El Bronco recibió reporte de crisis en penales 10 meses antes de Topo Chico
[contextly_sidebar id=”7ueIJroFxNsOw6HXxOca1BwC8YdXg8X0″]Antes de ganar las elecciones para gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” supo de la crisis en que se encontraban las cárceles de la entidad gracias a un reporte que especialistas y empresarios le entregaron en propia mano, junto con 10 compromisos que él mismo firmó para revertir esa situación.
En dicha carta, fechada el 24 de marzo del 2015, se alertaba entre otras cosas que los penales de la entidad padecían problemas de ingobernabilidad, de deficiencias en infraestructura y en los esquemas de revisión, vigilancia y seguridad, de la falta de separación de internos de alto riesgo, así como sobrepoblación penitenciaria.
Incluso se mencionó particularmente que había una actividad comercial y de preparación de alimentos totalmente ilegal dentro de las cárceles con los efectos nocivos.
Varios de estos puntos quedaron de manifiesto en la riña del pasado 11 de febrero en el Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico, que dejó 49 muertos. La inspección al penal evidenció que había múltiples tiendas ilegales, sauna, acuarios, pantallas y hasta un bar controlado por los internos.
Cabe señalar que en Nuevo León hay tres penales bajo jurisdicción del gobierno estatal, pero el de Topo Chico es, por mucho, el de mayor población con casi tres mil 700 internos, y un promedio de hacinamiento superior al 7.6%.
A continuación Animal Político te presentamos la carta y los diez compromisos que el hoy gobernador firmó cuando era candidato independiente. El reporte fue entregado por el patronato de la Institución RENACE y firmado por su presidente Ernesto Canales.
- Regular actividad en prisiones. Los especialistas urgieron a frenar la actividad comercial dentro de los penales y que las autoridades asumieran el control de la provisión de alimentos y otras necesidades.
- Mejorar infraestructura y servicios. Gobierno debe mejorar la seguridad de las cárceles y proporcionar condiciones dignas a los internos con apego a los derechos humanos para eliminar ingobernabilidad.
- Incrementar presupuesto. En los últimos años hubo reducción de recursos a los penales pese a incremento de población. Debe asignarse más dinero en este sentido.
- Continuar construcción de penal de Mina. Concretar la edificación del nuevo centro penitenciario estatal con una operación sustentada en estándares internacionales.
- Reclutar más personal y profesionalizarlo. Se requiere reclutar a servidores públicos en los penales que además de ser suficientes en número cumplan con programas de capacitación que garanticen respeto a derechos humanos.
- Separar efectivamente a internos. Los especialistas urgieron a que haya una separación real entre hombres y mujeres presos, y sobretodo entre los reos por su nivel de riesgo, para evitar el fenómeno de la “contaminación carcelaria”.
- Proporcionar apoyo integral a las familias. Resulta necesario establecer un programa integral de apoyo que ayude a las familias a superar el trance de que uno de sus seres queridos esté en prisión.
- Establecer normas de calidad de acuerdo a estándares internacionales. Diseñar y aplicar medidas de seguridad y operación carcelaria acorde a los estándares que establece principalmente la Organización de las Naciones Unidas.
- Implementar política contra la sobresaturación de penales. Hacer efectivas las nuevas medidas alternativas a prisión del sistema penal acusatorio así como otros beneficios de preliberación con un análisis cuidadoso de los casos.
- Hacer uso de las “cárceles abiertas”. Otorgar el beneficio de las cárceles abiertas a los internos que estén en la última fase de su pena y hayan mostrado un comportamiento favorable y progreso en los programas de readaptación.
