Los desplazados de Chiapas, entre la impunidad y la fe en el papa
[contextly_sidebar id=”jQPZil9fcOy9MsXVC8LOs2IbmAXiwoRX”]La leña quemada dentro de un destartalado bote de lámina es la única forma en que los 19 integrantes de la familia López Girón soporta el frío de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que en los inviernos más crueles alcanza temperaturas bajo cero. Viven hacinados en un cuarto que no supera los 12 metros cuadrados y no terminan de adaptarse a una ciudad que no les ofrece tierras para sembrar como lo hacían en Banavil, la comunidad de la que fueron desplazados hace cuatro años.
Este lunes 15 de febrero, Miguel y su hermano Lorenzo se acomodaron en la calle Insurgentes desde las tres de la mañana para formar la valla humana que el papa Francisco vería en su camino hacia la catedral de San Cristóbal de las Casas, después del medio día.
Su madre, Antonia Girón, de 60 años, llegó a las seis de la mañana con una de sus hijas a la Unidad Deportiva donde el pontífice oficiaría misa cuatro horas después. Su fe católica es tan grande que confían en que Dios les ayudará a regresar a su comunidad. Por eso, Francisco significa una esperanza.
La familia quería entregarle una carta en la que piden su ayuda para que interceda por ellos ante el gobierno de Chiapas y por fin investigue el paradero de su padre, Alonso López, desaparecido el 4 de diciembre de 2011 luego de que un grupo armado de 50 priístas entrara a su casa y se lo llevara. La misiva nunca le llegó, no hubo forma de acercarse al jerarca al que vieron pasar sólo unos segundos.
La historia de la agresión
El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 propició cambios entre las comunidades indígenas de Chiapas. La familia López Girón decidió formar parte de las Bases de Apoyo porque “estábamos luchando por la tierra, por nuestros derechos”, cuenta Miguel, un joven moreno y delgado de 27 años que no supera el metro y medio de estatura.
Sin embargo, en el municipio de Tenejapa, donde se encuentra la comunidad tseltal de Banavil, sólo cuatro familias decidieron sumarse al movimiento del EZLN, mientras que el resto se adhirió al PRI para recibir apoyos de programas sociales. La tensión entre ambos grupos, que incluso son familiares, llegó hasta la agresión armada que sufrió Miguel y su familia en 2011.
“Eran como 50, entraron a la casa, nos pegaron y se llevaron a mi papá”, relata Miguel. Días después, ante el temor de que sufrieran otra agresión, la familia abandonó su casa y consiguió refugio en un cuarto de láminas en San Cristóbal de las Casas.
El 23 de diciembre de 2011, en el ejido Mercedes, que colinda con Banavil, se encontró un brazo cercenado; días después, policías estatales, el ministerio público y el juez municipal acudieron para buscar el resto del cuerpo sin encontrarlo. Una prueba de ADN posterior, confirmó que el brazo era de Alonso López. Después de eso, nada se ha avanzado en la investigación.
Además, la Fiscalía de Justicia Indígena no ha dado trámite a la denuncia por despojo interpuesta por la familia, mientras que las órdenes de aprehensión en contra de los perpetradores no ha sido ejecutada, lo que demuestra las irregularidades en el proceso, denuncia el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organización encargada de la defensa del caso.
La familia demanda el regreso a su comunidad y la presentación de su padre. “Han tenido varias reuniones con representantes del gobierno del estado, pero en ninguna han obtenido resultados favorables. Por eso siguen denunciando la falta de justicia en su caso”, explica el Centro Frayba en su informe “La insurgencia de los derechos humanos”, publicado en septiembre de 2015.
Hasta 2002, la cifra de desplazados internos a causa de los sucesos de 1994 se calculaba entre 16 mil y 20 mil personas, según el informe del representante del Secretario General sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas de Naciones Unidas, Francis Deng.
La familia López Girón ha tenido que adaptarse a su nueva vida. Antes sembraban maíz en las ocho hectáreas que tenían en Banavil. Ahora las mujeres lavan ropa ajena y los hombres se alquilan como peones.
Lo que ganan es insuficiente para mandar a la escuela a los siete niños que procrearon y su situación llegó a un extremo cuando Antonia, una de 11 años se enfermó y fue hospitalizada. Los médicos le diagnosticaron edema cerebral y falleció el 21 de febrero de 2015.
“Queremos regresar a nuestra casa, a sembrar nuestras tierras. Queremos a nuestro padre de regreso. No estamos pidiendo dinero, sólo queremos que esto no se vuelva a repetir para nadie”, dice Miguel, mientras su madre Antonia no puede contener el llanto.
