Vivir con el narco: El municipio de Puebla sin médicos; el narco acaba con el derecho a la salud
[contextly_sidebar id=”3Kg8wrdGuB6tsSCy3FZir285NrXGdrZg”]Los habitantes de Guadalupe Victoria, en el sureste de Puebla, desalojaron y cerraron su principal centro de salud en julio de 2013, porque cualquier operación era imposible. El cirujano atendía de lunes a viernes y el anestesiólogo únicamente de sábado a domingo. No había procedimiento que pudiera realizarse cuando sólo un especialista estaba presente.
La población se levantó y casi linchan a los médicos porque las cirugías eran diferidas a otros municipios, cuenta el doctor Víctor Juárez Domínguez. Él tuvo en sus manos —desde su cargo como delegado sindical— la reubicación de los doctores agredidos. La razón obvia del cierre fue que no había médicos suficientes, pero la causa real de la ausencia fue la inseguridad. Los Zetas son el grupo del crimen organizado que domina esta zona cercana a Veracruz. El secuestro y el robo de combustible son la principal actividad de este grupo.
Por la presencia de los zetas, pocos profesionales de la salud aceptan trabajar en esa región. El temor no es infundado. Los médicos ya han sido blanco de la delincuencia.
Apenas el pasado agosto, el director del Hospital Comunitario de Guadalupe Victoria, Fernando Sarmina Pérez, fue atacado a balazos por resistirse a que un grupo de hombres le robara su camioneta. Un mes antes, en julio, el subdirector nocturno del Hospital Regional de Teziutlán, Isidro Baltazar de la Merced, fue asesinado con un tiro en la cabeza.
El doctor Juárez dice que entre 10 y 15% de los pasantes han sufrido problemas de inseguridad en el estado y no aceptan ir a plazas que tienen antecedentes de violencia.
“Las medidas de seguridad que tienen en los centros de salud no son las necesarias, no tienen cerrojos de seguridad metálicos, son chapas fácilmente violables de tal forma que, muchas veces el pasante se tienen que llevar a un familiar para que pueda cuidarlos”, dice el exdelegado del sindicato de trabajadores del sector salud.
Además, para llegar a estos lugares es necesario pasar por la carretera federal Orizaba–Tehuacán, una vía oscura de ida y vuelta, llena de baches y topes, conocida por los habitantes como el “basurero de cadáveres”. Un camino por el que el crimen arroja a los conductores llantas de tráiler para obligarles a orillarse, robarles el automóvil y en ocasiones secuestrarlos.
Según el informe Drug Violence in Mexico, de la organización Justice In Mexico de la Universidad de San Diego, en 2014 asesinaron en Puebla a 88 personas relacionadas con el crimen organizado, una más que en 2013. A pesar de que en ese estado este tipo de violencia no se compara con Chihuahua o Guerrero donde contabilizaron a más de mil, aquí, los incidentes están focalizado en la zona oriente.
En la comunidad de Cañada Morelos, el 26 de noviembre de 2014, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, inauguró un Centro de Salud con Servicios Ampliados (Cessa) que ofrecería los servicios de consulta externa, medicina preventiva, medicina general, laboratorio, rayos X y ultrasonido.
Ese día, el Cessa estaba lleno de médicos y enfermeras; hoy, no hay suficientes doctores que brinden el servicio a los 18 mil 954 habitantes de los cuales el 85.6% vive en pobreza —información del Censo de 2010—.
