[contextly_sidebar id=”eckGyyLHq0AcQOJsQ3x65Aa7fKkLbCRk”]El rancho El Limón en Veracruz, donde se descubrieron restos de dos de los cinco estudiantes desaparecidos el 11 de enero, era utilizado por el crimen organizado —con la posible complicidad de fuerzas de seguridad— para desaparecer los cuerpos de cientos de personas secuestradas desde hace varios años. Esto además de otros delitos.
Esa es la línea de investigación de las autoridades estatales y federales, tras el hallazgo de casi tres mil fragmentos pertenecientes a cientos de cuerpos realizado en ese rancho, localizado en el municipio de Tlalixcoyan, al sur del estado de Veracruz.
Fuentes con pleno acceso al expediente abierto en la Fiscalía de Veracruz revelaron a Animal Político que se recabó esa cantidad de fragmentos en el rancho El Limón, luego de tres días de trabajo forense, a cargo de peritos estatales y de la División Científica de la Policía Federal.
La clave para encontrar dichos restos en el rancho, al que se llegó gracias a denuncias ciudadanas, fue que recientemente se habían removido importantes cantidades de arena y tierra, al parecer usando maquinaria pesada.
Perros entrenados en la localización de restos humanos marcaron las zonas claves en las que se encontraban los fragmentos y así se pudieron iniciar los trabajos.
“Los peritos en materia de antropología forense estuvieron trabajando tres días en la zona para poder levantarse y luego procesarse las piezas que se han ido encontrando. Este era un sitio que se estaba usando para este tipo de actividades, según las líneas de investigación abiertas” dijo a Animal Político la fuente consultada.
Entre los fragmentos recopilados hay desde pedazos de hueso hasta otros objetos en los que hay presencia de material orgánico humano, como sangre.
El problema para los peritos es que gran parte de los fragmentos encontrados se encuentran en un estado de deterioro significativo, que hace difícil que puedan ser procesados e identificados con las pruebas forenses convencionales. Por ejemplo, la mayoría de fragmentos de hueso estaban notablemente calcinados.
Debido a lo anterior, no se ha podido precisar con exactitud a cuántos cuerpos pertenecen los tres mil fragmentos encontrados en el rancho, pero las autoridades estiman que podrían ser cientos de víctimas. Hasta ahora, a partir de un par de huesos y de una mancha de sangre, se consiguió identificar a dos víctimas, que corresponden a los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.
La hipótesis de la Fiscalía de Veracruz y de la Comisión Nacional de Seguridad, que colabora en los peritajes, es que las víctimas eran llevadas al rancho. donde se procedía a quemar sus cuerpos y posteriormente a triturar los restos, para finalmente enterrarlos.
Ayer, el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Roberto Campa, confirmó que el rancho era utilizado para para la desaparición masiva de personas.
“Hubo un trabajo pericial casi artesanal, de cernido de restos que fueron calcinados, pero que después fueron prácticamente molidos, como sucede con las cremaciones convencionales (…) todo este hallazgo fue realizado con un trabajo forense muy cuidadoso, hay 40 horas de trabajo videograbado, se utilizó todo el equipo técnico y perros adiestrados” dijo el funcionario federal.
Las autoridades involucradas en el caso ya tienen identificado a uno de los propietarios de El Rancho el Limón.
El nombre no fue revelado a Animal Político para no entorpecer la indagatoria; sin embargo, se sabe que es una persona que adquirió la propiedad hace menos de tres años y que vive también en Veracruz, aunque no es de la misma zona donde se encuentra el rancho ni tampoco del área de Tierra Blanca, donde desaparecieron los cinco jóvenes.
La Fiscalía de Veracruz ya emitió las órdenes de localización correspondientes para que dicha persona sea llevada a rendir declaración ante el Ministerio Público y se esclarezca si conocía de las actividades ilícitas en ese sitio.
Con independencia del propietario, se presume que el rancho era utilizado por una célula delictiva del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Una de las líneas apunta a que la propiedad era en realidad controlada por Francisco Navarrete, supuesto jefe de zona de ese grupo criminal, detenido el pasado 24 de enero.
El Limón es una propiedad que se ubica cerca de la comunidad conocida como San Joaquín Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, al sur de Veracruz. Se trata de una zona semirural, a la cual se llega mediante un camino de dos carriles que se encuentra parcialmente pavimentado.
Cabe señalar que el rancho se encuentra a más de 60 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Tierra Blanca, localidad en donde fueron detenidos ilegalmente por la policía estatal los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero.
Si los agentes que detuvieron a los jóvenes los hubieran trasladado directamente al rancho, el recorrido en vehículo lo habrían hecho en apenas una hora 15 minutos, de acuerdo con datos de Google Maps.
Según las investigaciones, el rancho era utilizado por los delincuentes para múltiples propósitos ilícitos, además de la desaparición de personas.
Cuando el rancho fue intervenido la semana pasada se encontraron, entre otras cosas: dos vehículos con reporte de robo, distintos equipos y herramientas utilizadas comúnmente para la extracción ilegal de hidrocarburos, un taller con material utilizado para fabricar fondos ocultos en vehículos, así como indicios de que en el sitio eran retenidas personas.
La zona en la que se encuentra el rancho, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), era hasta 2013 una de las áreas de influencia del grupo delictivo de Los Zetas, pero en los últimos tres años, es el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien tiene la presencia más significativa en la zona.
La PGR, a través de la SEIDO, indaga la colaboración de fuerzas de seguridad pública estatal con este y otros grupos criminales en Veracruz para cometer múltiples delitos, desde el secuestro y desaparición de personas, hasta la extorsión, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas y homicidio.
El rancho El Limón no es la primera propiedad de este tipo en Veracruz que es utilizada por grupos criminales para desaparecer personas o para cometer otro tipo de actividades ilícitas.
En 16 de junio de 2014, elementos de la Armada de México descubrieron múltiples fosas clandestinas en el rancho El Diamante, ubicado entre los municipios de Tres Valles y Cosamaloapan, también en el sur de Veracruz. En los días siguientes al hallazgo, más de 30 cadáveres fueron rescatados de dicho terreno, sin que se precisara oficialmente la cantidad de víctimas.
De acuerdo con las investigaciones, el rancho el Diamante era propiedad del exalcalde del municipio de Tres Valles, Fernando Cano Cano, quien murió en 2011.
Por citar otro ejemplo, en febrero del 2012, la detención de un presunto jefe de ”halcones” de un cártel llevó a elementos de la Marina al hallazgo de los cuerpos de al menos 15 personas, quienes habían sido enterradas en fosas clandestinas ubicadas en dos ranchos próximos a la localidad de Acayucan, también en el sur de la entidad.
En días posteriores al hallazgo se realizaron nuevas excavaciones en esos ranchos pero ya no se dijo públicamente si se encontraron más cuerpos.
Más reciente fue el descubrimiento de cinco cadáveres, entre ellos los de dos personas de origen colombiano con signos de tortura, en el interior del rancho El Lagostillo, ubicado en el municipio de Puente Nacional. El hallazgo se realizó en noviembre de 2015.
Cabe señalar que las víctimas encontradas en ese caso habían sido secuestradas en el municipio de Córdoba, el mismo donde apenas el pasado 8 de febrero fue secuestrada por un comando armado la periodista Anabel Flores.
Los operativos en ranchos de Veracruz no siempre derivan en el hallazgo de cuerpos, pero sí de otros elementos. Por ejemplo, en septiembre de 2014 un operativo en el rancho San Pedro, ubicado en el municipio de Acuitzingo, derivó en el descubrimiento de un campo de entrenamiento de Los zetas y el decomiso de un arsenal completo.
Los familiares de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de enero en Tierra Blanca buscarán que los especialistas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que en México trabaja en el caso Ayotzinapa, realice un segundo análisis de un grupo de restos encontrados en el rancho El Limón y que según las autoridades corresponden a dos de las víctimas.
Los abogados que asesoran a los padres de los jóvenes confirmaron a Animal Político que el EAAF es la primera opción y desde la noche de ayer se buscaba el contacto con ellos.
La segunda alternativa, que también se comenzó a trabajar, es la de un equipo de peritos con sede en Nuevo México, Estados Unidos, y que cuentan con trayectoria reconocida en temas de identificación forense.
En ambos casos el peritaje tendría que ser pagado por los familiares, aunque se espera que el estado terminé subsidiándolo como parte de la reparación del daño al que tienen derecho las víctimas.
Es por este motivo que en una nueva reunión realizada el 9 de febrero con autoridades de la Gendarmería y de la Fiscalía de Veracruz, los padres rechazaron que se les entregaran los retos encontrados, pues prefieren que sigan bajo resguardo ministerial, a la espera del segundo peritaje.