[contextly_sidebar id=”McSfYGj2JAYpIwCI3pM6XDRDEsiUuPDG”]En tres años, la Procuraduría de Justicia del Estado de México ha ofrecido 61 recompensas para localizar a personas desaparecidas, pero hasta ahora ninguna se ha cobrado ni ha servido para aportar datos de utilidad que ayuden en las investigaciones.

María Bárbara Reyes Muñiz, de 17 años, fue reportada como desaparecida en agosto de 2011 en Cuautitlán Izcalli, una de las 361 jóvenes que según estadísticas de la PGJEM se contabilizaron ese año.

Fue la primera persona por la que la procuraduría mexiquense hizo público un acuerdo en el que ofrecía hasta 300 mil pesos de recompensa para quien diera informes de su localización, aunque la estrategia llegó 14 meses después de que se informara de su secuestro y que su padre, Alejandro Reyes, hiciera huelga de hambre para presionar a que se agilizara la investigación.

Han pasado 34 meses desde que el entonces procurador Miguel Ángel Contreras Nieto ofreció esa primera recompensa y ninguna ha servido para localizar a las víctimas, a los responsables de su desaparición o para resolver alguno de los casos.

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia vía transparencia, se han emitido ocho distintos acuerdos entre el 2012 y el 2015 para ofrecer montos entre los 100 mil y los 300 mil pesos, acuerdos que no han tenido una sola respuesta.

“(Además) a la fecha no se ha resuelto ningún caso por información que conduzca a la institución al esclarecimiento de personas desaparecidas que estén incluidos en el programa”, dijo Jorge Mezher Rage, responsable de la Unidad de Información de la PGJEM y quien firma la respuesta.

El Estado de México, tradicionalmente gobernado por el PRI y hoy bajo la administración de Eruviel Ávila Villegas, reportó que entre el 2011 y hasta el corte de julio de este año se reportó la desaparición de 6 mil 662 personas, entre hombres y mujeres.

El foco rojo está encendido en Ecatepec, la tierra de la que es originario el actual gobernador Eruviel Ávila y que acapara 819 de los casos.

Sepultan a desaparecidos en fosas comunes

El fracaso del programa no se ha limitado sólo a la falta de información e interés para dar datos que coadyuven a las investigaciones, sino al creciente número de casos de esta lista de 61 personas en que son localizadas sin vida y cuyos cuerpos habrían sido echados a una fosa común por falta de una base de datos estatal que permita hacer un cruce entre los cuerpos localizados sin identificar y los reportes de personas desaparecidas.

María Bárbara, por ejemplo, fue asesinada al poco tiempo de ser secuestrada y su cuerpo fue abandonado a unas calles de su casa, en Cuautitlán, pero la PGJEM no advirtió que existía un reporte de su desaparición y después de semanas sin que se le identificara, fue enterrada en una fosa común.

“El caso de mi hija es una negligencia impresionante, es la tardanza para averiguar, primero el no garantizar su seguridad –que es obligación del Estado- pero además la doble victimización al hacernos pasar más de un año de una angustia mortal para después saber que ellos la tenían y ni cuenta se habían dado”, lamentó Alejandro Reyes, padre de María Bárbara y quien sostiene dos demandas contra la dependencia por los errores en la localización del cuerpo de la joven.

En este caso fue Lourdes Muñiz, la madre de Barbie, quien 20 meses después, buscando en los registros del Semefo, se dio cuenta que el cuerpo de una joven con las características de su hija había sido localizada desde el 2011 y echada a la fosa común.

Lo mismo le ocurrió a Georgina Ivonne Ramírez Mora, quien desapareció en mayo del 2011. Durante dos años su madre, Leticia Mora Nieto, la buscó por todo el país y formó junto con Amparo Vargas –madre de una de las víctimas de “El Coqueto”– una red de búsqueda de hijos desaparecidos.

Ivonne, madre de dos niños pequeños, también fue un caso por el que la PGJEM ofrecía hasta 300 mil pesos para ser localizada.

En mayo del 2013, poco después del día de las madres, Leticia fue quien la encontró también sepultada en una fosa común de Hidalgo, por una falla en el cruce de datos con los cuerpos sin identificar y los reportes de desapariciones.

A esta lista de negligencias del Edomex se suman los casos de Carlos Eduardo Martínez, Francisco Iván Serrano y Diana Angélica Castañeda, inscritos en el mismo programa y quienes fueron localizados sin vida y en custodia de la procuraduría.

Recompensas con candados para no ser cobradas

Que hasta la fecha nadie haya llamado para aportar datos sobre los desaparecidos y que no haya pistas ni avances derivados del programa de recompensas no es la única traba para que el plan funcione.

Otro inconveniente es el candado que la propia dependencia estableció para la entrega de la recompensa en caso de que alguien quisiera aportar datos de utilidad.

Y es que en cada acuerdo de ofrecimiento del dinero la PGJEM ha puesto como condición no sólo que la pista aportada sea verídica, sino que además se entregue a los responsables de las desapariciones.

“La recompensa será únicamente entregada hasta que se logre la efectiva localización de alguna de las personas por las cuales se ofrece recompensa, y, en su caso, la identidad, ubicación y captura de los probables responsables de su desaparición”, señalan los distintos documentos.

Esta condición no es propia de las ofertas de recompensas, pues, por ejemplo, las que emite la Procuraduría General de la República incluso por las mismas personas desaparecidas, no tienen este candado que hacen poco viable la obtención de información.