[contextly_sidebar id=”HIsjcTiYf1Oj7Xy48LXGQuFa7i40AL4a”] Calera Chica es una comunidad en Morelos sobre la que, desde hace al menos tres años, se cierne una nube de partículas contaminantes microscópicas, provenientes de cuatro empresas que trituran material de construcción. Su proceso de producción genera polvos que se depositan en los pulmones de la población, así como en “los bienes muebles e inmuebles, fachadas, puertas, banquetas, arroyo vehicular, árboles y arbustos” de la zona.

Con la mitad de su territorio dentro del municipio de Emiliano Zapata, y la otra mitad en el municipio de Jiutepec, Calera Chica es una especie de tierra de nadie, en la que ninguna autoridad hace valer las normas ambientales que regulan la operación de empresas contaminantes, o las normas de tránsito que obligan a que transporten sus productos en contenedores cubiertos, que eviten su dispersión.

De hecho, parte de estos contaminantes son esparcidos por “camiones oficiales de carga del municipio de Jiutepec”, que junto a camiones particulares transportan (y derraman) “arena, arenilla, grava y asfalto” por las calles de Calera Chica, de forma ininterrumpida.

Particularmente, en Jiutepec se detectó “la presencia de una capa de polvo con aproximadamente dos centímetros de espesor, aunado al constante ingreso y salida de vehículos de carga que, con su transitar, esparcían en el suelo y dispersaban en el aire el material particulado”.

Tal como constató la CNDH, a partir de reportes del sistema de salud morelense, esta nube de partículas contaminantes (PM10 y PM2.5) ha causado un aumento en “los padecimientos de infecciones respiratorias agudas” entre la población de Calera Chica, y genera importantes amenazas a la salud pública en el corto, mediano y largo plazo.

Por ello, concluyó el ombudsman nacional en su recomendación 48/2015, “de las evidencias analizadas, este organismo nacional acreditó la responsabilidad de las autoridades de los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata, puesto que por acción y omisión no se garantiza el derecho a un medio ambiente sano a los pobladores de dichas demarcaciones territoriales”.

Además, destacó, “la dispersión de material particulado en vialidades y espacios de uso común, a lo largo de diversas áreas de los municipios indicados, constituye un hecho notorio”, que a su vez evidencia que este problema “representa un desequilibrio (ambiental) de carácter continuo”.

La contaminación provocada por las cuatro trituradoras de material pétreo asentadas en Calera Chica fue denunciada en enero de 2013 ante la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, y para agosto de ese año, el ombudsman estatal dio la razón a los vecinos afectados, ordenando a los ayuntamientos de Jiutepec y Emiliano Zapata que emprendieran acciones no sólo para detener la emisión y dispersión de contaminantes, sino también para retirar aquellos que ya estaban depositados en toda la colonia.

Sin embargo, no se hizo nada en concreto: Jiutepec sólo emitió algunos oficios, para dar por enteradas a sus autoridades de la determinación de la Comisión de Derechos Humanos del estado; mientras que el ayuntamiento de Emiliano Zapata rechazó acatar dichas disposiciones, aludiendo que las personas afectadas no residían en su territorio.

Por esta razón, los denunciantes llevaron el caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el pasado 18 de diciembre de 2015 determinó que no sólo debía cesar la emisión de contaminantes y limpiar aquellos ya depositados sobre el territorio de Calera Chica, sino también que deberán iniciarse investigaciones administrativas, para determinar cuáles funcionarios deben ser sancionados por el incumplimiento de las normas ambientales nacionales y estatales.

La recomendación de la CNDH, además, hace énfasis en que el municipio de Jiutepec no sólo ha omitido cumplir con sus responsabilidades, sino que llegó al extremo de incurrir en “una simulación al cumplimiento de lo requerido”, ya que su presidente municipal “pretende acreditar atención a la recomendación (estatal) por la simple y llana emisión de documentaciones oficiales, acciones que en definitiva resultan ineficaces”.

Cabe destacar que en la Zona Metropolitana de Cuernavaca –a la que pertenecen los municipios de Jiutepec y Emiliano Zapata– la calidad del aire ha mostrado un progresivo deterioro, desde el año 2009.

Según los estudios más actuales –que abarcan de 2009 a 2012–, en la capital de Morelos y sus municipios vecinos todos los contaminantes atmosféricos se han incrementado de forma importante:

Las partículas menores a 10 micrómetros (PM10) aumentaron 91%.

Las partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) incrementaron 125%.

El dióxido de Azufre se elevó 32.8%; el monóxido de carbono, 89.3%; los óxidos de nitrógeno, 70%; y los compuestos orgánicos volátiles se elevaron 88.5%.

Sin embargo, con el inicio del gobierno de Graco Ramírez, las acciones de modernización y consolidación de los programas de verificación vehicular y de mejoramiento de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Cuernavaca fueron eliminadas del Plan Estatal de Desarrollo.

En materia de protección a la calidad del aire, destacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las actuales autoridades estatales de Morelos sólo contemplan “la actualización del inventario de fuentes fijas (de contaminación) y su regularización, y el abatir la corrupción en los centros de verificación (vehicular)”.