[contextly_sidebar id=”LnHy75Ll5ug6ETAw43fuPuP5x3e4jYSB”]Además de pedir que se emita una orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) solicitó la detención de los empresarios relacionados con la elaboración y reparto de las tarjetas Premia Platino, que el Partido Verde utilizó durante la pasada campaña electoral.
Así lo dio a conocer la exdiputada perredista Julisa Mejía, quien acudió este jueves 26 de noviembre a la FEPADE para conocer los avances de su denuncia contra el Verde por la distribución de las tarjetas.
De acuerdo con la exlegisladora, la FEPADE solicitó emitir una orden de aprehensión contra Luisa María Robles Ponce y María Guadalupe Robles Ponce, quienes, a través de la empresa Proyectos Juveniles, firmaron el contrato con Arturo Escobar.
Además, Proyectos Juveniles subcontrató a la empresa Cards para la producción de las tarjetas, por lo que la FEPADE también pidió detener a Pablo Oliver Robles, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.
Otra de las empresas subcontratadas por las hermanas Robles Ponce es Multiservicios, que se encargó de la distribución de 10 mil tarjetas, por lo que Ramiro Quintero Ramos es otro por el que se pide orden de aprehensión.
Por hacer pública información que debió ser resguardada debidamente, la FEPADE violó el derecho de presunción de inocencia de Arturo Escobar, acusó este jueves 26 de septiembre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El vocero del Partido Verde, Carlos Alberto Puente, y el diputado Jesús Sesma señalaron que el PVEM respaldará a Arturo Escobar y consideraron que la FEPADE violó su derecho al emitir un comunicado en el que informó sobre una investigación por posibles delitos electorales en los comicios pasados.
“Sí tendríamos que advertir y señalar respetuosamente la presunción de inocencia, que es un principio constitucional, consagrado en el artículo 20, mismo que ha sido vulnerado, toda vez que se hizo pública y se expuso a medios de comunicación, información que debió haber sido resguardada debidamente como parte de una investigación activa”, dijo el vocero.
Indicó que Arturo Escobar tiene derecho a un debido proceso y confió en que proporcionará la información que se requiera, prueba de ello , dijo, “fue solicitar ayer, de manera inmediata, su separación como subsecretario en la Secretaría de Gobernación”.
Con información de Milenio y Reforma (Suscripción necesaria)