Los expedientes sobre las masacres de migrantes, a punto de ser desclasificados; la Corte lo analiza
[contextly_sidebar id=”b0QDI80hx6iK8JoMRgBUiPXIXBtWWK7O”]¿Quién ordenó el secuestro de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas? ¿Por qué fueron sepultadas más de 200 personas en fosas sin que nadie lo notara? ¿Quiénes son los policías involucrados en la masacre? ¿Dónde estaban los puestos federales y de la Marina mientras decenas de autobuses de migrantes eran detenidos? ¿Qué hizo el Estado con las alertas que recibió dos años antes de que esto ocurriera? ¿Cómo fue posible que se enviaran cuerpos equivocados a las familias?
La respuesta a estas y otras preguntas se encuentran en las tres averiguaciones previas que la Procuraduría General de la Republica (PGR) inició por el hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando y Cadereyta entre 2010 y 2012, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá esta semana si se desclasifican para que se elabore una versión pública de las mismas.
Se trataría de un caso similar al de la investigación por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, del cual también se hizo un expediente público. La diferencia es que en el caso de las investigaciones de las masacres de migrantes, las dos organizaciones que han promovido la apertura de las averiguaciones –la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C., y Artículo 19– llevan tres años intentando que las mismas salgan a la luz.
Un juez federal ya dio el primer paso cuando en 2013 dictó una sentencia de amparo en la que consideró el caso como de graves violaciones a derechos humanos, algo que ni la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) hicieron, y ordenó que se elaborara la versión pública de las averiguaciones. Sin embargo, fueron la PGR y el INAI quienes apelaron y llevaron el proceso ante el máximo tribunal.
La decisión de desclasificar o no el expediente recae en la Primera Sala de la Corte, la misma que ya resolvió en 2011 que la PGR entregara el expediente de la desaparición de Rosendo Radilla; que modificó la legislación para temas como el del divorcio o el aborto; y que recientemente resolvió a favor del consumo lúdico de la mariguana.
El proyecto de la resolución del amparo solicitado por la Fundación fue elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero y se discutirá este miércoles 18 de noviembre, una semana antes de termine su periodo de 20 años en la Corte.
“Vamos a ver cómo se despide la ministra Sánchez Cordero. Lo que sería impensable es que el máximo tribunal que ha sido tan progresista respecto a derechos humanos bajo el estándar que ya estableció juez de distrito. Esta decisión de la Corte, vital para la transparencia, nos va a afectar a todos”, dijo a Animal Político la directora de la Fundación, Ana Lorena Delgadillo.
Cabe señalar que la organización Artículo 19 también promovió por su cuenta un juicio para exigir que se desclasifique la averiguación previa de la masacre de San Fernando. En este caso, el juez responsable ordenó al INAI reponer la negativa a revisar el caso por lo que el proceso también llegó a la Primera Sala.
Ana Cristina Ruelas, oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19, dijo en entrevista que lo ideal hubiera sido que ambos amparos se discutieran el miércoles; sin embargo, el que ellos promovieran se analizará para el próximo año. En ese contexto, consideró que es fundamental lo que los ministros consigan resolver mañana, sobre todo con la composición liberal que todavía tiene la Primera Sala.
Juez contra la negativa de la CNDH, el INAI y la PGR
En 2013, la CNDH –encabezada entonces por Raúl Plascencia Villanueva– emitió una recomendación relacionada con la mascare de los 72 migrantes de San Fernando. En la misma, no se reconoció el caso como de graves violaciones a derechos humanos pese que había alertas de estos ataques y no se evitaron las mascares, y ni siquiera se contactó a las vÍctimas.
“Es una recomendación que no cumple con los estándares mínimos de una identificación efectiva en materia de derechos humanos. En contra de esa recomendación tenemos en trámite un amparo porque creemos que la CNDH violó los derechos de las víctimas en su propia investigación”, dijo.
En abril de ese mismo año la Fundación, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (ahora INAI), solicitó a la PGR la versión pública de tres averiguaciones: la de los 72 migrantes secuestrados encontrados en San Fernando en agosto de 2010; la de los 193 restos humanos ubicados en 47 fosas de ese mismo municipio en abril y mayo de 2011; y la de los 49 cuerpos de Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012
La PGR se negó a transparentar el expediente utilizando como argumento el artículo 16 del Código Federal de Procedimiento Penales que dice que las averiguaciones son reservadas, sin considerar la excepción de que podría tratarse de un caso de violaciones a derechos humanos. El IFAI confirmó que el expediente era reservado.
La fundación interpuso una demanda de amparo por violación al derecho a la información. Acusó al IFAI de no ejecutar una facultad “prima facie” para ella misma declarar que el caso era de graves violaciones, solo para efectos de transparencia. El caso, bajo el número 1371/2013, fue analizado y resuelto por el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García.
En la sentencia, de la que Animal Político tiene copia, el juez ordenó que el caso fuera desclasificado y amonestó a la PGR y al IFAI por utilizar como argumento el referido artículo 16 declarado por la Corte como anticonstitucional. Al IFAI lo acusó además de actuar contra Derecho aludiendo que no tenía facultades para declarar con fines de transparencia que el caso era grave.
La resolución no se quedó solo en eso. Siguiendo los lineamientos del caso Radilla, donde la Corte ordenó que se abriera el expediente, el juez analizó el mismo el tema de los migrantes. Encontró que la misma CNDH y la Corte Interamericana habían advertido a México de la violencia sistemática contra migrantes antes de los casos de San Fernando.
En ese contexto el juez consideró que “a la luz del derecho fundamental a la verdad, los migrantes han sido objeto de violaciones graves de derechos humanos”, por lo que para efectos de acceso a la información, el caso debe de abrirse.
“Por ende se concluye que el IFAI violó el derecho al acceso a la información pública en relación a la fundación de la quejosa y por ende, lo procedente es conceder el Amparo y Protección a fin de que pueda obtener una versión pública de dichas averiguaciones previas” concluye el juez.
En contra de esa sentencia, el IFAI y la PGR interpusieron un recurso lo que llevó el caso hasta la Primera Sala de la Corte.
Lorena Delgadillo dijo que no existe argumento legal válido para que el caso no sea abierto públicamente, aun y cuando la actuación de la CNDH ha sido “deficiente, no solo al ignorar a los migrantes sino al argumentar, como lo hace ahora, que de ellos depende exclusivamente que un hecho sea calificado como de graves violaciones a derechos humanos”.
“Tu no puedes ponerle cargas adicionales a un ciudadano para que ejerza su derecho a la información. La CNDH se confunde en esto. Quien tiene facultad para determinar sobre transparencia es el INAI (antes IFAI). El derecho a la información no puede quedar sujeto a una investigación de la CNDH que por ejemplo puede postergarse hasta tres años” dijo.
Masacres llenas de incógnitas
Aunque más de una veintena de presuntos sicarios –la mayoría relacionados, según la información oficial, con Los Zetas– fueron consignados por el primer caso de los 72 migrantes de San Fernando, el resto de las masacres sigue impune y existen dudas en cuanto a la calidad de las investigaciones que se hicieron, de acuerdo con los activistas y abogados.
“¿Sabemos si los que fueron detenidos realmente siguen detenidos? ¿Y el estado hasta qué grado es responsable? No se puede secuestrar un camión, dos camiones, tres camiones sin que haya una complicidad de agentes del Estado en carreteras que estaban completamente vigiladas. Es imposible pensar eso”, dijo Lorena Delgadillo.
La directora de la Fundación reveló que a través de diversas solicitudes de información, le han solicitado a la Marina y a la Policía Federal que revelen los operativos y puestos de vigilancia que tenían en la zona de las masacres, pero la información ha sido negada. Son datos contenidos en la averiguación previa.
Cristina Ruelas de Artículo 19 subrayó que las responsabilidades del Estado existen y lo que revelará apertura del expediente es el grado en que estas ocurrieron, ya sea por acción y omisión, y quienes serían los responsables.
“El Estado había sido advertido por el Relator Especial de Naciones Unidas del secuestro de migrantes en el paso de San Fernando Tamaulipas, y sobre los mecanismos que estaba usando el crimen organizado. Lo que nos preguntamos entonces es que se hizo, o mas bien no se hizo, para que esto pasara incluso después de San Fernando, con los otros casos que se presentaron” subrayó la activista.
Ruelas recordó que no solo en el caso de los primeros 72 migrantes encontrados, sino en la investigación relacionada con la segunda masacre, existen datos de más de una decena de agentes municipales involucrados activamente en el secuestro de migrantes, sin que se sepa hasta donde llegaron las redes de vínculos (si es que se hicieron).
A la posible complicidad en el rapto de los migrantes, se suman los errores en la investigación del caso como por ejemplo, el envío de restos equivocados a los familiares de los migrantes en el extranjero. Estas fallas llevaron a la PGR a firmar un convenio con el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses y a la Fundación para la Justicia para exhumar cuerpos y volver a analizarlos.
“La sociedad merece la posibilidad de hacer un escrutinio claro de estos casos pues lastiman el derecho de todos, no solo de las víctimas directas. Es lo que pasó con el caso Ayotzinapa, la versión pública ha permitido evidenciar cosas como las circunstancias sospechosas en que se detuvo a los personajes clave, las fallas en protocolos. Eso no lo tenemos aun en San Fernando” dijo la oficial de Artículo 19.
Ana Lorena Delgadillo dijo que es imposible que se prevenga algo sin saber lo que realmente pasó y más aun en el caso de los migrantes, quienes se encuentra en la máxima indefensión. “Se trata de las víctimas perfectas pues provienen de otro país y de regiones de alta exclusión, con familias con pocas posibilidades para movilizarse pero no por ello les es ajeno el derecho a la verdad como a todos”.
