Decomisan la radio comunitaria de Luvianos a 14 meses del asesinato del hijo del director
[contextly_sidebar id=”TkFtZTQQGKBgCUX2XofiiDrUOUcnkmtX”]En Luvianos ya no pueden sintonizar Calentana Mexiquense, su radio comunitaria. El jueves 15 de octubre, poco antes de las dos de la tarde, cuatro empleados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) –acompañados de elementos de la Marina Armada de México– decomisaron el equipo por emitir sin concesión legal.
Los agentes llegaron sin previo aviso mientras José De Paz Morales, un locutor invidente, transmitía su programa La voz de la Gente. José maneja solo la cabina, gracias a dos celulares que conecta a la consola y que maneja, uno por teclado y otro por voz. No le dio tiempo ni de avisar a los radioescuchas. Le pidieron los papeles que acreditaban el permiso de emisión y mientras De Paz se comunicaba con el director de la radio, Indalecio Benítez, procedieron a desmantelarla. Se llevaron el transmisor, la computadora portátil con la que trabajaban, el CPU, una consola y dos micrófonos.
“El equipo costaba unos 20 mil pesos pero no es eso, lo valioso es lo que me quitaron en materia de comunicación”, dijo Benítez delante de la sede del IFT en la Ciudad de México.
Calentana Mexiquense emitía desde el 20 de noviembre de 2013 con un transmisor de 20 watts por la 98.1 de Frecuencia Modulada, que apenas lleva la señal a unos 15 kilómetros a la redonda. Luvianos es uno de los municipios más violentos del sur del Estado de México. Frontera con Guerrero y Michoacán, es parte de la suprarregión de Tierra Caliente y desde hace más de dos años vive una espiral de violencia por la disputa entre los cárteles de La Familia y Guerreros Unidos, que pelean el control de su territorio, clave geográficamente y zona histórica de sembradíos de enervantes.
El propio director, Indalecio Benítez, ha sufrido en carne propia los estragos del crimen organizado. El 2 de agosto de 2014, uno de los grupos del crimen organizado que operan en la zona se plantaron frente a las instalaciones de la radio y cuando él iba llegando con toda su familia dispararon al vehículo. Una de las balas impactó en el corazón de su hijo Juan Diego, de tan solo 12 años.
Desde entonces, él y su familia viven exiliados pero la radio seguía operando bajo medidas cautelares y protección policial. E hicieron un esfuerzo por girar los contenidos a la construcción de paz en su municipio.
José De Paz, quien estaba en cabina de lunes a viernes de 12 a 14 horas, recuerda que uno de sus programas más exitosos fue cuando cubrió el extravío de un vecino del pueblo y lograron encontrarlo a través de enlaces telefónicos a la emisora. Ahora está indignado de que cerraran la radio en el momento que él, con una discapacidad, transmitía.
“Yo no entiendo por qué actuaron así, uno lo hace para contribuir a su pueblo”, lamenta. A su lado Benítez se queja: “para mi no existe ilegalidad, lo único que estamos haciendo es servir a la comunidad y contribuir a la paz en Luvianos a través de la comunicación”.
El viernes pasado, Benítez estableció un plantón en las escalinatas de la sede del IFT en protesta. “Si no me calló el crimen organizado, no me van a callar las autoridades, seguimos transmitiendo en internet y vamos a luchar por la permanencia, porque no nos discriminen por no tener capacidad económica”, espeta. El viernes lo echaron del edificio así que ayer lunes regresó y llenó de mantas la entrada del IFT que exigen la restitución de la radio.
Para el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, que le acompaña en el proceso, en el contexto de violencia en Luvianos, “las acciones del IFETEL se suman a este clima de hostigamiento y censura en contra del ejercicio de la libertad de expresión, agravado por la discriminación en contra de las radios comunitarias para su regularización y revisión”.
Calentana salió al aire cuando apenas se aprobaba la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. A mediados de 2014 se aprobó la ley secundaria y se publicaron los lineamientos que regulan las concesiones para radios comunitaria, indígenas y sociales. Después el IFT convocó a una consulta pública con estas radios y la sociedad civil para discutirlos. El propio Indalecio Benítez participó en ella. De hecho, en diciembre hizo una manifestación de interés ante el IFT de solicitar una concesión, ante lo que el Instituto elaboró un estudio técnico de viabilidad y constató que hay una frecuencia disponible en Luvianos. Ese anuncio le posibilitó a Calentana preparar los requisitos para tramitar legalmente la concesión el próximo 19 de noviembre, fecha en que se abre el primer plazo para las licitaciones de emisoras comunitarias, sociales e indígenas en el marco de la nueva ley.
Antes de que entrara en vigor la reforma en telecomunicaciones en México había 20 radios comunitarias con permiso de emisión. Ahora hay 24. Los últimos 4 permisos los dieron en mayo de este año pero bajo la ley antigua a radios que habían tramitado su solicitud entre dos y cuatro años antes.
Irina Vázquez, coordinadora en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), explica que estas emisoras “surgen por una necesidad de comunicación de una comunidad, en el caso de Luvianos ante la crisis de violencia e inseguridad. En casos así o otros habituales como los que denuncian un megaproyecto, no puedes esperar tres años a que te den el permiso entonces la mayoría transmiten sin él y son las menos las que optan por el camino largo”. Con la nueva ley el camino se acorta un poco, pero aún así hay que esperar alrededor de un año desde que se inicia la licitación.
“Calentana está en su derecho legítimo de transmitir, pero no en la legalidad. Si inicias un proceso para legalizarte pero caes en el uso indebido del espectro es como si le jugaras chueca al IFT. Durante muchos años reclamamos para que hubiera claridad, para que hubiera un reglamento al que acogerse, ahora lo hay pero son sus reglas del juego”, matiza Vázquez.
Desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones el Director General Vinculación Alberto Gutiérrez aseguró que se le daría un asesoramiento jurídico y técnico a Indalecio Benítez para revisar el expediente administrativo.
Benítez por su parte exige que esta reunión sea una mesa de trabajo con el Consejero presidente y que de ahí salga “una ruta clara para la regularización de Radio Calentana”. Asimismo pidió por escrito que se le devuelvan los equipos de sustraídos, que no le criminalicen a él ni a ningún miembro de la emisora y que no violenten su derecho a la protesta pacífica.
