[contextly_sidebar id=”loaZhudYSHzeHdZcOgN2XFQHtK6Q42eH”]La “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, no sólo tiene inconsistencias y debilidades en torno a la forma en que supuestamente fueron secuestrados, asesinados y calcinados los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino también acerca de los ataques con arma de fuego que perpetraron fuerzas de seguridad en contra de la población civil que intentaba salir de la ciudad.

Según la versión de la PGR, los futbolistas del equipo Avispones y los tripulantes de dos taxis fueron acribillados por policías municipales que circulaban por la vía principal de Iguala a bordo de dos patrullas, quienes abrieron fuego contra sus vehículos al confundirlos con los normalistas a los que perseguían.

Según Aureliano García y Enrique Hernández –conductores de los dos taxis atacados frente al Palacio de Justicia municipal–, la agresión no fue realizada por los tripulantes de dos patrullas que circulaban por la vía principal de Iguala, como afirma la PGR, sino por tiradores parapetados previamente a ambos costados de la carretera, ocultos entre los arbustos, quienes actuaron de forma coordinada, disparando desde distintos puntos de la carretera.

El ataque del que fueron víctimas estos conductores fue denominado por la PGR como “Tercer evento” de la “verdad histórica” –dada a conocer por el exprocurador Jesús Murillo Karam–, el cual, según la versión de las autoridades, inició a las 23:20 horas (es decir, luego de que ya se habían consumado distintas agresiones contra alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa esa misma noche).

La persona que falleció iba a bordo del taxi que conducía el señor Enrique Hernández y, según su testimonio, el ataque no inició cuando pasó por la zona el autobús de los Avispones, sino varios minutos antes, cuando los agresores comenzaron a disparar contra todo vehículo particular que intentaba salir de Iguala.

“A nosotros nos dispararon antes que los Avispones llegaran ahí –afirma el taxista, quien recibió un disparo de arma larga en el hombro, mientras que su pasajera fue impactada en el rostro–. Pasaban de las 11 de la noche, y esa (el Palacio de Justicia de Iguala) es una zona muy oscura, no hay iluminación, y los atacantes se cobijaron en la oscuridad de la noche. Estaban emboscados en la carretera, esperando en los costados, para atacar desde ahí… mi carro tuvo tiros por todos los ángulos, entonces sí, yo creo que ya estaban ahí, esperando para atacar”.

¿El ataque no inició desde patrullas, directamente contra los Avispones, sino que era desde los arbustos, y generalizado contra los vehículos de la zona?

–Así es, tu servidor, junto con la señora que iba en el taxi, llegamos antes que los Avispones. Inclusive, luego de que nos dispararon, yo salí del auto, e intenté parar algún vehículo que viniera pasando, y fue cuando vi que se acercaba el autobús de los futbolistas. Yo les hice señas para que se detuvieran, les grité pidiendo auxilio, pero el autobús no se detuvo, casi me arrolló, y se siguió derecho… entonces yo corrí de vuelta al taxi y ayudé a salir a la señora, que estaba en el asiento trasero. Ella se desplomó en el pavimento, moviendo la cabeza, como diciéndome que no podía caminar, y entonces se escuchan los disparos, que eran ahora sí para parar el camión (de los Avispones), les dispararon una serie de ráfagas, y yo no tuve otra opción que correr, para poder salvar mi vida, y la señora quedó en el asfalto.

“Iba yo por la carretera –asegura– y no me dispararon desde la avenida (como señala la “verdad histórica”) sino que me dispararon desde unos bordos que están al lado de la carretera. Ahí me dispararon primero, pero yo seguí avanzando, quizás 20 o 30 metros más, y entonces, del borde de la carretera, me salieron otras personas, que estaban escondidas en la maleza, y me empezaron a disparar nuevamente, pero ahora de frente”.

Debido a la oscuridad y a los reflejos a contraluz que generaron los disparos de arma de fuego, Aureliano, al igual que Enrique, no pudo distinguir si sus atacantes eran integrantes de alguna corporación de seguridad pública, pero sí pudo distinguir claramente que estos estaban previamente dispuestos a los costados de la carretera, desde distintos puntos de ataque, y que éste fue perpetrado por varios grupos de tiradores, repartidos a lo largo del camino.

“Cuando comenzaron a dispararme de frente, yo ya no pude avanzar, porque el carro quedó prácticamente destrozado, lo único que pude hacer fue abrazar a la pasajera (que venía en el asiento del copiloto) para cubrirla de los disparos, y luego le abrí la puerta de su lado, para que se saliera… ella y su acompañante, que venía en el asiento de atrás, salieron corriendo, pero yo no pude seguirlos.”

Aureliano recibió dos disparos en las piernas: uno en la espinilla izquierda y otro en el tobillo derecho, que le fracturó tibia y peroné.

“Yo creo que fue el instinto de sobrevivencia, la desesperación, no sé, lo que me hizo salir del carro, brincando con un solo pie (sobre la pierna que recibió el disparo en la espinilla), intenté correr, pero sólo llegué al filo de la carretera, ahí caí y ya no pude avanzar más, y me escondí en un espino, y desde ahí estuve escuchando cómo le disparaban a más carros.”

–¿Eso ocurrió antes de que atacaran a los Avispones?

–Sí, la balacera no inició cuando pasaron los del equipo de futbol, sino tiempo antes. Yo estuve escondido en ese espino varios minutos, escuchando cómo le disparaban a los carros que pasaban y, de hecho, el último al que atacaron fue al autobús de los Avispones.

Así, según los testigos y sobrevivientes, este ataque no fue realizado desde la vialidad por dos patrullas que fortuitamente se cruzaron con un autobús a cuyos tripulantes confundieron con normalistas, sino que fue planificado previamente, dirigido de forma consciente contra población que nada tenía que ver con la presencia de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, y coordinado por varios grupos de tiradores.

Hay un punto más del testimonio de los sobrevivientes que contradice la “verdad histórica”.

Según la PGR, los policías que dispararon contra los Avispones cesaron su ataque “al percatarse de su error”, por lo que “la policía solicitó servicios de emergencia para atender a estas personas”.

Sin embargo, Aureliano niega esta versión tajantemente: “Luego de que dispararon varias veces contra el autobús, yo pude escuchar cómo les gritaban a los futbolistas que salieran del vehículo, les empezaron a gritar, insultándolos, y siguieron disparando, pero no pudieron sacar a nadie porque la puerta del autobús se quedó trabada… entonces, los atacantes simplemente se fueron, y ahí quedamos todas las personas que fuimos agredidas”.

¿Por qué cambiar los hechos?

El ataque perpetrado el 26 de septiembre frente al Palacio de Justicia de Iguala quedó inicialmente relegado en el análisis de los hechos, debido a que la atención se centró en lo que ocurrió al otro extremo de la ciudad, en Periférico Norte y avenida Juan N. Álvarez, donde según la PGR fueron secuestrados los 43 normalistas de Ayotzinapa, que permanecen desaparecidos desde esa noche.

Sin embargo, la necesidad de aclarar y comprender los hechos que se desarrollaron frente al Palacio de Justicia cobró nueva relevancia luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– descubriera evidencias de que en las agresiones en este lugar no sólo participaron policías municipales, sino también policías estatales y federales.

El Grupo de Expertos, además, comprobó que en ese mismo punto estuvo presente personal del Ejército cuando los ataques eran perpetrados, sin que esta dependencia hiciera nada por auxiliar a los civiles que eran atacados.

Esclarecer los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia permitiría determinar si en las agresiones ocurridas en Iguala tienen responsabilidad directa no sólo corporaciones de seguridad pública municipales, sino también instituciones estatales y federales, lo cual ha sido negado sistemáticamente por la PGR.

Tal como concluyó el Grupo de Expertos, frente al Palacio de Justicia de Iguala fueron realizadas distintas agresiones contra civiles, coordinadas por policías de los tres órdenes.

Primero, policías municipales, estatales y federales detuvieron ahí un autobús con entre 10 y 15 normalistas, los cuales fueron desaparecidos.

Luego, en una segunda acción, agentes de estas tres corporaciones detuvieron en ese mismo punto a un segundo autobús con normalistas, los cuales lograron huir, abandonando el vehículo.

La existencia de este autobús fue omitida por las autoridades en su “verdad histórica”, sin que hasta la fecha haya aclarado esta irregularidad en la investigación.

Según la hipótesis del Grupo de Expertos, los autores del ataque intentaban proteger un cargamento de droga oculto en ese autobús, mismo que los estudiantes de Ayotzinapa habían abordado, sin saber su carga oculta.

En la averiguación previa de la PGR existe una declaración firmada por el chofer de este autobús, en la cual reconoce plenamente a sus agresores como agentes federales, estatales y municipales.

Pocos minutos después de que en este punto se denunciara la acción coordinada de estos tres corporativos policiacos, según la versión de los sobrevivientes, fue cuando se dio la última agresión: la emboscada de hombres armados, divididos en distintos grupos y dispuestos a lo largo de la carretera, en la que fueron baleados los taxis de Aureliano y Enrique, así como el autobús de los Avispones.

Sobre todos estos hechos se tiene también comprobada la existencia de un video de seguridad captado por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, el cual permitiría comprobar los testimonios de los sobrevivientes (incluido el del chofer que confirmó la participación activa de policías estatales federales). Sin embargo, tal como denunció el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este video se encuentra hasta la fecha extraviado.

Epílogo: abandono de víctimas

Según la “verdad histórica”, Aureliano y Enrique fueron atacados por fuerzas de seguridad pública, y en un supuesto reconocimiento de responsabilidad, las autoridades estatales y federales les hicieron todo tipo de promesas de atención: una indemnización por los daños sufridos en su persona y en sus propiedades; una casa para cada uno; becas de por vida para todos sus hijos en edad escolar; apoyos productivos para que pudieran emprender un negocio; una concesión de taxi; e incluso a Aureliano le ofrecieron una pensión vitalicia de 15 mil pesos, debido a que sus lesiones le impiden retomar su actividad laboral.

Nada de ello, sin embargo, ha sido cumplido.

La pensión “vitalicia” para Aureliano sólo duró tres meses, y luego se la redujeron a 5 mil pesos.

–¿Con ese dinero, alcanza usted a cubrir sus necesidades, y las de su familia?

–Claro que no… yo sufrí fractura múltiple en ambos huesos de la pierna, tibia y peroné, tengo una placa que me sostiene los huesos, pero aún así, no puedo caminar bien, pasé diez meses sin poder andar, y ahora camino con bastón, pero con mucho dolor… esto te lo cuento porque para cobrar esos 5 mil pesos tengo que ir hasta Chilpancingo, y para ir a esa ciudad tengo que tomar un taxi particular, que me lleve y me traiga, porque no puedo permanecer con la pierna doblada. Ese taxi me cobra mil pesos, así que de lo que recibo, inmediatamente tengo que pagar una quinta parte; de lo que me sobra, pago mil 500 pesos de renta, conservo mil pesos para vivir con eso todo el mes, y el resto se lo entrego a la mamá de mis tres hijas. Y por supuesto ese dinero no les alcanza a ellas para cubrir sus necesidades de estudio, de alimentación, de salud…

Enrique, por su parte, tuvo la suerte de que su lesión sanó favorablemente. “Puedo llevar una vida casi normal, puedo trabajar”, dice, pero la indemnización por los daños que el ataque de las fuerzas de seguridad pública le causó quedó en promesa.

Sólo recibió un apoyo: una donación del gobierno estatal para que pudiera comprar un auto usado y acondicionarlo como taxi.

Esa es toda la reparación del daño que les han cumplido.

Además, Aureliano y Enrique no han sido informados sobre el proceso emprendido por las autoridades para sancionar a sus atacantes.