[contextly_sidebar id=”BHcmMVcblmEVwNJMuDwygiEASED6FiDN”]Este lunes, 16 de noviembre, al cumplirse seis años desde la desaparición forzada de siete agentes de la Policía Federal y un civil, que fueron raptados cuando se dirigían a Michoacán para cumplir una comisión oficial, los familiares de estas víctimas se plantaron ante la sede central de la institución, en la delegación Iztapalapa, para reclamar la presentación con vida de sus hijos, castigo para los mandos que los enviaron sin protección a una zona controlada por el crimen organizado, así como la construcción de un memorial que rinda homenaje a los más de 50 agentes que han sido raptados en cumplimiento del deber, y de los que no se sabe nada hasta la fecha.
Los siete agentes desaparecidos —Luis Ángel León Rodríguez, Pedro Alberto Vázquez Hernández, Jaime Humberto Ugalde Villeda, Israel Ramón Usla, Eduardo Israel López Sánchez y Juan Carlos Ruiz Valencia— fueron comisionados para ocupar la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Ciudad Hidalgo, MIchoacán, pero la Policía Federal se negó a proporcionarles un medio seguro de transporte, por lo que los uniformados contrataron al civil Sergio Santoyo García, para que los trasladara en su camioneta particular.
Según la reconstrucción de los hechos que han podido elaborar sus familias, los siete agentes y el civil salieron del Centro de Mando de la Policía Federal a las 11:00 horas del 16 de noviembre de 2009 y fueron raptados aproximadamente a las 15:00 horas de ese mismo día, antes de que llegaran a su destino. Desde entonces, permanecen desaparecidos.
En nombre de los familiares, la señora Araceli Rodríguez, madre del sargento primero Luis Ángel León Rodríguez, denunció que la Policía Federal tardó una semana en reconocer la desaparición de sus agentes, mientras que el gobierno municipal de Ciudad Hidalgo tampoco reportó la ausencia de los uniformados que habían sido solicitados por quien entonces ocupaba la presidencia municipal, Pedro Tello.
Además, continuó, el gobierno estatal de Michoacán perdió el expediente de las investigaciones realizadas en un inicio.
“Los policías federales desaparecidos se incorporaron a las filas del gobierno federal porque creían en él, querían cumplir la encomienda de servir y proteger, acatando órdenes, sin imaginarse que la columna vertebral que los mandaba, también los desprotegía: la comisión que les encomendaron no estaba bien planeada, los mandaron al matadero, como carne de cañón, no los protegieron, no les brindaron los medios necesarios y seguros para cumplirla”, señaló la señora Araceli Rodríguez.
Por ello, señaló, hoy es el licenciado Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad —y por lo tanto titular de la Policía Federal— tiene la obligación, no cumplida por sus antecesores, de “buscar a sus policías desaparecidos, que no son sólo nuestros siete hijos, sino más de 50, de encontrarlos y dignifircarlos”.
Por eso, insistió, “le exigimos un memorial para los policías federales desaparecidos, que sea erigido dentro de la instalaciones del Centro de Mando de la Policía Federal, en el plantel Iztapalapa, al que pertenecieron, honrando la patria que un día los vio nacer”.
Esta exigencia fue planteada, además, a través de un escrito entregado al representante jurídico de la Policía Federal, quien salió a las puertas de la institución para recibir oficialmente el documento.
Las familias de los agentes, cabe destacar, se negaron a ingresar a las instalaciones de la Policía Federal, a lo cual fueron invitadas por los representantes de la institución, aclarando que se mantenían a las puertas del inmueble, debido a que, hace seis años, cuando acudieron a pedir informes sobre el destino de sus hijos, esas mismas puertas les fueron cerradas.