[contextly_sidebar id=”ArKsXwvEqHXMQAIgb5J4w48ph4eSPIbV”]El Congreso mexicano tiene bajos niveles de transparencia en materia de normatividad, presupuesto, gestión y rendición de cuentas, por lo que ocupa el sexto lugar entre los nueve países evaluados en el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa 2015.

Una de las coincidencias de opacidad es que si un ciudadano de cualquier país de Latinoamérica quisiera saber cuáles, cuántos y de parte de quién, los legisladores reciben obsequios, no obtendría la información en ningún documento público. Éste es el aspecto más opaco, pues todos los países obtuvieron 0% en este indicador.

Además existe muy poca información respecto a las asesorías externas que se realizan a los legisladores y pocas veces se registran versiones estenográficas de las sesiones de comisión.

“Esto demuestra que el problema de los Congresos Nacionales, en materia de transparencia, radica no tanto en sus funciones legislativa, fiscalizadora y representativa, sino en la forma en que funcionan y se rinden cuentas de la gestión en estas instituciones”, detalla el estudio presentado por María del Carmen Nava, directora de Visión Legislativa.

El Índice propone una serie de estándares mínimos de transparencia en lo político, administrativo y legislativo de los Congresos de la región, para conseguir una medición que pude comparar los avances de los países.

En promedio, los Congresos de Latinoamérica obtuvieron un 40% de Transparencia. Perú (55%) y Chile (53%) tienen niveles de transparencia superiores a 50%, mientras Venezuela (21%) y Bolivia (24%) son los países que se encuentran más rezagados, con cifras inferiores al 25%. Es de destacar que ningún país obtuvo resultados sobre el 70% y México alcanzó un nivel de 37%. 

El primer criterio evaluado fue la “normatividad”, es decir, mide la existencia de una normativa referente a la transparencia legislativa y sus alcances. Sólo Perú (59%) y Ecuador (51%) lograron un índice mayor a 50%, por tener dispositivos legales que fomentan ciertos niveles de transparencia; mientras que Bolivia (30%) y Venezuela (32%) presentan los mayores rezagos respecto del resto de los países Latinoamericanos.

Sobre la obligatoriedad de presentar un registro de intereses, Bolivia y Guatemala no tienen regulación y Perú lo hace en el reglamento del Congreso. Argentina y Venezuela poseen una Ley Nacional para la materia y sólo Chile, Colombia y México lo hacen de forma Constitucional.

Entre los países de la región, sólo Chile, Ecuador y Guatemala obligan por Ley a sus legisladores a informar sobre sus gastos, aunque Guatemala no estipula plazos para esto, y Chile establece ambiguamente “en la época que correspondan”.

El estudio recomienda la existencia de una norma que regule la publicidad y publicación de información y explicite procedimientos y mecanismos estandarizados para el acceso a la información. Así se permite un conocimiento más eficaz sobre el funcionamiento del Congreso.

La segunda dimensión evaluada es “la labor del Congreso o Asamblea”, referente a los mecanismos para que los legisladores publiquen información sobre sus labores en materia legislativa (debates, votaciones), de control político (a las diferentes ramas del poder) y elección de autoridades (selección de altos dignatarios).

Uruguay –que sólo participó en este indicador- obtuvo 67% de transparencia, seguido por Perú(60%), Argentina (57%) y Guatemala (52%). Bolivia (24%) y Venezuela (12%) los más opacos.

Más de la mitad de los países medidos no cuenta con mecanismos para registrar lo sucedido en las comisiones de forma textual. Sólo Argentina (76%), Guatemala (63%), Perú y Uruguay (ambos con 68%) cuentan con versiones estenográficas de las reuniones de comisión. Este aspecto, dice el estudio, es de suma importancia, ya que es en ellas donde suceden la mayor cantidad de modificaciones a los proyectos.

Sobre las versiones textuales de los debates legislativos y las posiciones de los legisladores, Argentina y México se encuentran en la mejor posición con un 80% y 77% respectivamente.

Casi ningún Congreso publica información sobre las asesorías externas que reciben los congresistas (remuneradas o no) por parte de externos. Sólo Uruguay (75%) donde las versiones taquigráficas recuentan todo lo que sucede con fecha, tema, dependencia; Chile (50%), donde se publican en la web el listado con la entidad asesora, solicitante, título, costo y fecha de comienzo y fin.

A todos los Congresos carecen de formatos abiertos y reutilizables para que la información allí producida pueda ser trabajada y analizada por quien lo desee de forma rápida y oportuna. 

Sobre Presupuesto y Gestión Administrativa hubo un menor rendimiento pues los países obtuvieron un promedio de transparencia de 26%. El Congreso chileno fue le único que alcanzó 50% de transparencia.

Cuatro países evaluados publican las propuestas técnicas para el ejercicio presupuestal durante la discusión del presupuesto (Chile, Guatemala, Perú y Venezuela); mientras que en otros cinco no se hacen públicas (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y México).

El ejercicio presupuestal se publica en la mayoría de los países evaluados (excepto Bolivia y Venezuela) mediante informes periódicos publicados en sus páginas web o documentos impresos. Sin embargo, en Guatemala esta información no puede conocerse por los ciudadanos, y en Chile sólo se hace público en el informe anual.

También se evaluó la transparencia de los recursos asignados a las bancadas o bloques parlamentarios y su ejecución. En Chile, Colombia y Ecuador no poseen un presupuesto propio; mientras que en Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela y la Cámara de Diputados de México esta información no se conoce. Guatemala y el Senado mexicano publican el gasto de las fracciones parlamentarias.

Sobre los Mecanismos de Participación, Atención Ciudadana y Rendición de Cuentas, Perú (68%), Ecuador (68%) y Chile (65%) obtuvieron los mejores porcentajes. En tanto, Argentina (23%) y Venezuela (27%) no alcanzaron el 30% de transparencia en esta dimensión.

Chile, Colombia, Guatemala, México y Perú cuentan con medios electrónicos para la solicitud de información pública. Sin embargo, en más de la mitad de los países no existe un mecanismo –interno o externo- mediante el cual se resuelvan los conflictos de acceso a la información.

En cuanto a la existencia de un mandato de consultar a los ciudadanos sobre proyectos de ley o actividades de los legisladores, sólo cuatro países poseen una reglamentación específica al respecto (Ecuador, Guatemala y Venezuela en la Constitución Política, y Perú en un Acuerdo de Consejo).

En tanto, Argentina, Chile, Colombia y México no lo hacen. Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú los ciudadanos pueden solicitar intervención en las comisiones legislativas para emitir su opinión, mientras que en Argentina y Colombia esta posibilidad está abierta, depende en realidad de l presidente de la comisión.