Lavandería, autos, viáticos: Así gasta la SEP 2 mil mdp destinados a elevar la cobertura educativa
La Secretaría de Educación Pública (SEP) creó el programa “Diseño y aplicación de la política educativa” en 2008 con un presupuesto de 12 mil millones de pesos sólo para ese año. A partir de 2009, la SEP ha gastado más de dos mil millones de pesos anuales en ese programa sin que existan reglas para su distribución. Por eso, el dinero se ha ocupado para comprar vehículos de funcionarios, premios a deportistas, ayudas sociales y otros gastos burocráticos.
La finalidad del “programa” fue aumentar la cobertura de todos los niveles educativos mediante la implementación y evaluación de estrategias; sin embargo, se ha convertido en una caja chica dentro de la Secretaría para solventar viáticos, lavandería, compra de artículos deportivos, mantenimiento de vehículos y más gastos que no entran en otras partidas presupuestales.
De acuerdo con la evaluación del programa, elaborado por Blanca Heredia y Alberto Serdán, investigadores del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a siete años de operación, el programa carece de “reglas o lineamientos de operación, de un documento normativo que establezca las razones de su creación, el problema público que busca resolver, los propósitos que se han planteado y los mecanismos para su operación”.
El director del programa, Antonio Ávila, reconoció que esta partida presupuestal nació “desordenada” y han tratado de mejorar el sistema de distribución, pero el problema es “la complejidad y el tamaño de la Secretaría”.
En entrevista con Animal Político, afirma que el dinero se ha gastado para “todas las cosas necesarias para el cumplimiento de la política educativa”, donde intervienen 55 áreas. Sin embargo, la partida se distribuye desde la oficina del secretario o la unidad de asuntos jurídicos, hasta televisión educativa y la oficina de servicios en los estados.
Esto la ha vuelto un “repositorio” de actividades que no encuentran “cabida en el resto de la estructura programática”, advierte el análisis del CIDE, publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como parte de las evaluaciones externas a los programas presupuestarios.
Sólo en 2008, durante la administración de Josefina Vázquez Mota, se aprobó un presupuesto de dos mil 400 millones de pesos para dicha partida, pero se gastaron 12 mil 500 millones de pesos. De ellos, nueve mil millones de pesos fueron asignados a la Subsecretaría de Educación Básica, entonces dirigida por Fernando González.
Al final del sexenio, entre 2009 y 2012, se ejerció entre mil 500 y mil 600 millones de pesos. A partir de la administración de Emilio Chuyaffet en la SEP, se gastaron 2 mil 200 millones de pesos en 2013 y 2 mil 100 millones de pesos en 2014, cifra igual a la presupuestada para 2015.
Burocracia y más burocracia
Según informa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su página de internet, este programa forma parte de la meta “México con Educación de calidad” y tiene como finalidad “contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante el fortalecimiento de las políticas educativas y seguimiento de resultados de los programas”.
El avance de dicho programa presupuestal se mide con base a la tasa de escolaridad en educación media y superior y la tasa de abandono escolar en primaria y secundaria. Su propósito es que las autoridades puedan mejorar los programas educativos con base a los resultados de las evaluaciones.
Pero los recursos no se asignan directamente a ese fin. De acuerdo con el análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2014 hecho por los investigadores, de los casi 2 mil millones de pesos, 13% se asignó a salarios, un porcentaje igual a la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales; 10.4% a compensaciones; 6.3% a servicios integrales y 5.6% a aguinaldos o gratificaciones de fin de año y hasta servicios de vigilancia, materiales de construcción, cuotas para el seguro de retiro, aportaciones al FOVISSTE y uniformes, entre otros.
“Diseño y aplicación de la política educativa”, en realidad no es un programa con funcionarios y oficinas que funcionen exclusivamente para este, sino que se trata de actividades que supuestamente realizan en 55 áreas de la SEP, como la oficina del secretario, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación; Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, o la Dirección General de Televisión Educativa.
Aunque el director asegura que “ni un solo peso” se ejerce fuera de la norma, no da un plazo para que existan reglas claras para su distribución y deje de ser un programa “tan amplio y tan diverso”.
Otro problema es que este “programa” se duplica con otros ya existentes, de acuerdo con los investigadores. Según su análisis, al menos 23 de las 55 áreas incluidas en este programa tienen cabida en sus propias partidas. Así por ejemplo, Televisión Educativa “podría reclasificarse en el programa presupuestario con el que ya cuenta llamado “Producción y transmisión de materiales educativos”.
Blanca Heredia, doctora en Ciencia Política y ex representante de la OCDE en México, y Alberto Serdán, maestro en Políticas Sociales y ex coordinador de ejecutivo de la Coalición Ciudadana por la Educación, concluyen que el programa “terminó siendo un repositorio para 55 áreas” que no tuvieron cabida en otros programas pero que resultaban indispensables para el cumplimiento de los fines de la SEP.
Aunque la Dirección General de Planeación hizo “hizo un esfuerzo encomiable” para ser funcional “corregir las dinámicas de años derivadas de la ausencia de definiciones básicas para ensartarlas en una lógica razonable relacionada con la planeación o el diseño de la política educativa, ha llevado a intentar ejercicios de concertación entre las 55 diferentes unidades responsables sin el éxito deseado. Son demasiadas las actividades, es profundo el nivel de dispersión”.
Además, aunque la Dirección General de Planeación y Estadística Educativa (DGPEE) es unidad administrativa responsable del programa, las 55 áreas que operan los recursos no dependen jerárquicamente de ésta, y por tanto, no cuenta con las facultades legales para coordinarlo plenamente. Es decir, no tiene injerencia en el diseño de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) ni en el seguimiento de los recursos asignados al programa.
Es por eso que los investigadores urgen a una “reingeniería” del programa para garantizar los principios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados los recursos de la educación en México”.
