4 críticas de las víctimas a la propuesta de Ley de desaparición forzada de Peña
[contextly_sidebar id=”p9tQDCBkrcxFNiQa4svbhdyasIueWSpL”]La iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, que fue enviada al Senado de la República por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 10 de diciembre de 2015, es “un monumento a la negación”.
Así lo aseguran diferentes organizaciones de víctimas que, con motivo de la reanudación ayer 2 de febrero del trabajo legislativo en el Senado, se reunieron en las inmediaciones de ese recinto legislativo, para mostrar su inconformidad con varios puntos que plantea la propuesta del Ejecutivo mexicano.
Entre las claves de la propuesta de Peña Nieto -que deberá discutirse para su aprobación antes de que termine el mes de marzo- se encuentran la aplicación de fuertes sanciones: de hasta 150 años de prisión para quienes cometan el delito de desaparición forzada; la creación de un Sistema nacional de Búsqueda de Personas y de Unidades Especiales; la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas; y la distinción de tres tipos de delitos por desaparición forzada que contempla sanciones tanto para servidores públicos, grupos de particulares, y un particular.
Aquí puedes leer las 10 claves del proyecto de Ley, y aquí la iniciativa completa (a partir de la página 38).
“No puedes hacer una ley de víctimas sin tener en cuenta a las víctimas”
A pesar de con estos puntos el Gobierno mexicano asegura que busca combatir el problema de la desaparición forzada en México, el cual según denunció el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU es “generalizado” –aquí el informe-, organizaciones de víctimas denuncian que nadie las ha tenido en cuenta para la elaboración de la propuesta, ni tampoco para la discusión que tendrá lugar en los próximos días en el Senado.
“El Ejecutivo, vía la Secretaría de Gobernación, anunció que tuvo un acercamiento con las familias de los desaparecidos. Pero eso es completamente falso”, denuncia Greis Fernández, vocera de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México.
“Se hicieron consultas vía internet –matiza la activista-, pero la solicitud que hicimos al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, para ser incluidos en los foros de discusión de la ley, jamás nos fue tomada en cuenta”.
“Por eso creemos que la iniciativa de Peña Nieto está incompleta. Porque no puedes hacer una ley de víctimas sin tener en cuenta a las víctimas, pues ellos son los verdaderos afectados que van a usar esa ley”, sentencia Fernández, quien recuerda que desde el pasado mes de septiembre de 2015 hicieron entrega, tanto a autoridades del Poder Ejecutivo como del Legislativo, de un documento con 11 puntos que resumen las peticiones de las víctimas para que se incluyan en la nueva ley, sin que hasta la fecha haya sido tomado en cuenta.
Asimismo, la vocera de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos hace hincapié que en la propuesta de ley del Ejecutivo “los migrantes no se ven reflejados tampoco por ninguna parte”.
“Por eso, parte de lo que estamos pidiendo es que se hagan convenios internacionales para poder hacer las investigaciones de manera conjunta de los miles de casos de migrantes desparecidos en nuestro país”, plantea Greis Fernández.
Lee aquí los 11 puntos de las organizaciones de desaparecidos
“Sin presupuesto para la Ley, es imposible que los MP hagan su trabajo”
Por su parte, Martín Villalobos, coordinador de la red Eslabones por los Derechos Humanos, subraya que el “elemento central de crítica” de las víctimas es el relativo a la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual, según dice la iniciativa, “establecerá una colaboración entre las distintas instancias de los órdenes de gobierno, víctimas, familiares y organizaciones civiles”.
“Esa unidad de Búsqueda de Personas debe ser el motor central de la Ley. Y sin embargo, se presenta de una manera muy poco desarrollada, muy superficial”, indica Villalobos, quien expone que las víctimas exigen que esta unidad esté coordinada desde la Federación, “y que permita tener en una sola instancia toda la información que hoy se encuentra dispersa en Semefos, hospitales, fosas comunes y penales”.
“Otro punto de crítica –añade el activista- es que esa Unidad de Búsqueda no trae asignado ningún presupuesto, y ese es justamente uno de los principales problemas que tenemos: que no se investigan las desapariciones forzadas porque la mayor parte de los ministerios públicos traen hasta 90 averiguaciones y es humanamente imposible que puedan hacer su trabajo”.
“Mandar los casos de desaparición a los estados, es mandarnos al matadero”
Lucía de los Ángeles Díaz, vocera del Colectivo Solecito Veracruz, señala que otra crítica central a la propuesta del presidente Peña Nieto es que, tal y como establece el punto ‘Distribución de competencias’, ésta busca delegar responsabilidades en las autoridades de los diferentes gobiernos estatales para prevenir y sancionar los delitos de desaparición de personas.
“Sin embargo, todos sabemos que las entidades están permeadas por la delincuencia a todos los niveles. Ahí tenemos el ejemplo de Veracruz, donde es imposible acceder a la justicia. Entonces, no pueden mandarnos a la justicia de los estados porque nos estarían mandando al matadero”, argumenta Díaz.
Dolores González, integrante del Movimiento Nacional de Personas Desaparecidas, recuerda que la experiencia ya ha demostrado que “existen limitantes en la investigación que hacen los estados”.
Una limitación, recalca en una entrevista que Animal Político publicó el 18 de diciembre, tres días después de que Peña Nieto presentara la propuesta, es que los estados “no tienen un marco normativo profesionalizado para abordar la problemática”. Mientras que otro limitante es la “poca confianza” en las autoridades locales.
“A partir de estos limitantes las familias hemos insistido en que debe haber una presencia de la Federación para garantizar que las investigaciones se hagan adecuadamente, y para que pueda atraer casos de desaparición cuando se requiera”, explicó la activista.
“Es un simulacro de Ley”
Estos puntos han llevado a las organizaciones de víctimas a mostrarse pesimistas en cuanto a los alcances que pueda tener la nueva Ley, a la que consideran un acto de “simulación” por parte de la autoridad federal.
“Para nosotros la propuesta de Peña Nieto es un monumento a la negación. No es la respuesta a la problemática de la desaparición forzada en México, sino un simulacro de ley”, sentencia Lucía de los Ángeles Díaz.
“Creemos que esta iniciativa de Peña Nieto es nada más para aprobarla en febrero y decirle al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU que cumplió con las recomendaciones que le hizo a México. Sin embargo, esa iniciativa así como está es letra muerta”, remarca por su parte el activista Martín Villalobos, quien no obstante señala que espera que los senadores incluyan a las víctimas en las próximas jornadas de discusión de la ley, para poder mejorarla.
Mientras que María Herrera, del colectivo de Familiares en Búsqueda, considera que, al margen de que se hagan modificaciones o no a la propuesta del Gobierno, la nueva Ley de Desaparición Forzada “requiere de gente humana trabajando en las instituciones”.
“Necesitamos gente que trabaje de verdad y que nos ayude a buscar familiares. No queremos una ley que nada más se quede en letras, sino una ley que se activa, y que se ajuste a nuestras necesidades como víctimas”, pide la activista.
