[contextly_sidebar id=”tp7VI5uD2XAIdKWe9tHaqWVXMQqyLgmT”]El informe independiente sobre los avances de México en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) 2013-2015 concluyó que la corrupción, violencia y un débil Estado de Derecho “afectan no sólo la agenda de transparencia, sino sobre todo la calidad de vida de los ciudadanos mexicanos”.
La evaluación fue realizada por investigadores del Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática (CCS CIESAS) para dar seguimiento independiente al avance de los 26 compromisos adoptados por México en 2011, cuando se adhirió a la plataforma internacional.
La Alianza para el Gobierno Abierto es un mecanismo de compromiso internacional para que los gobiernos impulsen estrategias para mejorar cinco ejes: el acceso a la información, los servicios públicos, la transparencia presupuestal, los datos abiertos y la participación ciudadana.
Cada uno de los 66 países que conforman la Alianza reporta el avance de sus compromisos, mientras que el Mecanismo de Reporte Independiente (MRI) supervisa cada dos años no sólo el cumplimiento de los indicadores, sino el impacto que estos hayan logrado en cada país en el ejercicio de derechos entre su población.
Tras el posible conflicto de interés por parte del presidente Enrique Peña Nieto sobre la casa que compró a un empresario beneficiado con contratos de obra pública y la investigación realizada por la Secretaría de la Función Pública que libró de responsabilidad al Ejecutivo, el reporte recomienda una política gubernamental amplia y transversal de gobierno abierto para “enfrentar la corrupción en altos niveles de gobierno, tanto en el ámbito federal como en el estatal”.
Advierte que si se espera que la Alianza para el Gobierno Abierto contribuya a incrementar la credibilidad y a restaurar la confianza, se requieren reformas legales para “fortalecer la investigación independiente, para reducir los riesgos de discrecionalidad y los conflictos de interés”, porque el actual marco jurídico es “débil”.
En el análisis independiente se tomaron en cuenta, además de los indicadores, estudios internacionales y nacionales como el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado Transparencia Internacional, donde México ocupó el lugar 103 entre 175 países, que lo ubica entre los más corruptos, con 99% de impunidad en los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos.
Retoma también el Índice Global de Impunidad del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que ubica a México en el segundo lugar en el índice de impunidad entre los 59 países miembros de la ONU.
Además, luego de la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero, cometida por policías el 26 de septiembre de 2014 y el clima de violencia generado por el crimen organizado, se “continúan generando limitaciones para la protección y garantía de los derechos de la mayoría de las personas en México”.
En estas condiciones, “la participación ciudadana se puede inhibir, afectando el contacto de los ciudadanos con sus autoridades y generando prácticas de anomia social”, advierte el análisis elaborado por las investigadoras Paulina Gutiérrez y Almudena Ocejo.
Los compromisos sobre publicación de información, el desarrollo de herramientas tecnológicas para el mejoramiento de la gestión gubernamental y la apertura de datos, “pueden quedarse cortos en el avance hacia un gobierno más eficaz y confiable en el contexto y con los desafíos que enfrenta el país”, refiere el informe.
De ahí que, el reporte hace las siguientes recomendaciones al gobierno mexicano:
Previo a la inauguración de la Cumbre Global Alianza para el Gobierno Abierto este miércoles 28 de octubre, la secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, aseguró que avanzar en los indicadores de transparencia resulta insuficiente si no están reflejados en mejorar la vida de la población.
Advirtió que alcanzar estándares del Gobierno Abierto “es suficiente si no hay acceso a la justicia y si a veces el Estado está acotado por intereses privados”.
Por ello, dijo, la Alianza deberá ser un instrumento para “abolir” los privilegios y fomentar una cultura de igualdad, una lucha contra la impunidad y conseguir acceso a hola justicia.
En la ceremonia de inauguración, el copresidente de la Alianza para el Gobierno Abierto, Alejandro González Arreola, advirtió que en muchos países que participan en la plataforma, “la gente se siente enojo” por la desapariciones de sus hijos, por la corrupción, por ello, la Alianza debe traer “justicia, respeto a los derechos humanos, servicios, abrir la participación”.
Insistió que los ejes de la Alianza tienen el fin de “transformar la desesperanza colectiva en un cambio positivo”.
En su mensaje, el presidente Enrique Peña Nieto, aseguró que el gobierno mexicano es abierto y “fomenta día a día la transparencia” porque esta es “el mejor antídoto para desterrar las prácticas de corrupción”.