CDHDF encubre los abusos de la policía capitalina durante desalojo violento del Zócalo
[contextly_sidebar id=”t8LZ3qrxbUBGIvrz8TEkrRTqxxC0jBkm”]El pasado 17 de diciembre de 2015, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no sólo avaló que agentes encubiertos del gobierno se infiltren manifestaciones ciudadanas (a través de su recomendación 17/2015). Ese día, además, la ombudsman local emitió una segunda recomendación, en la que exime al Gobierno de la Ciudad de México de toda responsabilidad sobre el operativo policiaco del 20 de noviembre del 2014, con el que miles de manifestantes pacíficos fueron desalojados, por la fuerza, del Zócalo capitalino.
Según esta segunda recomendación (la 16/2015), la titular de la CDHDF, Perla Gómez, determinó que las autoridades capitalinas no participaron en los abusos cometidos contra ciudadanos indefensos, durante el desalojo violento del Zócalo, ya que, según la versión de la ombudsman local, en tales hechos sólo participaron “policías federales”.
Tal afirmación, sin embargo, es desmentida por los videos y fotografías tomados por periodistas, manifestantes y ciudadanos no vinculados con la protesta, en los cuales puede verse a elementos del Cuerpo de Granaderos del DF, así como a elementos de la Policía Auxiliar capitalina, ambos agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, perpetrando distintas agresiones contra ciudadanos indefensos.
Estas imágenes, además, prueban que la participación del Gobierno del DF en el operativo de desalojo no sólo consistió en aportar policías para la acción, sino que también hubo coordinación con la Secretaría de Obras del DF, cuyo personal apagó las luces de la plaza y de las calles aledañas.
Ataque contra familias
El 20 de noviembre de 2014, la Ciudad de México fue el epicentro de la Cuarta Jornada de Acción Global por Ayotzinapa: una serie de manifestaciones multitudinarias realizadas tanto en México como en el extranjero, para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas raptados y desaparecidos por fuerzas de seguridad pública en Iguala, Guerrero, meses antes.
Marchaban ese día miles de estudiantes universitarios, preparatorianos, obreros, oficinistas, colectivos civiles, campesinos, indígenas y familias enteras, que culminaron la manifestación con un mitin pacífico sobre la plancha del Zócalo.
De forma paralela, un grupo minoritario de manifestantes se plantó ante Palacio Nacional y comenzó una reyerta con custodios del inmueble, lo que detonó un gran operativo policial, que en cuestión de minutos desalojó de la plaza no sólo al reducido grupo beligerante, sino también a las miles de personas que pacíficamente aguardaban dentro del Zócalo.
Una de las imágenes más difundidas de la represión policial emprendida esa noche muestra al defensor de derechos de la niñez Juan Martín Pérez –integrante de la Red por los Derechos de la Infancia– y a su familia, cuando eran agredidos por policías federales y capitalinos en la esquina del Zócalo con 5 de Mayo.
Esta imagen muestra en primer plano a Juan Martín Pérez, con su hijo en brazos, mientras intenta levantar a su madre, quien acababa de ser derribada por un policía, y en segundo plano, la imagen exhibe a tres policías federales (con casco negro) y a dos elementos de la Policía Auxiliar del DF (con casco azul claro, el de la derecha, y con escudo con la leyenda “Policía Auxiliar” el de la izquierda), mientras en grupo golpean con toletes y trozos de madera a un joven, que yace en el suelo, intentando cubrirse la cabeza.
El punto donde fue tomada la fotografía, cabe destacar, se encuentra en el extremo opuesto del Palacio Nacional –donde se había dado la reyerta con vigilantes–.
Según el testimonio de Juan Martín Perez, recabado días después de la agresión policiaca, muchas familias como la suya habían fijado la esquina de 5 de Mayo como punto de reunión, por esa razón, en el lugar había gente de todas las edades, en actitud completamente pacífica, a pesar de lo cual, fueron acorralados y golpeados ahí por policías, tanto federales como del DF.
A pesar de esta evidencia de agresiones de la policía local contra ciudadanos pacíficos, ubicados en puntos de la plaza alejados de la zona de disturbios, la CDHDF concluyó en su recomendación 16/2015 que los “enfrentamientos” en el Zócalo fueron protagonizados sólo por “personas e integrantes de agrupaciones sociales” y por “policías federales que resguardaban el Palacio Nacional”.
Ataque policiaco a restaurantes
Las agresiones cometidas por policías capitalinos durante el operativo del 20 de noviembre de 2014 no se enfocaron exclusivamente en manifestantes, sino que también atacaron a clientes y empleados de restaurantes del Centro Histórico, que no tenían ninguna vinculación con la protesta.
Lo anterior fue denunciado por un grupo de 15 clientes de los restaurantes Salón Corona y lonchería Marrakesh, quienes dirigieron una carta a la ombudsman Perla Gómez, explicando que granaderos tomaron sillas del mismo restaurante para golpearlos, y luego invadieron el local, arremetiendo contra comensales y meseros.
Como prueba, acompañaron su carta por un video que exhibe a elementos de la Policía Auxiliar (con casco azul cielo) y a integrantes del Cuerpo de Granaderos del DF (con casco azul oscuro y escudo plástico con la leyenda “Policía” sobre una franja amarilla), en el momento en que emprenden el ataque contra clientes de la lonchería Marrakesh.
La participación de elementos de la Policía Auxiliar capitalina (casco azul cielo) en el operativo de desalojo del Zócalo y la posterior persecución de manifestantes en las calles aledañas, además, fue captada por clientes del restaurante Salón Corona, en la calle de Gante.
La denuncia de estos abusos fue luego ratificada por las víctimas, quienes se presentaron el 27 de noviembre de 2014 ante la Comisión de Derechos Humanos del DF para formalizar su queja, lo cual quedó inscrito en un “acta circunstanciada” firmada por la “María Antonieta Escárcega Morales”, “visitadora” adscrita a la Primera Visitaduría del organismo.
Pero luego fue ignorada por la CDHDF, a grado tal que la carta firmada por 15 comensales agredidos y las pruebas aportadas no se incluyeron en el anexo de “evidencias” que oficialmente recabó el organismo, en torno a los hechos del 20 de noviembre.
Oscuridad intencional
Una de las características principales del operativo conjunto de autoridades federales y capitalinas para desalojar el Zócalo, fue que las luminarias públicas tanto de la plaza como de las calles aledañas del Centro Histórico fueron apagadas, lo que dejó la zona en relativa oscuridad, dificultando así que se documentara el barrido de los manifestantes, y alimentando el miedo entre las personas expulsadas de la zona.
Estas luminarias, cabe destacar, son controladas por la Dirección General de Servicios Urbanos, Secretaría de Obras del Gobierno del Distrito Federal.
Cuando inició el desalojo, alrededor de las 21:40 horas, el comunicador Jesús González Alcántara se encontraba en la desembocadura de Madero, a un costado de la plaza, y éste fue su testimonio, recabado la misma semana de los hechos: “Yo y mi familia quisimos desplazarnos por la calle de Madero, pero nos dimos cuenta que la calle estaba totalmente oscura. Las autoridades apagaron las luces de ese andador durante el operativo, y eso es algo que nunca habíamos visto que ocurriera. Eso nos provocó miedo, así que decidimos dar media vuelta y buscar salir de la plaza por 5 de Mayo, pero la policía nos impidió el paso y, en un instante, un grupo de granaderos se desprendió del contingente que nos bloqueaba el paso y si mediar palabra nos empezaron a golpear, a mi familia y al resto de la gente que quedamos atrapados”.
Esta interrupción en el servicio de iluminación pública como parte del operativo policiaco, de hecho, dio pie a que la misma CDHDF exigiera al gobierno capitalino –el 30 de noviembre de 2014– “respetar los derechos de movilidad, de libertad, seguridad e integridad personales de los asistentes a las movilizaciones (…) Específicamente: todo el alumbrado público de las calles, edificios públicos, parques y plazas donde haya manifestantes deberá encontrarse funcionando correctamente; y habilitar rutas de salida que garanticen la integridad de las personas en caso de contingencia o eventualidad, evitando cualquier medida o acción policial que genere espacios confinados”.
Sin embargo, la preocupación de la CDHDF por la suspensión de servicios públicos –orientada a entorpecer manifestaciones– se agotó antes de que elaborara la recomendación 16/2015, ya que ésta pasa por alto estas acciones irregulares del gobierno capitalino.
