La Secretaría de Cultura deja en el limbo a trabajadores temporales y enfrenta dos demandas
[contextly_sidebar id=”VabJfXFSuOVCVr6CJwFq87WIzCIm1QMZ”]Después de trabajar 20 años en la fonoteca de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Arturo Camas fue despedido. Según le explicaron, se debió al recorte presupuestal con el que la Secretaría de Cultura inicia su primer año de ejercicio, luego de que el área cultural fue separada administrativamente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en diciembre pasado.
En estos años de trabajo firmó contratos provisionales —los más largos por seis meses— sin conseguir una plaza de base. Después de una demanda laboral y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consiguió que en 2003 fuera afiliado al ISSSTE, pero nada más. Sus contratos nunca incluyeron las prestaciones de ley; por eso, el viernes 29 de enero salió de la institución con las manos vacías.
Su caso se suma al de una centena de profesionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que han sido despedidos o no les renovaron contrato en los últimos dos meses, y a quienes les han argumentado que la administración federal dispone de menos recursos para 2016.
De acuerdo con el secretario técnico del INAH, Diego Prieto, el recorte fue de 20%, es decir, 200 millones de pesos con respecto a 2015; por lo que el presupuesto para este año es de 3, 720 millones de pesos. La disminución, dice, está afectando directamente al personal, aún cuando el secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, advirtió que se respetarían los derechos laborales de los trabajadores.
A los más de 1, 500 empleados que han sido contratados de manera temporal para realizar investigación, restauración y tareas administrativas les informaron que podrán continuar sólo si firman un contrato con una nueva categoría salarial para cobrar con recibos de honorarios, comenta Leticia Ruano, integrante del Movimiento Nacional por la Basificación.
A partir de marzo, les advirtieron, deberán darse de alta en la Secretaría de Hacienda para firmar contratos como prestadores de servicios profesionales –honorarios–. Sin embargo, de acuerdo con el abogado laborista Arturo Alcalde, el contrato por honorarios se trata de un convenio civil, por eso ni siquiera serían reconocidos como trabajadores de la dependencia federal y su salario será menor debido al pago de impuestos.
Animal Político solicitó al INAH información respecto a los despidos y la reducción presupuestal en la Secretaría de Cultura, pero no hubo respuesta.
Los empleados temporales están “en alerta roja” y “con miedo” a que haya más despidos en las próximas semanas. Incluso, varios trabajadores consultados por este medio pidieron no publicar su nombre debido a que recibieron advertencias por parte de sus superiores, para no hacer pública la problemática o de lo contrario serían despedidos definitivamente y hasta “boletinados”.
Inicio con demandas
La nueva Secretaría de Cultura inicia su primer año de operación con dos demandas. La primera incluye a 345 trabajadores eventuales, que demandaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la basificación de sus empleos ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje desde 2009.
Sin embargo, a partir de la creación de la Secretaría de Cultura, esta se convierte en el “patrón sustituto” de la SEP, toda vez que en el decreto publicado el 17 de diciembre pasado establece que la estructura administrativa cultural a cargo de Educación Pública, pasaría a la nueva dependencia.
Arturo Alcalde, representante legal de los trabajadores, explica que la administración federal ha tratado a su personal como “indocumentados”, debido a que las contrataciones son irregulares, y el desorden administrativo que el INAH ha mantenido durante años se está poniendo en evidencia.
La opción para los trabajadores, dice, es demandar a la Secretaría de Cultura y organizarse en uno o varios sindicatos de Cultura, toda vez que ya no podrían estar afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues éste sólo puede incluir a trabajadores de la SEP.
La segunda demanda fue interpuesta por 607 profesores investigadores y docentes del INAH ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que le sean reconocidos todos sus derechos laborales.
Manuel Fuentes, abogado que lleva los casos, explica a Animal Político que los investigadores buscan que la Secretaría de Cultura firme un documento en el que se comprometa a respetar las prestaciones adicionales al contrato colectivo de trabajo, convenidas sólo en acuerdos o minutas con la SEP.
Aunque el decreto por el que se crea la Secretaría de Cultura establece el respeto a los derechos laborales, los trabajadores quieren asegurar que ninguna de sus conquistas salariales será afectada.
Esta es la primera etapa de la demanda, pues aún faltarían 400 trabajadores del INAH, informa el abogado. Se prevé que en los próximos días, los funcionarios de las secretarías de Educación y Cultura sean llamados para una primera cita de conciliación, en la que se plantearía conseguir el compromiso por escrito.
El INAH, fundado en 1939, tiene una responsabilidad fundamental para la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible en el país. Es responsable de más de 110,000 monumentos históricos, construidos entre los siglos XVI y XIX, y 29,000 zonas arqueológicas y 120 museos.
Además tiene más de 800 académicos en las áreas de historia, antropología social, arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, antropología física, arquitectura, conservación del patrimonio y restauración.
