[contextly_sidebar id=”MytdaxIpYNesaU0LsQBVADqcOzCG9BtD”]El lunes 11 de enero, hace exactamente tres semanas, cinco jóvenes que regresaban de un fin de semana en el puerto de Veracruz desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca, luego de que fueron detenidos por un grupo de policías estatales junto a un supermercado. Hoy, su paradero aún es desconocido.
Pistas fallidas, desconfianza en las autoridades, hallazgo de cuerpos no relacionados con el caso, reclamos de los padres que viven día y noche afuera de la fiscalía, son algunos de los episodios de un caso que – otra vez –exhibe las fallas que persisten en los esquemas de seguridad del país.
“Parece que no hemos aprendido del pasado” dijo la semana pasada el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Raúl González Pérez, al lamentar el involucramiento de la policía en el caso de Tierra Blanca, tal como ocurrió hace año y medio en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En ese contexto, Animal Político presenta un resumen con las claves de lo que ha pasado y lo que se ha revelado en torno al caso, desde aquella mañana del lunes en que ocurrieron los hechos. Una investigación que sigue inconclusa y en la que se desconoce el destino de las víctimas. Tres semanas y contando.
El lunes 11 de enero cinco jóvenes originarios del municipio de Playa Vicente, regresaban del puerto de Veracruz tras haber pasado un fin de semana de vacaciones en el que aprovecharon para celebrar el cumpleaños de uno de ellos: Mario Arturo Orozco Sánchez. Todos iban en un automóvil tipo sedán con placas del Distrito Federal.
Al llegar a Tierra Blanca, donde hicieron una escala para almorzar, los jóvenes fueron interceptados por una patrulla de la policía estatal cerca de un supermercado. Se dijo que fue por exceso de velocidad y luego para una revisión de rutina. Un video confirmó que los agentes subieron a algunos de los jóvenes a una de sus patrullas y se los llevaron junto con su automóvil.
Esa misma tarde, el coche en el que viajaban los jóvenes fue encontrado cerca del municipio de Medellín, cerrado y abandonado. Los jóvenes no llegaron a una base de la policía y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Nunca hubo una llamada o petición de rescate por ellos.
José Benítez, padre de uno de las víctimas, describió así a los chicos desaparecidos: todos son jóvenes de bien, estudiantes algunos recién egresados, no estaban involucrados en nada, son chicos sanos como cualquier otro, amigos que se cuidan entre ellos y les gusta divertirse.
Entre las víctimas hay una menor: Susana Tapia de 16 años. Los otros cuatro son hombres mayores de edad y se llaman José Benítez de la O, de 24 años; su primo Bernardo Benítez de 25 años; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; y Alfredo González Díaz, de 25.
Todos eran originarios o vivían en Playa Vicente, municipio de la región Papaloapan al sur de Veracruz. Algunos de ellos se conocían desde la primaria, donde compartieron clases, como dijo una de sus maestras en un video del caso.
Los papas de José y Bernardo son ganaderos, tienen una concesión para distribuir cerveza de una marca conocida además de una tortillería. La madre de Susana Tapia es propietaria de una tienda de abarrotes, y los padres de Arturo Orozco y Alfredo González también tienen sus negocios propios.
El 13 de enero, dos días después de la desaparición y que el caso comenzara a hacerse público, la Fiscalía de Veracruz anunció la apertura de una averiguación previa y la activación de los protocolos de localización de personas en la región.
Tres días más tarde, el 16 de enero, la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Desaparecidos de la Procuraduría General de la República (PGR) anunció su incorporación al caso. Dijo que se había implementado un operativo de búsqueda coordinado con la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Una semana después, el 23 de enero, el gobierno federal confirmó la llegada de 400 elementos de la Gendarmería para reforzar las acciones de búsqueda en la región y la extensión de las mismas a Oaxaca, donde una línea de investigación apuntaba a que podrían haber sido llevados a una casa.
En las tres semanas transcurridas desde la desaparición de los cinco jóvenes, se han presentado (o filtrado) anuncios de hallazgo de posibles restos humanos y de cuerpos sin vida, sin embargo, ninguno ha correspondido a los jóvenes desaparecidos. Eso sí, van nueve cadáveres encontrados que evidencian la existencia de otros casos sin respuesta.
Todo comenzó el 18 de enero cuando se reportó el hallazgo de posibles restos cerca de una camioneta en Medellín. Más tarde se confirmó que eran de animales.
Dos días después, el 20 de enero, la Fiscalía de Veracruz confirmó el descubrimiento de seis cuerpos en una barranca ubicada en el municipio de Emiliano Zapata. No obstante, las autoridades señalaron que no correspondían al caso de los jóvenes desaparecidos pues las víctimas tenían un mayor tiempo de muertas.
El 26 de enero la Fiscalía informó de un nuevo hallazgo de tres cuerpos en la zona de Plan del Río, también en las inmediaciones de Emiliano Zapata. Las autoridades confirmaron tras los primeros estudios, que tampoco estaban vinculados con los jóvenes desaparecidos el 11 de enero.
Ante la falta de información inicial y de resultados, los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos decidieron instalar un plantón permanente en el exterior de la oficia de la Fiscalía del Estado en Tierra blanca. El campamento lleva ya más de dos semanas, casi siempre bajo la vigilancia de la policía.
Con colchonetas, sillas de plástico, un horno de microondas y una televisión los familiares sobrellevan la vida del campamento afuera de la fiscalía, a la espera de alguna noticia. José Benitez, padre de uno de los chicos, dijo que han recibido comentarios tanto de apoyo como también amenazas de que ya se vayan, sin embargo, advirtió que continuarán ahí hasta tener resultados.
Pero la presión de los padres no se ha limitado solo a su presencia permanente en la fiscalía. En redes sociales, lanzaron una campaña para promover la búsqueda de sus hijos y la recepción de cualquier dato que sea de utilidad.
En Twitter por ejemplo, con la cuenta @nosflatan5 y el hashtag #nosfaltan5 han impulsado el caso, al igual que el Facebook con Ayúdenos a Encontrarlos.
El 22 de enero los padres también publicaron un video en YouTube en donde explican quiénes son sus hijos y algunas de las condiciones en que ocurrió su desaparición.
El involucramiento de las autoridades en la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca ha sido un factor central en la historia. Bajo el supuesto de ir en exceso de velocidad, policías estatales detuvieron a las víctimas y nunca se volvió a saber de ellas. Por ello, la Fiscalía de Veracruz y la PGR lo indagan como un caso de desaparición forzada.
Hasta el día de hoy, suman siete los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal detenidos y consignados por este caso, entre ellos el delegado en la región Marcos Conde Hernández. La semana pasada, Veracruz también anunció la destitución del delegado de Tránsito en la zona, sin confirmar si el movimiento tenía relación con el caso.
Cuatro de los policías estatales consignados por la desaparición de los jóvenes en Veracruz no pasaron las pruebas de control de confianza. Animal Político publicó que uno de cada tres elementos operativos de dicha corporación y casi la mitad de los mandos, trabajan sin ser confiables.
A todo lo anterior se suma la versión de un posible montaje en la detención de tres líderes delictivos en la zona supuestamente ligados al Cártel de Jalisco Nueva Generación. Los familiares de uno de los detenidos, señalaron que no fueron capturados en las condiciones que se informó, y que supuestamente les sembraron armas para incriminarlos. La Fiscalía de Veracruz negó lo anterior.
En ese contexto los familiares promueven a través de la página de demandas virtuales change.org la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez.