Confirman: OHL y Edomex diseñan juntos estrategia legal por el caso del Circuito Mexiquense
[contextly_sidebar id=”RArPIGFIUDHoM7Vkuicddt6me16QHh7m”]En mayo de 2014 un juez federal pidió al gobierno del Estado de México elaborar un informe justificado sobre el funcionamiento del Circuito Exterior Mexiquense –como parte de un juicio de amparo abierto contra la concesión que le dio a OHL para operar la autopista–. Sin embargo, el informe oficial presentado por la administración de Eruviel Ávila fue realizado por la empresa involucrada.
Un documento al que tuvo acceso Animal Político revela cómo el entonces Director General del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios y Conexos del gobierno mexiquense(SAASCAEM), José Román Alcalá Angelino, le pidió al director general de OHL, Sergio Hidalgo Monroy, realizar el informe solicitado por el juzgado, el cual presentó después como propio.
El funcionario mexiquense no le solicitó al director de OHL que la redacción fuera conjunta, sino que se lo escribiera en su totalidad y se lo enviara a su oficina “a la mayor brevedad”, con el argumento de evitar que luego cayeran en contradicciones frente al juez.
Se trata de un hecho ilegal, incluso un delito, pues deja en evidencia una actitud parcial del gobierno mexiquense, de acuerdo con el despacho DGT Díez Gargari S. C. Para la firma que representan a los denunciantes del juicio de amparo, el gobierno de Edomex actuó en presunta colusión con OHL para presentar un informe a total conveniencia de esa empresa.
“Es increíble la corrupción que esto representa. Estos señores del Edomex le piden a la empresa privada con la que presuntamente se han cometido las irregularidades que se denuncian, que le elabore el informe, documento que evidentemente se escribe a conveniencia de OHL. Nada más claro que los interesas de OHL y de la autoridad están alineados”, dijo el abogado Paulo Díez.
Animal Político solicitó al gobierno del Estado de México una postura sobre el documento, pero hasta el momento no se ha recibido la información requerida.
De acuerdo con la demanda de amparo, el título de concesión de la autopista que ostenta OHL es ilegal, pues no existen candados para verificar de forma independiente la ganancia que la empresa española obtiene por su uso, lo que deriva en aumentos discrecionales a las tarifas y que la misma concesión se vaya ampliando por décadas.
El juicio y “el favor”
El 22 de mayo del 2014 un particular presentó una demanda de amparo en contra de la concesión del Circuito Exterior Mexiquense, la cual comprende no sólo la construcción de la autopista sino también su explotación, operación, conservación y mantenimiento.
La demanda quedó en el expediente 579/2014 abierto en el Juzgado 11 de Distrito del Estado de México. De acuerdo con la página de expedientes del Consejo de la Judicatura, el juicio continúa en curso luego de que un tribunal colegiado desestimara una queja que había interpuesto el gobierno mexiquense.
En dicha demanda quedaron señaladas como autoridades responsables la Secretaría de Comunicaciones del gobierno mexiquense y en concreto el SAASCAEM, pues fue quien otorgó el título de concesión, y como un tercer interesado a OHL, que fue la empresa beneficiaria con la concesión impugnada.
El 23 de mayo, el juez federal dio por admitida la demanda y ese mismo día –como se puede consultar en el acuerdo respectivo– pidió a las autoridades responsables el informe justificado sobre el Circuito Exterior Mexiquense.
El abogado Díez explicó que se trata de un reporte en el cual el gobierno mexiquense debía proporcionar todos los detalles de la concesión del circuito, así como los argumentos de su operación. Es decir, debía incluir aspectos como la justificación de su funcionamiento, del cobro de las distintas tarifas, la duración de la concesión, entre otros.
Sin embargo, el 28 de mayo, el director General del SAASCAEM, José Ramón Alcalá Angelino, le envió una carta al Director General de OHL México, Sergio Hidalgo Monroy –de la que Animal Político tiene copia–, en donde expresamente le pidió que la compañía se encargara del informe que debía entregar el gobierno mexiquense.
En el escrito de tres párrafos, Alcalá explica que el 27 de mayo tuvieron conocimiento del juicio de amparo presentado contra la concesión de la autopista y que las autoridades que figuran como responsables son el SAASCAEM y la Secretaria de Comunicaciones.
Sin embargo, el funcionario argumenta que de la “lectura” del amparo resulta que OHL figura como tercera interesada, lo que considera suficiente para encargarle al directivo de la firma española que ellos hagan el informe que deben presentar el gobierno al juez, con el argumento de “no contradecirse” después.
“… a fin de no emitir informes contradictorios, atentamente solicito el apoyo de esa empresa a su cargo, a efecto de que se elabore el Informe Justificado que deberá presentar este Organismo (el SAASCAEM) ante el Juzgado de conocimiento”, indica el escrito.
En el último párrafo del oficio, Alcalá apura al directivo de OHL en la elaboración del informe y se lo mande a sus oficinas, pues le recuerda que hay un plazo no mayor a 15 días hábiles para que la dependencia pueda mandarlo al juzgado.
El 18 de junio el Juzgado Onceavo de Distrito del Estado de México publicó que había recibido el informe justificado solicitado al estado de México.
“No puede ser que si lo que denunciamos en el amparo es un acto de corrupción se incurra en un nuevo acto de corrupción presentado un informe a modo de quien tiene la concesión del Circuito. Lo que está en ese escrito (el del SAASCAEM pidiendo a OHL el informe) es un delito. En su momento vamos a presentar las denuncias penales correspondientes”, agregó Díez.
Amparo colectivo en puerta
El despacho DGT Díez Gargari consideró urgente que el Estado de México encause sus acciones legales en beneficio del gobierno y de los ciudadanos y no de lo que, a su consideración , ha sido un proceso en favor de OHL.
“La autoridad debería estar defendiendo sus intereses, no los intereses de la empresa. Este mismo informe que ahora sabemos que hace en realidad OHL a nombre del Estado de México ha sido presentado en varios juicios ya, hasta con los mismos errores ortográficos”, dijo Paulo Dìez.
El abogado recordó que la concesión del Circuito Exterior Mexiquense debió ostentarla OHL sólo hasta que recuperara un 10 por ciento de ganancia por su construcción, sin embargo, con el aval del gobierno mexiquense, la misma ya se extendió hasta el año 2051 con la posibilidad de que siga ampliándose.
En ese contexto, adelantó que próximamente promoverán una acción colectiva que se anunciará públicamente, con la finalidad de presentar un amparo que sea firmado por los particulares que así lo deseen en contra de la concesión del circuito mexiquense.
“La intención es promover con todos los que se quieran adherir una acción colectiva en el estado de México y en enero del próximo año, cuando se aplique el nuevo aumento de tarifa en el circuito, podamos dar a conocer este modelo de demanda de amparo que podrá ser utilizado por los usuarios que no quieran pagar lo que ahí se les está cobrando”, indicó.
El despacho DGT Díez Gargari, que también representa a la empresa Infraiber, la cual sostiene un litigio en contra de OHL por sistemas de monitoreo de aforo vehicular que no fueron instalados, dio a conocer hace unos días que la concesión del Circuito Exterior Mexiquense ya ha sufrido seis modificaciones.
En la sexta modificación, de la que Animal Político también tiene copia, se autorizó el continuar cobrando una tarifa extra a los automovilistas aprobada originalmente para el referido sistema de monitoreo denominado SIVA aunque la instalación del mismo no se materializó. Este medio publicó que la utilización de ese dinero ha sido clasificada.
Los abogados que han emprendido la ofensiva legal en contra de OHL sostienen que dicha empresa pretende alargar indefinidamente la concesión del Circuito Mexiquense supuestamente favorecido por el gobierno mexiquense que, entre otras cosas, frenó el monitoreo independiente de la autopista.
OHL por su parte acusó que Infraiber intenta confundir a la ciudadanía tras verse afectada por la cancelación de su contrato, e incluso presentó demandas ante la PGR e instancias civiles en donde acusa a la compañía representada por DGT Díez Gargari de espionaje ilegal, daño moral, entre otros.
