[contextly_sidebar id=”AXz1M3hqh8iIQN9a3WGLW9OoUlDOhNbu”]El 46% de los empresarios mexicanos reveló que autoridades de gobierno les piden sobornos para obtener a cambio un contrato o una oportunidad de negocio.
Además, el 57% de los emprendedores admitió que utiliza gestores con acceso a privilegios o información para que intercedan en su favor ante las autoridades; el 65% aseguró haber perdido una oportunidad de negocio ante un competidor que sí utilizó influencias o pagó un soborno, mientras que el 63% dijo estar “muy de acuerdo” en que la corrupción “es parte de la cultura de negocios en México”.
Estos son cuatro de los principales resultados que documenta el informe La corrupción en México: Transamos y no avanzamos, que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó ayer lunes 9 de noviembre, el cual incluye ensayos de investigadores y académicos que analizan los costos económicos, políticos y sociales de la corrupción en el país.
En el capítulo Emprendedurismo y Corrupción de este informe -para el que se entrevistaron “a más de 100 emprendedores”-, Álvaro Rodríguez Arriegui, director de la empresa IGNIA, destaca que el pago de sobornos para agilizar la obtención de permisos y licencias es la causa que más alegraron (18%) los empresarios que admitieron haber recurrido a esta práctica ilegal.
La obtención de concesiones de gobierno (11%), evitar ser molestado por la policía municipal (11%), y agilizar la conexión a servicios públicos (11%), son otros de los principales motivos por los que los empresarios pagan ‘mordidas’ a las autoridades.
Sin embargo, el pago de sobornos no se limita a la facilitación de trámites y servicios, refiere el informe del IMCO, ya que además del 46% de los empresarios que afirmaron que el gobierno les ha solicitado dinero para la obtención de un contrato, otro 25% dijo haber pagado un soborno en especie, “como una comida o un viaje”, con tal de obtener una oportunidad de negocio o contrato.
“Un emprendedor nos comentaba que ‘si no accedes a dar sobornos se te van eliminando las posibilidades de recibir más contratos, o te empiezan a dificultar ciertos procesos”, expone Rodríguez Arriegui, en el informe La corrupción en México: Transamos y no avanzamos.
Otro de los puntos que destaca el documento es que el “uso de influencias” es “una práctica generalizada” en todos los ámbitos de la sociedad, “aunque mucho más marcada en el ámbito de los negocios, la política y la intersección entre ambos sectores”.
“Todos los días tienes que recurrir a influencias y contactos. Si no dices que conoces al secretario o al subsecretario, no te hacen caso”. “Muchas juntas las he conseguido porque un familiar cercano trabaja en el gobierno”, son otros de los testimonios que documenta el informe, en el que se hace hincapié en que 40% de los empresarios coinciden en que “la forma más efectiva para obtener una ventaja competitiva es a través de sobornos y conexiones”.
En el ámbito del sector privado, las encuestas reflejan que también el 32% de los emprendedores dijeron haber recibido solicitudes de pagos de otras empresas “con el fin de garantizar la obtención de un contrato u oportunidad de negocios”.
Al margen de la relación entre empresarios y gobierno, María Amparo Casar, directora de Anticorrupción del IMCO, subrayó ayer durante su ponencia Transamos y no avanzamos que las prácticas corruptas, además de dañar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en las autoridades, generan un daño grave a la economía de México.
En este sentido, Casar explicó que de acuerdo con estimaciones de diferentes fuentes internacionales, como el World Economic Forum, el Banco Mundial o el Banco de México, la corrupción genera pérdidas en México de entre 2 y 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Tomemos el PIB del 2014, que fue de 17 billones de pesos. Y ahora no nos quedemos con el 2% de pérdida que es la estimación más baja, ni con el 10% que es la más alta. Tomemos el 5% que es el dato intermedio. Es decir, el 5% del PIB perdido en actos de corrupción, que son unos 890 mil millones de pesos”.
“Con esa cifra –añadió la investigadora-, se podrían hacer cinco reformas fiscales, y además pagar 87 veces el presupuesto de la UNAM; 7.7 veces el presupuesto de Sedesol; y tres veces el presupuesto de la Secretaría de Educación”.
En cuanto a las acciones para combatir la corrupción, Juan Pardinas, director general del IMCO, aseguró que este problema “sí tiene solución, aunque no hay una bala de plata”, y recordó que “combatir la corrupción es perseguir redes, no individuos”, por lo que llamó a construir instituciones con más presupuesto destinado al combate a este problema, más tecnología, más reglas claras y más autonomía política para los ministerios públicos.
En este sentido, el director del IMCO llamó a las autoridades “a tomar en serio el combate a la corrupción” mediante la construcción de instituciones fuertes para este fin. Ya que, recordó, en México la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR sólo cuenta con 12 elementos, mientras que otros países como Singapur destinan 88 personas a estas unidades especializadas, e incluso mil 415 elementos, como el caso de Hong Kong.
Asimismo, expuso, mientras en Hong Kong y Singapur se destinan 2 mil millones y 406 millones de pesos, respectivamente, a estas unidades para investigar actos de corrupción, en México el monto invertido es de 26 millones.
Es decir, por cada 10 mil pesos ejercidos por el gobierno mexicano, sólo 5 centavos van destinados a la unidad para investigar la corrupción de funcionarios, refirió Pardinas.
Aquí puedes leer o descargar el informe La corrupción en México: Transamos y no avanzamos: