimos tres años, la mayoría es para personal de tropa y de rangos bajos, aunque hay un caso de un General de Brigada – segundo en jerarquía – condenado en 2013 por desobediencia, y un coronel procesado en 20015 por abuso de autoridad.
