Recortan 275 millones al subsidio federal para implementar y difundir el nuevo sistema penal
[contextly_sidebar id=”FuKZUEcCMgpgbcfO14kdACu2KbJClecB”]La fecha límite llegó. En 2016 se cumple el plazo de ocho años para que se ponga en marcha el nuevo sistema penal en el país y los estados deberán hacerlo con una disminución de 275 millones de pesos al subsidio federal destinado a su implementación y difusión. Hasta ahora, en seis de 32 entidades opera de forma total el nuevo sistema.
El pasado 21 de diciembre, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo para la distribución de los recursos, en donde se establece que el monto total del subsidio es de poco más de 663 millones de pesos.
Dicha cantidad es la menor que se aprueba en los últimos tres años. En 2014, el subsidio para la implementación de este sistema fue de 976 millones de pesos y, para 2015, la cantidad destinada fue de casi 934 millones de pesos. El monto de 2016 es 30% menor al de este año.
Los recursos del subsidio están destinados tanto para la adquisición de la infraestructura necesaria, así como para la capacitación de los servidores públicos responsables de operar el nuevo sistema y la difusión del mismo a la población. Animal Político publicó que actualmente solo 1 de cada 10 policías en el país cuenta con la preparación suficiente en el sistema penal acusatorio.
Cinco entidades, que poseen los sistemas de justicia de mayor envergadura del país, concentrarán prácticamente la cuarta parte total del subsidio para el próximo año. Se trata del Estado de México, que recibirá 40 millones 271 mil pesos; seguido del Distrito Federal, con casi 30 millones y medio de pesos, de Baja California, Puebla y Jalisco que tendrán entre 25 y 26 millones de pesos.
Cabe señalar que el Estado de México es una de las seis entidades del país en donde opera de forma total el nuevo sistema, de acuerdo con los datos oficiales y actualizados de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal (SETEC). Pese a lo anterior es la entidad que recibirá la mayor cantidad de subsidio para el año próximo.
En contraparte, los estados que, de acuerdo con la fórmula establecida en el acuerdo publicado, recibirán un menor subsidio son Colima, Aguascalientes, Nayarit, Baja California Sur y Querétaro. En ninguno de ellos funciona de forma total el sistema penal.
De acuerdo con la reforma aprobada en 2008, el próximo 19 de junio de 2016 se acaba el plazo de ocho años para que, sin excepciones, comience a funcionar el nuevo sistema de justicia penal —denominado sistema penal acusatorio— a nivel estatal y federal.
Dicho sistema se diferencia del actual por ser esencialmente oral en todo el proceso—desde las audiencias previas hasta los juicios— por privilegiar el principio de presunción de inocencia, impulsar medidas de solución alternativas a los conflictos, y tener pilares como la transparencia y la publicidad de todos los procedimientos.
A menos de 180 días, avance de 60%
De acuerdo con el balance oficial proporcionado a Animal Político por la SETEC, a menos de 180 días para que venza el plazo de implementación de la reforma —de los 2 mil 920 días que se dieron originalmente— el avance en la implementación en el país a nivel estatal es de aproximadamente 60%.
Según el balance, prácticamente todas las entidades adecuaron ya su normatividad y aplican los principios del nuevo sistema penal; sin embargo, solamente seis de ellas ya lo hacen al 100%: Chihuahua, Morelos, Estado de México, Durango, Yucatán y Nuevo León.
El resto de los estados solo aplican el sistema de forma parcial ya sea porque aún no lo hacen con los delitos graves como los homicidios, como es el caso del Distrito federal, o por el contrario lo hacen pero por regiones, como es el caso de Guerrero.
En el análisis de la SETEC, lo anterior representa que el nuevo sistema penal cubre actualmente a 67% de la población en el país, que equivalen a 81 millones 562 mil habitantes.
A partir de una medición propia elaborada por esta secretaría, se calcula que existe un avance de 6.4 en una escala del 1 al 10 en la implementación del sistema penal acusatorio en los estados.
A nivel federal, el avance en la implementación de este sistema es aún menor. La federación, a diferencia de los estados, se encarga de perseguir delitos como el tráfico de drogas o el crimen organizado, a través de las delegaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) ubicadas en cada una de las entidades, con el apoyo las fuerzas policiales federales y militares.
De acuerdo con el balance proporcionado, el sistema de justicia federal, que incluye tanto a la PGR como a los jueces federales, funciona bajo los parámetros de la reforma penal en apenas 15 entidades federativas, es decir, la mitad del país.
La estrategia es que el próximo 29 de febrero el nuevo sistema penal a nivel federal arranque en nueve entidades faltantes: Aguascalientes, Colima, Distrito federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco.
Los estados que faltarían son Baja California. Campeche, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, para los cuales aún no hay una fecha definida pero tendrá que hacerse antes de que venza el plazo de junio del 2016.
Primeros resultados
De acuerdo con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal, la operación del nuevo sistema peal acusatorio ya ha dado algunos resultados. Por ejemplo, en las zonas donde ya funciona, los procedimientos se han acortado de 180 días que tardaban en promedio a solo 96 días, es decir casi la mitad del tiempo.
Además, durante 2014, se consiguió que 120 mil casos fueran resueltos a través de los denominados Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que permiten que se acuerde entre las partes una sanción y reparación del daño sin la necesidad de llegar al juicio oral. Esto contribuye a que el proceso dure aun 30 días menos.
Otra ventaja son los costos. En el actual sistema penal mixto, la fase de la averiguación previa tiene un costo promedio de más de 15 mil pesos para las fiscalías, mientras que el nuevo sistema y con las soluciones alternas, la inversión es de solo mil 500 pesos aproximadamente.
Por otra parte y gracias a que el nuevo sistema penal contempla medidas preventivas para personas que no implican obligatoriamente ir a prisión, se evitó en el 2013 que 15 mil personas ingresaran a los reclusorios.
Dinero para el sistema, no para cafeteras
Los 663 millones del subsidio destinado para apoyar a las entidades en la implementación y operación del nuevo sistema penal no se entregarán en automático, pues cada entidad federativa tendrá que cumplir con una serie de requisitos y limitaciones que justifiquen el que se les otorguen estos recursos.
El acuerdo publicado por la Secretaría de Gobernación para la distribución de los recursos contempla que cada estado deberá presentar al Comité de Subsidios sus proyectos de inversión, los cuales se podrán destinar para gastos propios de implementar el nuevo sistema.
En concreto se podrá destinar dinero para la adecuación del marco normativo, para la adquisición de infraestructura y de equipos tecnológicos, para la capacitación, seguimiento y evaluación de los servidores públicos, y para las estrategias de difusión de las ventajas y resultados de nuevo sistema.
Aunque se podrán destinar recursos para la adquisición de equipos, el acuerdo explícitamente señala que no se podrá destinar dinero a la compra de cafeteras, despachadores de agua, hornos de microondas, cocinas integrales, camas, literas, botes de basura, percheros, equipo de seguridad, accesorios para baño, entre otros.
De hecho, la SETEC subrayó que las entidades deberán sujetarse a las recomendaciones establecidas en un catálogo de equipamiento elaborado previamente.
Las solicitudes para los recursos, según establece el acuerdo, deberán presentarse antes del 18 de enero del 2016 y su aprobación dependerá del análisis que lleve a cabo el Comité de Subsidios.
