Defender el bosque: una tarea que en el Estado de México cuesta la vida o la libertad
[contextly_sidebar id=”0As6XCGRz0EtcevI2CeET1mWThbVmFDK”]“Mi padre no es un ratero –dice Misael Zamora con las manos metidas en el bolsillo de una sudadera blanca-. Su único delito ha sido defender estos bosques y hacer el trabajo que no hacen las autoridades”.
El joven observa a su alrededor y con la barbilla despoblada de barba apunta hacia un denso manto de pinos y matorrales que brotan de las entrañas de la tierra.
Esta postal, asegura, existe hoy gracias al activismo de su padre Ildefonso Zamora, quien con ayuda de la organización Greenpeace desplegó en el año 2004 un gigante ‘SOS’ para denunciar que los ‘talamontes’ estaban devorando las 10 mil 800 hectáreas de bosques de la comunidad indígena tlahuica de San Juan Atzingo, en el Estado de México. Una de las 15 “regiones críticas” por tala ilegal del país que identifica la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Doce años después, presume Misael, estamos ante un “bosque nuevo”, reforestado. Aunque a colación admite que las marcas de los dientes de las motosierras aún perduran en algunos troncos cercenados y también en la memoria de la familia Zamora, la cual ha sido víctima desde entonces de campañas de desprestigio, agresiones y de amenazas de muerte.
Una de esas amenazas, relata el también activista ambiental, tuvo lugar en enero de 2007. Cuando a bordo de un automóvil tres personas lo persiguieron a él, a su hermano Aldo y a su tío Juan Zamora, y uno de los agresores le espetó a Aldo: “Dile a tu padre que se tranquilice. O si no, tú mismo la vas a pagar, pinche cabrón”.
Cinco meses más tarde, en mayo de 2007, los agresores cumplieron su amenaza: en la carretera que va hacia la comunidad de Santa Lucía, en el municipio mexiquense de Ocuitlán, un grupo de cuatro talamontes emboscaron a los dos hermanos, los bajaron del vehículo a la fuerza, y les dispararon a quemarropa con armas de grueso calibre.
Misael fue herido de gravedad en un pulmón, pero sobrevivió. Mientras que Aldo, que en ese entonces tenía apenas 21 años y poco tiempo de haberse unido a su padre en la defensa de los bosques, murió asesinado en el acto.
Tras el asesinato, el expresidente Felipe Calderón declaró públicamente el 12 de julio de 2007 que “se haría justicia en el caso de Aldo Zamora”, pese a lo cual, más de ocho años después, sólo dos de las cuatro personas que participaron en el atentado están presas, mientras que los dos autores materiales continúan en libertad.
“Lo que le pasó a mi hermano fue una desgracia para la familia –farfulla lacónico Misael Zamora recordando lo sucedido-. Pero su muerte sirvió para que la tala se frenara casi por completo en San Juan Atzingo. Al menos, durante un tiempo”.
Además, a raíz de la fuerte presión social que se hizo por el homicidio de Aldo varios funcionarios de la cabecera municipal de Tenancingo “que estaban coludidos con los taladores” fueron despedidos y exhibidos. Lo cual, por un lado, benefició a la recuperación de los bosques de la comunidad. Pero por otro, también le granjeó a la familia Zamora nuevos enemigos.
“Por todo el ruido que se hizo, algunas autoridades se quedaron con un coraje tremendo hacia mi padre. Y hasta hoy no han cesado en su deseo de revancha contra él”, apunta el activista, quien denuncia que el Ministerio Público de Tenancingo, “en contubernio con los talamontes”, fabricaron un delito a Ildefonso para que dejara de molestar con su activismo.
“Parece que de nuevo están cumpliendo con su revancha –musita Misael mientras observa cómo el viento mece la elevada copa de un pino-. Porque desde noviembre del año pasado, mi padre está encerrado en la cárcel por un delito que no ha cometido”.
La fabricación de un delito
El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso Zamora se encontraba en su oficina de regidor de Turismo y Medio Ambiente del Palacio Municipal de Ocuilán, municipio al que pertenece la comunidad de San Juan Atzingo.
Eran las 12.50 del mediodía, aproximadamente. Ildefonso acababa de regresar del desfile por el Aniversario de la Revolución Mexicana, cuando entre 15 y 20 agentes de la policía ministerial estatal irrumpieron en su despacho, y sin presentarle una orden de aprehensión se lo llevaron a empujones y golpes a la prisión de Tenancingo.
Los malos tratos continuaron en la cárcel: uno de los agentes le dio un fuerte empujó que lo hizo rodar por unas escaleras. La agresión, además de dejarle el cuerpo magullado, provocó que una vieja herida en el pulgar derecho se reabriera hasta el punto de originarle una fuerte infección que casi llega al punto de la necrosis, debido a la diabetes que padece.
Una vez preso, Ildefonso se enteró de que hay una carpeta de investigación abierta en su contra desde el año 2012. El motivo, la denuncia de una vecina que asegura que el activista participó junto con otras 50 personas en un robo agravado con allanamiento de morada a su tortillería, de la que le supuestamente sustrajo 360 mil pesos.
Sin embargo, tanto Greenpeace como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (CentroPro) documentan irregularidades en la investigación abierta contra Zamora –la número 1300300090080812-, motivo por el que sostienen que la fiscalía estatal fabricó la acusación para callar al activista de etnia tlahuica.
Una de las principales irregularidades, expone Gabriela Carreón, abogada del CentroPro, es que a Ildefonso “se le violentó gravemente el derecho de audiencia y a una defensa adecuada al ocultarle durante tres años que existía una investigación en su contra”.
“Por ello, Ildefonso no tuvo la oportunidad de demostrar, con testigos y documentales que lo acreditan, que el día de los hechos él se encontraba en otro lugar”, añade la letrada en una entrevista realizada en la casa de Ildefonso; una vivienda conformada por varias chozas con paredes de madera, cocina de leña, y suelo de tierra, que contrasta llamativamente con los 360 mil pesos que, según acusa la fiscalía, el activista sustrajo.
Carreón indica que el día del robo a la tortillería, el 11 de julio del 2012, Ildefonso estaba en Toluca recogiendo un acta constitutiva ante un notario público. “Y de esto dan cuenta los testigos que lo acompañaron a la notaría pública, que fueron su primo Mario Encarnación Zamora, sus compañeros del comisariado Paulino Neri Carlos y Sergio Ramírez Raymundo”.
Otros dos testigos que estuvieron presentes en el lugar del robo también señalan no haberlo visto ahí: un policía municipal y una vecina de nombre Trinidad.
Más inconsistencias
De acuerdo con la abogada del CentroPro, de las cuatro declaraciones de los testigos que incriminan a Ildefonso, “dos son exactamente iguales, por lo que es evidente que los textos fueron copiados y pegados”. Mientras que una de las testigos acudió ante al Ministerio Público para dar su testimonio de lo sucedido hasta septiembre de 2012, cuando los hechos fueron en julio.
Asimismo, “por lo analizado en las audiencias”, no hay pruebas de la existencia de los 360 mil pesos que la denunciante dijo haber recibido de remesas de su esposo quien se encuentra en Estados Unidos, y que supuestamente Ildefonso hurtó. “Es decir –remarca la abogada-, no hay certeza de que ese dinero siquiera estuviera en la tortillería, mucho menos la cantidad”.
“Creemos que hay que analizar la detención de Ildefonso dentro del contexto de la lucha que ha llevado a cabo en todo esta zona en contra de la tala ilegal, lo cual ha molestado a mucha gente. Por eso, a partir de todas estas inconsistencias, para nosotros está muy claro que Ildefonso es inocente, y que todo esto es una fabricación para la que el ministerio público estatal se prestó”, denuncia Gabriela Carreón, quien concluye apuntando otro dato: de las 50 personas acusadas de participar en el robo en 2012, sólo Ildefonso está preso.
Ante estas inconsistencias, Animal Político fue el pasado 8 de marzo, durante una visita a la comunidad de San Juan Atzingo organizada por Greenpeace y el CentroPro, al domicilio donde se produjo el robo en 2012 para conocer la versión de la señora que interpuso la demanda contra el activista, pero uno de sus nietos aseguró que no se encontraba en casa.
Cuestionado acerca de lo que recordaba del día del robo, el joven corroboró que “unos 50 chavos” entraron a la casa donde estaba la tortillería armados con palos para ocupar el lugar, motivo por el que la familia huyó del sitio hasta hace unos meses que regresó.
Sin embargo, a pregunta expresa, éste aseguró no haber visto aquel día entre los “chavos” a ningún señor mayor, como Ildefonso Zamora.
Agresiones a defensores del medio ambiente aumentaron 990%
Por otra parte, Miguel Soto, vocero de Greenpeace México, lamentó que a pesar del activismo de Ildefonso Zamora y de su familia, a partir del que en 2004, 2005 y 2006 se presentaron múltiples denuncias que originaron 47 órdenes de aprehensión contra talamontes, el problema de la tala ilegal continúe floreciendo en la comunidad de San Juan Atzingo, sobre todo en parajes como Llano de Agua Bendita, La Piedra, El Jaral, Pueblo Nuevo, o Loma de Coyotongo.
“Es una situación lamentable. De acuerdo con los últimos datos que Greenpeace pudo investigar de la Profepa, de los 15 millones de metros cúbicos de madera que se venden en México, siete provienen de la tala ilegal”, enfatiza Soto, quien al respecto denuncia que lejos de atenderse este problema, los defensores del medio ambiente están siendo atacados.
“La criminalización de los defensores está muy fuerte. Tan solo en 2014, fueron asesinados tres”, lamenta el vocero de Greenpeace, quien recuerda que, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), desde el año 2010 se han documentado 240 agresiones a defensores ambientalistas, de las cuales 191 (80%) se produjeron en apenas dos años y medio: entre enero de 2013 –un mes después de la llegada de Peña a Los Pinos- y junio del pasado 2015.
De hecho, el CEMDA advirtió de una tendencia creciente en los ataques, ya que se pasó de 10 casos en 2010, a 16 en 2011; 82 en el periodo enero 2013-abril 2014; y a 109 durante el lapso mayo-junio 2015. Es decir, un alza de 990% de enero de 2010 a junio de 2015.
