[contextly_sidebar id=”59MyMdplAJCnP2raNqBBtp3wpE1erIIe”]Desde hace casi siete años, Miriam está encarcelada por el homicidio de su recién nacido, cuyo cuerpo –según las autoridades– presentaba tres puñaladas. Sin embargo, ni siquiera la una necropsia al cuerpo del bebé ha concluido cuál fue la causa de la muerte , luego del parto fortuito que tuvo su madre tras sufrir una caída.

Este caso es “emblemático” porque se trata de un ejemplo del “abuso de la prisión preventiva” en el sistema judicial en México, dijo José Luis Gutiérrez, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A. C. (ASILEGAL), la organización encargada de la defensa.

Además, durante estos casi siete años han habido tácticas dilatorias que han violado el debido proceso, ya que la sentencia –según el Código Penal– debía dictarse en menos de dos años; sin embargo, el juez dictó la pena después de cuatro años de proceso, agregó el abogado Edgardo Calderón.

Miriam se encuentra en el Reclusorio de Las Cruces en Acapulco, Guerrero. ASILEGAL interpuso una apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, por lo que esperan que el juez reconsidere el caso.

El juez la había sentenciado a 20 años de prisión, pero el equipo de abogados  consiguió que, dadas las irregularidades, ordenara la reposición del proceso, es decir y, por lo tanto, se invalida la sentencia. Eso significa que Miriam podría enfrentar el proceso en libertad, sin embargo, se encuentra en prisión preventiva.

El 25 de noviembre de 2008, Miriam estaba desorientada por la sangre que había perdido por el parto espontáneo que había sufrido al tener 30 semanas de gestación; apenas podía mantenerse consciente. Su cuñada Karina fue quien la encontró y vio al recién nacido en el suelo, aparentemente sin vida.

En su declaración ante el Ministerio Público, Karina aseguró que Miriam “negó en todo momento que ella estuviera embarazada, pero el niño que previamente yo había envuelto ya no respiraba, por tal motivo estaba muerto e incluso le pude observar un golpe a la altura de la cabeza, sin poder observar otro tipo de lesiones”.

Alma, hermana de Miriam, dijo en su declaración que vio cuando su hermana era trasladada al hospital: “junto con mi mamá pudimos observar al bebé, ya que lo descubrimos completamente, observándole incluso sus genitales, ya que nos dimos cuenta que era un varón, el cuerpecito del bebé estaba limpio completamente, no presentaba ninguna herida, sólo tenía un pequeño golpe en su cabeza”.

La necropsia realizada al producto determinó que la causa de la muerte fue una hemorragia y el golpe en la cabeza. Además, la placenta se desprendió prácticamente completa, lo que confirma el parto fortuito, explicó Calderón.

En el caso tampoco se tomó en cuenta que el cuerpo del bebé había sido manipulado, pues la cuñada de Miriam lo envolvió en una toalla, mientras que dos familiares más llevaron el cadáver al hospital en una tina.

Sin pruebas, insiste, se está acusando de homicidio a Miriam, quien sólo es víctima de un parto fortuito cuando tenía entre 30 y 36 semanas de gestación. Nunca se dio cuenta de su embarazo porque tuvo periodos menstruales regulares y no tuvo crecimiento del vientre. Meses antes tuvo malestares en el estómago, pero le diagnosticaron gastritis.

No hubo testigos presenciales del accidente de Miriam ni un señalamiento directo en su contra; sin embargo, el juez del Juzgado Noveno de Primera Instancia condenó a Miriam por homicidio calificado “en agravio de recién nacido”; este último concepto ni siquiera está tipificado sino que significa una forma más de agravio contra la joven, dice el abogado.

A ello se suma la estrategia dilatoria que incluye la emisión de citatorios para testigos en domicilios inexistentes que lograron alargar el proceso durante tres años; además, dichas declaraciones eran irrelevantes para el caso pero aún así el juez los solicitaba.

De acuerdo con ASILEGAL, Miriam fue vulnerada en sus derechos reproductivos porque tras el parto fortuito, “fue discriminada” tanto en la institución de salud, violencia obstétrica, así como en la Institución impartidora de justicia.

“En el proceso, se valoran como prueba circunstanciada el cúmulo de testimonios y careos que versan no sobre la conducta del tipo penal, sino más bien, sobre el hecho de que Miriam sabía o no que estaba embarazada. Claramente Miriam es sometida a una serie de violaciones de sus Derechos Humanos derivado de haber sufrido un parto fortuito”, concluye el análisis del caso.

Además, Blanca, la madre de Miriam, asegura que el día del accidente, la familia de Lenin pagó 50 mil pesos para que lo deslindaran de cualquier responsabilidad y como ella no tuvo esa cantidad, acusaron solo a la joven.

Separada de su hijo

En noviembre de 2008, cuando Miriam tuvo el parto espontáneo vivía con Lenin, con quien tenía un hijo de 2 años. Desde que fue encarcelada no ha vuelto a ver a su hijo. Su expareja le ha impedido el contacto con ella y toda su familia. Incluso, Blanca, madre de Miriam, tuvo que interponer un juicio civil para convivir con su nieto.

La jueza le concedió a la abuela un permiso para ver al niño los sábados durante dos horas en un espacio gubernamental.  El niño, actualmente de nueve años, pregunta por su madre, pero no la recuerda y nadie le ha dicho en dónde se encuentra. “Sólo le digo que vive en otra colonia, pero que lo quiere y lo extraña”, dice Blanca.

Ella es la única que ha luchado por la libertad de Miriam y, con su pensión como maestra jubilada, ha solventado los gastos de reclusión. Cada semana gasta 900 pesos entre la despensa y el dinero en efectivo que le deja en cada visita. Y ha tenido que tocar muchas puertas para que los abogados tomen el caso y los jueces valoren correctamente el proceso.