[contextly_sidebar id=”3g5HWo6lH7ayFAeMoY15cnhMGOvoWGR5″]En los últimos dos años la Procuraduría General de la República (PGR) abrió averiguaciones previas por la desaparición de 165 personas en Veracruz, atribuibles a grupos del crimen organizado, y donde una de las líneas de investigación apunta a la posible colaboración de elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del estado.
Autoridades de la PGR revelaron a Animal Político, que el Ministerio Público de la Federación tiene en curso ese número de averiguaciones previas tan solo en el periodo de 2014 a 2015.
La mayoría de esos casos no fueron del conocimiento o no son parte de las investigaciones de la Fiscalía del Estado, pues son indagados directamente a nivel federal.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) trabaja en la identificación de las redes de vínculos entre las decenas de desapariciones y de probables responsables.
Un ejemplo de ello es el caso del ex delegado de la policía estatal en Tierra Blanca Marcos Conde Hernández, detenido por su vínculo con la desaparición de cinco jóvenes el pasado 11 de enero, pero que también es investigado por su probable intervención en por lo menos una decena de desapariciones ocurridas en los municipios de La Antigua y Boca del Rio.
La línea de investigación que trabaja la SEIDO es que casos como el de los cinco jóvenes en Tierra Blanca no obedecen a un hecho circunstancial, sino a una acción premeditada de policías que privan de su libertad a personas por encargo de los grupos criminales.
De acuerdo con las investigaciones de PGR, tanto Los Zetas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) infiltraron a las fuerzas de seguridad, sin embargo, a diferencia de otros casos, la complicidad no se concentra en corporaciones municipales sino directamente en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
Autoridades de la PGR no quisieron proporcionar los nombres de los funcionarios que se encuentran bajo investigación para no entorpecer las indagatorias, pero subrayaron que en los próximos días se darán a conocer los avances en diversos casos, entre ellas el de Tierra Blanca.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que se construye a partir de los datos que proporcionan las entidades Federativas, actualmente en Veracruz existe una cifra de 520 personas no localizadas, lo que coloca a la entidad prácticamente a la mitad de la lista nacional en incidencia de este delito.
Incluso, apenas esta semana la Fiscalía del Estado anunció que solamente en el mes de enero se lograron ubicar a 65 personas que se encontraban extraviadas.
En cambio, las 165 averiguaciones que la PGR tiene abiertas por desaparición de personas ligadas a la acción de la delincuencia organizada en 2014 y 2015, ubican a Veracruz con la segunda entidad con la incidencia más alta de este delito, solo detrás de Guerrero.
Además, la entidad que gobierna Duarte es la que registra el mayor número de casos en los que estaría involucrada directamente la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ya sea a través de la Policía Estatal Acreditable o de la llamada Fuerza Civil.
Veracruz tiene, según los datos oficiales, a la fuerza de seguridad pública estatal menos confiable de todo el país en todos los niveles. A nivel de mando, el 44% de los servidores en funciones no son confiables, mientras que en el nivel operativo, prácticamente uno de cada tres policías uniformados reprobó el proceso de control de confianza.
El último caso registrado hasta ahora fue el de la desaparición de los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que regresaban del puerto de Veracruz tras una fiesta de fin de semana. El lunes 11 de enero, los jóvenes fueron interceptados por policías estatales ya que supuestamente estaban manejando en exceso de velocidad. Hasta ahora no se sabe cuál es su paradero.
En noviembre de 2014 Animal Político publicó información relacionada con 20 casos de personas desaparecidas en Atoyac. El común denominador es que todas ellas fueron “detenidas” por patrullas de la policía estatal y nunca más se supo de su paradero.
Aunque por lo menos 11 de esos casos sí fueron denunciados ante el Ministerio Público local, según lo que dijeron los familiares, ninguno de ellos apareció siquiera en los registros de la entonces Procuraduría de Justicia estatal.
Otro caso, que también involucró a cinco jóvenes, ocurrió el 2 de septiembre de 2014 en Cosoleacaque Según los familiares, las víctimas fueron detenidas en un retén instalado por la policía estatal en conjunto con la Marina. Una semana después, los padres reportaron que recibieron un sobre en donde se señalaba a jefes policiales como los responsables.
Semanas después se reportó que algunos de los jóvenes habían aparecido sin vida en una fosa clandestina ubicada en la localidad de El Pilapillo, sin embargo, ya no se supo si en ese hallazgo estaban incluidas todas las víctimas. Este caso también sigue sin respuesta.
Apenas en diciembre de 2015 dos jóvenes identificados como Egón López González, de 19 años de edad, y Rafael Thiel Vera, de 18 años, también fueron detenidos de forma ilegal por policías estatales en el municipio de Tierra Blanca que los sacaron de un domicilio.
En esta última desaparición presuntamente participaron dos de los siete policías ya detenidos por el caso de los cinco estudiantes ocurrido el pasado 11 de enero.
A partir de los operativos realizados para localizar a esos estudiantes en las últimas tres semanas, se han encontrado en distintos puntos del sur de Veracruz fosas clandestinas con por lo menos nueve cuerpos que, no se descarta, podrían corresponder a víctimas de las decenas de desapariciones forzadas ocurridas en los últimos años.