3 mil custodios en prisiones estatales reprobaron los controles de confianza
[contextly_sidebar id=”tOE5uU2GTmpNG9f8MVZodKJbgZLe120m”]La seguridad de las cárceles estatales en México está a cargo de casi 30 mil custodios, entre mandos y guardias. En promedio, hay un custodio para cuidar a ocho internos, lo que está dentro (apenas) de los estándares internacionales. El problema es que más de tres mil de esos guardias, incluidos 200 mandos, no son confiables.
Datos oficiales revelan que a nivel nacional, por lo menos uno de cada 10 elementos de seguridad asignados a los centros penitenciarios estatales, incluyendo a los propios mandos, no deberían estar ahí, pues no superaron las pruebas obligatorias para establecer si son aptos y confiables para desempeñar su trabajo.
Hay estados donde la realidad es aún más dramática. En Nuevo León por ejemplo, donde se encuentra el penal estatal de Topo Chico que el pasado 11 de febrero registró una riña que dejó 49 muertos, casi la cuarta parte de los custodios no son confiables. En Veracruz más de la mitad del personal está reprobado.
En total, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, proporcionadas a Animal Político por la organización Causa en Común, hay 29 mil 534 elementos de seguridad en activo en los reclusorios de los estados.
De todos ellos, tres mil 155 reprobaron el proceso de evaluación de control de confianza, lo que representa un 11% del estado de fuerza total.
En el universo del personal hay mil 820 efectivos que son mandos de distinto nivel, de los cuales poco más de 200 no son confiables. En tanto, de los 27 mil 700 custodios operativos, tres mil 155 están reprobados. En ambos casos es una proporción del 11% de los servidores públicos en funciones.
Las deficiencias en los esquemas de seguridad de las cárceles, son un común denominador en incidentes graves como el ocurrido en Topo Chico o en la muerte de 44 reos en la cárcel de Apodaca en 2012, y en donde fueron cómplices custodios, jefes de seguridad y directores.
En el país están en funcionamiento 285 centros penitenciarios estatales que albergan a poco más de 223 mil personas recluidas, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Seguridad.
Cárceles en mayor riesgo
En Veracruz, la mayoría del personal de seguridad asignado a los reclusorios estatales, no es confiable. Es la única entidad en el país en donde son mayoría los elementos de prevención y readaptación social reprobados que los aprobados. El 57% de los más de 700 efectivos en funcionales no superaron los exámenes
Además, la entidad que gobierna Javier Duarte ocupa el segundo sitio en mandos de cárceles reprobados con 48%.
Cabe señalar que en Veracruz hay 17 Centros de Reinserción Social cuya seguridad depende del estado, En dichas cárceles hay casi siete mil internos que representan una sobrepoblación superior al 8%.
Tabasco es la segunda entidad con la mayor proporción de custodios de las cárceles reprobados, con aproximadamente el 40%. En dicha entidad hay seis penales estatales, siendo la de mayor tamaño el centro de Reinserción Social de Tabasco, que tiene una sobrepoblación que supera el 65%.
Otro foco rojo es Zacatecas en donde el 38% de los custodios de las prisiones fueron calificados como no aptos. Incluso, la entidad cuenta con el mayor porcentaje de mandos reprobados. De sus 15 jefes de seguridad en reclusorios, ocho no superaron las evaluaciones, que representan el 53%.
En Zacatecas existen 16 centros penitenciarios responsabilidad del estado que albergan a cerca de dos mil reos.
En Sinaloa el 36% de los custodios de las prisiones y el 38% de sus jefes no son en teoría confiables. El estado cuenta con cuatro penales estatales con cerca de siete mil internos de los cuales, más de mil 300 son del orden federal, principalmente vinculados con el crimen organizado. La sobrepoblación carcelaria en la entidad es de casi 7%.
En Baja California Sur, donde hay cinco prisiones estatales con más de 14 mil reos, 124 de los 400 custodios y mandos en las cárceles tampoco son confiables, lo que equivale a casi la tercera parte de todo el equipo de seguridad.
Déficit en vigilancia
Hasta el cierre del año pasado había poco más de 223 mil personas recluidas en los penales bajo administración de los estados, los cuales en realidad fueron construidos con espacios para albergar únicamente a 148 mil internos. La sobrepoblación en estas cárceles supera entonces el 63 %.
A cargo de la seguridad de todos esos reos hay poco más de 29 mil custodios (27 mil sin contar los mandos), lo que es en promedio un elemento de seguridad para cuidar a cada 8 o 9 internos.
Dicha proporción se encuentra dentro de los márgenes del estándar internacional para los centros penitenciarios. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) el mínimo de seguridad en una cárcel debe ser de un guardia de seguridad por cada diez personas presas.
Pese a lo anterior, existen algunas entidades en el país en donde si existe un déficit en tema de custodios, en comparación con el referido parámetro internacional.
El caso más grave es el de Quintana Roo en donde los centros penitenciaros locales albergan a poco más de cuatro mil reos, sin embargo el estado de fuerza es de solo 136 elementos de seguridad, lo que apenas es un policía por cada 29 internos.
En el estado de Sinaloa, que se encuentra entre los de mayor proporción de custodios no aptos, hay 596 guardias de seguridad a cargo de siete mil 233 internos, lo que arroja un promedio de un custodio para cada 12 reos.
Otro caso es el de Baja California en donde hay 15 mil 658 internos frente a mil 405 guaridas de seguridad lo que en una proporción de un custodio para 11 encarcelados. El mismo déficit de seguridad se presenta en Oaxaca e Hidalgo con un promedio de un guardia por once reos.
Bombas de tiempo
Las deficiencias en los esquemas de seguridad de los centros penitenciarios en los estados ha derivado ya en el surgimiento de algunas situaciones de crisis, sobre todo relacionadas con hechos de violencia o la fuga de reos.
El último caso y el más violento hasta ahora fue el del pasado 11 de febrero en el Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico, en donde una presunta pelea entre internos dejó 49 muertos. El incidente exhibió además las deficientes condiciones de vigilancia y seguridad en el penal. Por ese caso fueron detenidos tres mandos del centro, incluyendo su directora: Gregoria Salazar.
Otro hecho grave se registró en el centro penitenciario de Apodaca, también en Nuevo León, entre el 19 y 20 de febrero del 2012. Tras una serie de disturbios 44 internos perdieron la vida mientras que otros 30 lograron escapar de las instalaciones. El entonces gobernador Rodrigo Medina dijo que mandos del reclusorio, entre ellos el director y el jefe de seguridad, tuvieron responsabilidades en los hechos.
El diciembre de 2010, por mencionar otro ejemplo de varios, se registró la fuga de reos más grande de la que se tenga registro de una cárcel local: 151 internos escaparon del penal de Nuevo Laredo .Seis meses más tarde otros 61 internos también escaparon de dicha prisión bajo jurisdicción del estado.
En total ocho funcionarios del penal, entre ellos el director y diversos custodios, fueron consignados por el Ministerio público por su responsabilidad y complicidad en la fuga de los internos.
